PUBLICADO POR FORBES. –
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que de 2006 a 2018 organismos del Gobierno federal panistas y priistas y hasta partidos políticos suscribieron 29 contratos con empresas involucradas en la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por más de 700 millones de dólares.
Desde el llamado “búnker de García Luna”, el cual tuvo un costo 3 mil 146 millones de pesos, el titular de la UIF, Pablo Gómez, comentó que ninguno de los contratos que se firmaron fueron sometidos a licitación pública.
Al hablar del PAN, una empresa ligada al exsecretario tuvo un contrato de alrededor de 1.1. millones de pesos con el partido encabezado por Marko Cortés.
“Aquí tenemos una operación, el 24 de abril de 2015. Una transferencia bancaria del PAN hacia Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, que es propiedad de García Luna, por un 1 millón 160 pesos. El conecte comercial que había no era ajeno a la relación con ese partido”, dijo Pablo Gómez.
Al aludir a las declaraciones del PAN, quienes se deslindaron políticamente de Genaro García Luna al asegurar que nunca militó en dicho partido, el titular de la UIF señaló que no solo eran vínculos políticos, sino había lazos comerciales.
“No solo hay responsabilidad política evidente, sino hay vínculos que ya no son de tipo que tiene que ver con ideas, sino es mucho más cercano. (Esto) al grado de hacer, de tener, un vínculo comercial”, señaló Pablo Gómez al referirse al PAN y a García Luna.

Sin embargo, al ser cuestionado si se presentará denuncia contra el PAN, el funcionario aclaró que no se está diciendo que hay un delito, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien se encargará de hacer la investigación.
“No estoy diciendo que haya un delito, sino que existe una relación económica entre el PAN y la empresa madre de la trama corrupta, que es lo fundamental. Hubo relación financiera. ¿Qué significado tiene? El fiscal que tiene toda la información es quien tiene que hacer la investigación”, explicó.
PARTICIPABA EN LOS NEGOCIOS
Además acusó a la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, no era solo familiar del expolicía, sino participaba en los negocios que tenía.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, acusó este jueves a la mujer de ser partícipe del entramado de corrupción que obtuvo más de 700 millones de dólares de procedencia ilícita que terminaron en la ciudad estadounidense de Miami.
“Ella está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos, al igual que varios de sus familiares, que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública», dijo Gómez en conferencia.
La denuncia se revela después de que un jurado en Nueva York declarara culpable el 21 de febrero a García Luna -quien lideró «la guerra contra el narco» en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)- de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense.
En el caso, Pereyra subió al estrado como la única testigo de descargo en contra del exfuncionario mexicano.

DEMANDA CIVIL EN MIAMI
Pero, en paralelo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda civil en 2020 en Florida para reclamar el dinero público que, según él, García Luna y su familia se llevaron a Miami.
“Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están intervenidos por la Corte; de la lista larga de los inmuebles que están asegurados por la Corte de Miami, donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes, cuatro de ellos están directamente a nombre de ella”, detalló Gómez.
El titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, denunció también que un entramado de empresas relacionadas con García Luna recibió 10 contratos por más de 316 millones de dólares con entidades del Gobierno entre 2006 y 2012.
“Esas operaciones que están ahí señaladas con dinero, ese dinero salió de México rumbo a Barbados y de Barbados a Florida. Todo ese torrente”, sostuvo al exhibir una gráfica de la presunta red.
Aunque argumentó que la FGR es una entidad autónoma y le corresponde a ella indagar, Gómez afirmó que «están abiertas las carpetas de investigación” y que la UIF ha pedido emitir órdenes de aprehensión al presentar entre 10 y 15 denuncias.
Con información de EFE
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