En busca de la gobernabilidad perdida

Razones

Jorge Fernández Menéndez

Hubo un tiempo en que la Secretaría de Gobernación era el centro político, fuera de Los Pinos, de la gobernabilidad del país. Desde el viejo Palacio de Cobián se manejaba la política, la relación con los gobernadores y con muchos presidentes municipales, con el Congreso, casi siempre con el Poder Judicial e incluso, durante años, la seguridad.

Eso de alguna forma concluyó desde el fin del gobierno de Ernesto Zedillo, la última administración que mantuvo la interlocución política y a las áreas de seguridad dentro de Gobernación. Con Vicente Fox, la seguridad quedó fuera de Gobernación, con el consiguiente y eterno enfrentamiento entre Santiago Creel y Alejandro Gertz Manero. Con Felipe Calderón, Genaro García Luna tuvo, desde la seguridad y luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño, mayor peso que los siguientes secretarios de Seguridad Pública, incluso en la relación con los gobernadores; con Peña Nieto la seguridad regresó, a medias, a Gobernación, pero ya el peso militar en la misma era mucho mayor y la relación de la Defensa con Miguel Osorio era muy mala. 

Con López Obrador el peso de Gobernación sencillamente desapareció: como se cuenta en el libro Ni venganza ni perdón (Planeta, 2026), con Olga Sánchez Cordero en Bucareli, el exmandatario quiso, primero, llenar una cuota de género, luego hacerlo con una mujer que tenía pasado en la Suprema Corte, y tercero, no quería darle ninguna atribución especial a su cargo. Como decía López Obrador, daba encargos y no cargos, y la exministra tenía el cargo, pero no el encargo, que llevó en los tres primeros años de gobierno Julio Scherer desde la Consejería Jurídica, al grado de que el presidente le dijo a Olga que ella era, en realidad, “la secretaria de Ayotzinapa” y que su responsabilidad única era resolver ese caso, lo que por cierto nunca se logró. 

Cuando se va Scherer, ante el endurecimiento presidencial luego de las elecciones de 2021, llega Adán Augusto López, quien nunca llegó a controlar las áreas de seguridad, pero tampoco las de la negociación política, porque su objetivo estaba puesto en su agenda personal, comenzando por tratar de obtener la candidatura presidencial.

Hoy, la Secretaría de Gobernación no aparece como lo que se supone que tendría que representar: un garante de la gobernabilidad. Tengo, desde hace mucho tiempo, la mejor opinión de Rosa Icela Rodríguez, pero la titular de Gobernación, por la razón que sea, no funciona como el gozne de la operación política que debería tener el gobierno federal. 

No sé si no le han dado esas atribuciones, o si tiene el cargo, pero no el encargo, pero lo cierto es que simplemente todo parece suelto. Gobernación no tiene el control de la seguridad, que está en manos del gabinete sectorial y sobre todo de Omar García Harfuch. Pero tampoco parece tener control sobre gobernadores o sobre el poder judicial, e incluso sobre el partido. Los coordinadores parlamentarios se mueven por la libre, hasta con distancia respecto a la propia Presidenta. Eso era más que notable con Adán Augusto, que responde a Palenque. En diputados, con mucho mayor tacto, Ricardo Monreal también se maneja con amplio grado de autonomía. La relación de Morena con sus aliados, el Verde y el PT, es desastrosa y Gobernación no ha logrado poner orden ni con los suyos ni en los partidos coaligados: el fiasco de la reforma electoral y del Plan B es una demostración de ello. Incluso lo es que no se haya impedido que la Presidenta presentara unas iniciativas destinadas al fracaso. 

El Poder Judicial se ha convertido en un lastre que, vía el activismo de Hugo Aguilar, Lenia Batres y María Estela Ríos, aprueba resoluciones que terminan boicoteando los que deberían ser los objetivos del gobierno. No veo que los gobernadores estén alineados y ahí siguen mandatarios impresentables, que no suman nada y quitan mucho. Con Morena pasa lo mismo, la dirigencia del partido va a su aire y no se ve que Gobernación tenga influencia en su operación.

Con los sectores sociales esa influencia tampoco aparece: se suceden los bloqueos, las marchas, las protestas y no pareciera que alguien esté decidido a sentarse en el Palacio de Cobián a negociar sus reclamos o diferencias. Y la Presidenta tampoco parece tener en sus oficinas interlocutores válidos para poder realizar esa tarea, como hicieron en otros sexenios otros operadores.

Desde hace semanas circula la versión de que se puede regresar a un esquema del pasado y que en Bucareli se concentre nuevamente la seguridad y la gobernabilidad, y de que ocupe esa posición García Harfuch. Más allá de nombres, aunque en este caso es imposible hacer abstracción de ellos, ése es el mejor esquema institucional para el país: la seguridad, aunque se maneje con autarquía, debe ser una de las tareas de la gobernabilidad y en nuestro contexto con mucha mayor razón. 

Lo cierto es que, con ese esquema institucional, o con otro, no se puede gobernar sin una operación política mucho mayor. El esquema actual está mal diseñado: ni la presidenta Sheinbaum puede ya controlar la narrativa desde las mañaneras, que le restan más de lo que le suman, ni se puede operar la política desde Palacio Nacional, menos cuando se hace con intermediarios que responden a Palenque. 

La Presidencia necesita operadores sólidos y confiables que tengan control real de la gobernabilidad del país y eso sólo se puede lograr con una Secretaría de Gobernación fuerte y operativa. Hoy está a años luz de serlo.