Ciudad de México, 07/10/26 (Más).- La vulnerabilidad del sistema energético mexicano volvió a quedar expuesta después de que Estados Unidos notificara una reducción equivalente a cerca de una quinta parte del volumen de gas natural que normalmente ingresa por los gasoductos nacionales, situación que obligó al Gobierno mexicano a coordinar acciones entre sus principales instituciones energéticas para evitar afectaciones en el suministro.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García Jiménez, reveló que el aviso estadounidense ocurrió la semana pasada y representaba un riesgo importante para el sistema.
“Hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos. Era un golpe fuerte”, explicó el funcionario.
La contingencia fue atendida mediante la coordinación del Cenegas con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía.
García Jiménez aseguró que el episodio se resolvió sin problemas mayores, aunque reconoció una de las principales debilidades del sistema: México carece de una capacidad amplia de almacenamiento de gas natural.

El funcionario señaló que, ante una interrupción total de las importaciones, las estrategias actualmente disponibles permitirían mantener reservas durante un periodo muy limitado.
“No tenemos almacenamiento”, indicó, y agregó que mediante distintos mecanismos el país podría disponer de gas durante hasta tres días en caso de un corte en los flujos provenientes del exterior.
La dimensión del problema se explica porque México importa de Estados Unidos aproximadamente 75 por ciento del gas natural que consume, según lo expuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese combustible es fundamental para numerosas actividades industriales y para la generación de electricidad mediante centrales de ciclo combinado.
Sheinbaum señaló que uno de los objetivos de su política energética es reducir gradualmente esa exposición y avanzar hacia lo que su administración define como soberanía energética. La estrategia contempla diversificar las fuentes de generación eléctrica y aumentar la participación de tecnologías renovables.
La presidenta explicó que el Gobierno pretende aprovechar en mayor medida la energía solar, eólica y geotérmica, además de recuperar gas que actualmente se pierde durante diferentes procesos de producción. El propósito es contener el crecimiento en el consumo de este combustible conforme aumente la demanda nacional de electricidad.
El Gobierno federal también mantiene abierta la posibilidad de elevar la producción doméstica de gas mediante yacimientos no convencionales. Dentro de esa discusión se encuentra el uso de fracturación hidráulica o “fracking”, particularmente en zonas de Coahuila, aunque la administración ha señalado que cualquier eventual aplicación de esa tecnología deberá cumplir condiciones ambientales relacionadas principalmente con la disponibilidad y el manejo del agua.
La evaluación ocurre mientras el Gobierno analiza proyectos relacionados con la explotación de gas no convencional y mantiene la discusión sobre cómo incrementar la producción nacional sin agravar los problemas ambientales asociados con la fracturación hidráulica.
Al mismo tiempo, la administración federal presentó un programa de inversiones para el sector energético que contempla aproximadamente 1.17 billones de pesos entre 2025 y 2030. El plan incluye generación, transmisión y distribución eléctrica, además de infraestructura de gasoductos.
Del monto total, alrededor de 794 mil millones de pesos estarán destinados a proyectos de generación eléctrica. También se contemplan recursos para transmisión, distribución e infraestructura vinculada con el transporte de gas.
En materia de energías renovables, el programa considera decenas de nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos, además de ampliaciones de infraestructura pública. Entre las iniciativas se encuentra la continuación de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, la modernización de centrales hidroeléctricas y nuevos esquemas de generación solar distribuida.
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