Ciudad de México, 18/09/26 (Más).- El Gobierno de la Ciudad de México concretó la expropiación del inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, y entregó su control al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), bajo la causa de utilidad pública y con el propósito declarado de desarrollar vivienda de interés social y popular para las familias que habitaban el edificio antes de ser desalojadas en agosto de 2025.
De acuerdo con información de Animal Político, el decreto fue publicado el 17 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, después de un procedimiento en el que ninguna persona física o moral acreditó ante la autoridad la propiedad del predio.
La medida permitirá que el INVI rehabilite el edificio e incorpore a las familias desalojadas al programa Vivienda en Conjunto para que puedan regresar al inmueble.
El predio tiene una superficie de 635.72 metros cuadrados y, tras la entrada en vigor del decreto, el INVI quedó autorizado para asumir inmediatamente su posesión física y administrativa.
El procedimiento quedó registrado bajo el expediente XP/13/2026 y tuvo entre sus antecedentes la aprobación del Comité del Patrimonio Inmobiliario, el 29 de junio, así como la declaratoria de utilidad pública emitida el 10 de julio y posteriormente confirmada en septiembre.
Aunque durante el trámite no se acreditó ante la autoridad la titularidad del inmueble, el decreto contempla que el Gobierno capitalino deberá pagar la indemnización correspondiente a quien posteriormente demuestre tener derechos de propiedad, con base en el avalúo y los procedimientos legales aplicables. La expropiación, por tanto, no elimina la posibilidad de que una persona reclame jurídicamente una compensación por el predio.
La medida tiene como beneficiarias principales a 17 familias que fueron desalojadas el 27 de agosto de 2025 y que, durante más de un año, mantuvieron un campamento frente al edificio para exigir su recuperación.
Algunas de las personas que vivían en el inmueble habían permanecido allí durante décadas y varias son adultas mayores. Los afectados realizaron protestas, bloqueos y reuniones con autoridades para impulsar la expropiación.
Tras publicarse el decreto, autoridades capitalinas acudieron durante la madrugada al inmueble para formalizar la toma de posesión. Participaron funcionarios del INVI y otras dependencias del Gobierno local, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindaron apoyo en el lugar. Posteriormente se levantaron actas con cada una de las familias que habían sido desalojadas y se documentó su arraigo en el edificio.
El acuerdo con los antiguos habitantes establece que podrán ser incorporados al Programa de Vivienda en Conjunto y acceder a los departamentos mediante los esquemas de crédito social correspondientes. El proyecto no prevé simplemente entregar el inmueble en las condiciones actuales, sino realizar previamente trabajos de revisión y rehabilitación antes del retorno de las familias.
El Gobierno de la Ciudad de México justificó jurídicamente la intervención como una acción destinada a garantizar vivienda digna, seguridad jurídica y permanencia de los habitantes en la zona donde desarrollaron durante años su vida comunitaria.
El propio decreto señala que los ocupantes habían solicitado, por conducto del INVI, la expropiación para sustituir las condiciones existentes por viviendas consideradas dignas, decorosas y seguras.
La historia del inmueble cambió a partir del desalojo de agosto de 2025. Los vecinos denunciaron entonces que fueron expulsados sin que se les mostrara una orden judicial y que no tuvieron oportunidad de retirar todas sus pertenencias. Edmundo Arenas, representante de los afectados, aseguró a Animal Político que la diligencia comenzó alrededor de las 6:39 de la mañana y sostuvo que se realizó sin orden judicial exhibida a los habitantes.
El Gobierno capitalino sostuvo en aquel momento una versión distinta sobre su responsabilidad en los hechos. La Secretaría de Gobierno señaló que el lanzamiento derivó de un juicio entre particulares y afirmó que un Juzgado Civil había instruido la diligencia; de acuerdo con esa explicación, los policías enviados al lugar tenían como función resguardar al actuario encargado de ejecutar el mandato judicial.
Los habitantes, sin embargo, mantuvieron sus señalamientos sobre presuntas irregularidades y exigieron que las autoridades recuperaran el inmueble. En septiembre de 2025, la Secretaría de Vivienda comenzó a solicitarles documentación que acreditara su permanencia, como recibos de renta, agua, predial y otros comprobantes, para evaluar jurídicamente una eventual expropiación.
La demanda continuó durante prácticamente un año. El 27 de agosto de 2026, al cumplirse doce meses del desalojo, los afectados volvieron a protestar y bloquearon Eje Central Lázaro Cárdenas para exigir que se acelerara el procedimiento. Para entonces, el Gobierno de la Ciudad ya había iniciado formalmente la ruta administrativa destinada a declarar la utilidad pública del inmueble.
Con el decreto del 17 de septiembre, el Gobierno capitalino pasó de acompañar jurídicamente a los antiguos inquilinos a ejercer directamente la facultad de expropiación sobre el predio. La causa consignada oficialmente es el desarrollo de vivienda de interés social y popular, mientras el INVI quedó encargado de administrar el inmueble, rehabilitarlo y definir el esquema mediante el cual las familias podrán regresar.
El caso de República de Cuba 11 adquiere relevancia adicional porque ocurre en medio del debate capitalino sobre vivienda, aumento de rentas, desplazamiento de habitantes y gentrificación.
En este caso concreto, sin embargo, la documentación disponible establece como fundamento formal la utilidad pública y la creación de vivienda social, mientras cualquier eventual reclamación sobre la propiedad deberá resolverse mediante los mecanismos de indemnización y defensa previstos en la legislación aplicable.
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