Por Marco Campos Mena
El tema del Fobaproa ha vuelto a formar parte importante de la discusión política hoy en día derivado de una de las críticas más fuertes y contundentes que ha recibido el gobierno actual y que tiene especial relevancia por venir del ex presidente Ernesto Zedillo.
Al estilo de la 4T, cuando los argumentos para defenderse no existen y se saben con todo en contra, recurren a descalificar y al pasado, sin importar cuan remoto sea para amedrentar y desviar la atención demostrando expresa culpa.
En este caso, el Fobaproa, una de los temas preferidos por la izquierda mexicana sale a colación para atacar al expresidente al no tener los argumentos para debatir sobre la mal llamada reforma judicial.
Primero, analicemos con lujo de detalle qué es el Fobaproa y sus implicaciones:
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1990 como un mecanismo para enfrentar crisis bancarias. Su uso más significativo ocurrió en 1995 durante la crisis económica de 1994, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo convirtió deudas privadas de 12 bancos, por un monto de 552,300 millones de pesos, en deuda pública, con el objetivo de evitar el colapso financiero y proteger los ahorros de los ciudadanos.
Esta decisión fue apoyada tanto por el PAN como por el PRI, siendo el PRD el opositor.
¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tomado la decisión?
Si el Fobaproa no se hubiera aprobado en 1995, México habría tocado fondo. Imaginen, por un momento, a millones de personas perdiendo sus ahorros de la noche a la mañana. Familias sin dinero, empresas quebrando en cadena, y bancos cerrando sus puertas ante largas filas de desesperados. Sin el rescate, el sistema financiero habría implosionado y, con él, la vida económica del país.
La fuga de capitales habría sido brutal, el peso se habría desplomado aún más, y los precios de alimentos, gasolina y medicinas habrían subido hasta volverse impagables. En ese escenario, las calles habrían ardido con protestas, saqueos y una desconfianza absoluta hacia las instituciones. Habríamos vivido una crisis no sólo económica, sino política, comparable con el colapso argentino de 2001 o el corralito bancario.
El error no fue el rescate. El error fue rescatar a unos pocos con dinero público, sin exigirles responsabilidades, sin transparencia, sin proteger al ciudadano común, por así decirlo.
Hasta abril de 2025, se han pagado más de 2 billones de pesos en intereses, y aún se adeuda aproximadamente 1.16 billones de pesos, lo que equivale al 3.4% del PIB nacional.
En el primer trimestre de 2025, se destinaron 107 mil millones de pesos al pago de esta deuda, de los cuales 80 mil millones fueron a capital y 26 mil millones a intereses.
En otras palabras, no se destina una cifra tan significativa y por eso tampoco es la carga financiera que nos hacen creer que desestabiliza al país.
Ahora veamos ¿quién si está endeudando más al país y causando una carga financiera más pesada?
Al cierre de 2018, la deuda neta del Sector Público Federal de México ascendía a 10.83 billones de pesos, equivalente al 45.2% del PIB nacional. Esta cifra incluía las obligaciones del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo.
Para julio de 2024, la deuda bruta del Sector Público se incrementó a 17.14 billones de pesos, de los cuales 13.04 billones correspondían al mercado interno. Este aumento representa un crecimiento nominal de aproximadamente 6.3 billones de pesos en seis años, reflejando un incremento significativo en las obligaciones financieras del país.
La deuda que deja López Obrador y que, sinceramente no sabemos en qué se gastó ese dinero por que no hubo transparencia y las cuentas están ocultas “por seguridad nacional” para evitar que el pueblo se entere de sus movimientos, equivale a cuando menos 4 veces lo que se debe actualmente del Fobaproa.
Lo más probable es que esa deuda se comience a refinanciar una y otra vez por los altos gastos que tiene gobierno federal, ya que, reducir los programas sociales (clientelares para ganar elecciones) que sangran de manera exorbitante al erario no es opción, en otras palabras, tal vez ni siquiera nuestros tátaratátaratátara nietos vean el final del daño de este sexenio.
En contraste, durante su último año Peña Nieto contrato deuda para gasto corriente y siendo una fracción de la deuda de López Obrador, era sabido que tomaría cien años pagarla por el tipo de contratación.
Y la presidenta no se queda atrás…
En su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum proyecta un déficit fiscal de aproximadamente 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un endeudamiento neto estimado de 1.43 billones de pesos… En otras palabras, le herencia de López Obrador hará que en este primer año se incremente más la deuda por los elevados gastos de una administración mal llevada que lo que se debe del Fobaproa.
El conflicto se ha elevado mucho de tono y cabe mencionar que muchos funcionarios del actual gobierno se vieron beneficiados por el Fobaproa y otros miembros de la 4T fueron parte de su aprobación en su momento… Antes de criticar, hay que ver que tanto se está involucrado para no escupir para arriba.
El expresidente Zedillo ha retado a la presidenta a que contrate a un auditor de renombre y prestigio para que audite al Fobaproa, pero que el mismo haga lo mismo con las obras del expresidente López Obrador que se encuentran en medio de la tormenta por la opacidad y altos sobrecostos.
Ante estos argumentos la presidenta ha tratado de poner fin al tema, no sin antes morderse la lengua otra vez al decir que ellos no son autoritarios como lo fueron los anteriores, pero no se da cuenta de que al sacar este tema y ordenar su investigación está siendo autoritaria, o dicho de otra forma… “si te atreves a cuestionarnos, te vamos a investigar y vamos a proceder para encarcelarte”… y que muchos de los “anteriores” están en la misma 4T.
¿Hasta dónde llegará este tema?, ¿será realmente el final de la discusión entre la presidenta y el expresidente?
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.