En Alemania los premian, aquí los castigan con 2 mdp

Vecinos de Saltillo podrían ser sancionados tras promover un amparo para proteger un jardín de lluvia afectado por obra. Construcción de cárcamo habría alterado el sistema de captación pluvial

Por Leslie Zamora

Saltillo, Coahuila, 17/04/2026 (Más).- Mientras que en otros países se impulsan proyectos de infraestructura verde como los jardines de lluvia, en Saltillo vecinos que buscaron proteger uno de estos espacios enfrentan un proceso legal que podría derivar en una sanción económica de hasta 2 millones de pesos, tras promover un amparo.

Vecinos de Brisas Poniente se manifestaron este viernes afuera del Poder Judicial de la Federación para denunciar que la resolución judicial favorece a una empresa constructora en lugar de garantizar la conservación del proyecto ambiental.

La protesta se originó por la construcción de un cárcamo en el cruce de Calle 2 e Isidro López Zertuche, obra que –señalan– fue realizada por la empresa Inverdomus y que afectó el funcionamiento de un jardín de lluvia diseñado para la captación pluvial en la zona.

De acuerdo con los habitantes, la intervención modificó el flujo natural del agua, lo que ha provocado encharcamientos prolongados, afectaciones al drenaje pluvial y dificultades de acceso a viviendas, especialmente durante temporadas de lluvia.

El jardín de lluvia fue inaugurado en junio de 2023 como parte de una iniciativa global de infraestructura verde, en la que Saltillo fue seleccionado para implementar soluciones de captación pluvial y mitigación de inundaciones.

“Es importante que el Ayuntamiento se comprometa con un proyecto que ganó la ciudad. Es terrible que lo dejen morir. Sería un pecado, no hemos alzado la voz hasta Alemania, que fue el país que se involucró con el financiamiento, y tenemos que estar cuidando”, expresó Armando López Romero, presidente de la Asociación de Defensa del Nogal y representante vecinal.

Añadió que los habitantes del sector eran beneficiarios directos del sistema de captación de agua, por lo que decidieron organizarse y alzar la voz ante las afectaciones generadas por la obra.

López Romero explicó que el amparo fue interpuesto hace más de un año y medio para frenar los trabajos de la constructora que –aseguró, – destruyeron este espacio ambiental del cual dependían más de 500 familias.

Sin embargo, el recurso fue cerrado sin que el juez resolviera de fondo si existieron irregularidades, lo que permitió a la empresa iniciar un proceso por presuntas afectaciones económicas derivadas del juicio promovido por los vecinos.

La abogada Claudia Cristóbal, representante legal de los colonos, precisó que el caso se lleva en el Juzgado Quinto de Distrito en materia federal, donde como parte del procedimiento se fijó una garantía por 2 millones de pesos a solicitud de la constructora.

Aclaró que esta cantidad no corresponde a una multa inmediata, sino a una medida legal que solo se haría efectiva si el juzgado determina que existieron pérdidas reales para la empresa, dentro de un juicio de reparación de daño que se encuentra en curso.

Indicó que, al momento de notificarse el amparo, la empresa debía suspender las obras; sin embargo, los vecinos aseguran que los trabajos nunca se detuvieron.

Agregó que el amparo fue promovido contra diversas autoridades municipales y organismos relacionados con el manejo del agua, con el fin de esclarecer a la instancia que autorizó la intervención en un área pública considerada zona natural de desagüe; no obstante, las instancias señaladas negaron su participación.

Pese a ello, los vecinos sostienen que la obra continuó y derivó en afectaciones ambientales y urbanas en una de las zonas con mayor presión hídrica de la ciudad.

Por su parte, representantes de la Asociación de Brisas Poniente informaron que recientemente se alcanzó un acuerdo con la empresa para retirar la demanda de reparación del daño y priorizar la rehabilitación del jardín de lluvia, el cual se espera formalizar en los próximos días.

No obstante, advirtieron que mantendrán la vigilancia del proceso legal y exigirán la intervención de las autoridades para garantizar la recuperación del espacio y evitar nuevas afectaciones en áreas verdes del sector.