Elecciones tras las rejas

Por Miguel Villarello

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Saltillo, Coah. – Esta semana se ejecutaron las órdenes de aprehensión y vinculación a proceso penal por la imputación de desvío de recursos y diversos actos de corrupción contra dos exalcaldes, Gerardo García Castillo, de Monclova, y Ramiro Pérez Arciniega, de Parras.

Luego de más de un año de haber sido denunciados por la Auditoría Superior del Estado y varios ciudadanos, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo las aprehensiones, justo una que iniciaron las precampañas electorales en Coahuila.

Ambos personajes habían manifestado semanas antes que buscarían ser candidatos a una diputación de mayoría o plurinominal por su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el caso del exedil de Parras, quien buscaba un amparo y que finalmente no le fue concedido por la justicia federal, muy cercano a Armando Guadiana Tijerina desde que se convocó al proceso interno para elegir al defensor de la 4T en la entidad, mientras que el exedil de Monclova se mostró muy cercano a Ricardo Mejía Berdeja, quien buscó la coordinación de la Defensa de la 4T en Coahuila y perdió ante Guadiana Tijerina.

Otro aspecto que llama la atención, y que fue denunciado por morenistas, diputados y algunos ciudadanos, es que la “actualización” de las investigaciones se realice sólo a personajes de partidos de oposición al actual régimen.

Como son los casos de Jorge Zermeño Infante, expresidente de Torreón, y Alfredo Paredes, exedil de Monclova; ambos militantes del Partido Acción Nacional, pero por el contrario, a ningún exalcalde o exfuncionario priista se les ha reactivado alguna investigación.

Un ejemplo de ello, son las investigaciones en contra de los exalcaldes de Viesca, Nadia Jaramillo Rodríguez y Óscar Jaramillo Muruaga, contra quienes se libraron órdenes de aprehensión y no se han cumplimentado, según datos de una diputada local.

DETENCIONES

Aunque no existe relación política entre ambos personajes, de acuerdo con información de la Fiscalía Anticorrupción vertida hace unas semanas se trata de diferentes carpetas de investigación, pero el único vínculo pudiera ser el que refiere al mal uso de sus atribuciones cuando fueron funcionarios públicos, así como el supuesto desvío de recursos públicos.

Pérez Arciniega, en entrevista reciente, había dicho que había solicitado un amparo a la justicia federal, el cual estaba por resolverse; sin embargo, se puede deducir que dicho amparo no le fue concedido, de ahí el que haya procedido la orden de un juez penal para ser aprehendido y responder ante la justicia.

De acuerdo con información de la Fiscalía Anticorrupción, a Ramiro Pérez, quien fue alcalde en el período 2019-2021, se le siguen investigaciones en más de 5 expedientes por posibles delitos relacionados con el uso indebido de atribuciones públicas, desvío de recursos e incumplimiento de la normatividad administrativa documental en la aplicación de los recursos públicos.

Fue detenido la noche de un viernes en Parras y el martes por la mañana en su audiencia inicial ante el juez se logró su vinculación a proceso debido a que el Ministerio Público acreditó suficiencia de pruebas para la comisión de los delitos que se le imputan.

En resumen, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante dos meses para la continuación de la investigación complementaria y hasta marzo próximo continuar con la audiencia intermedia.

Por su parte, Gerardo Garza Castillo, quien fue alcalde de Monclova en el periodo 2014-2017 por el PAN y actualmente afiliado a Morena, cuenta con una carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción y varias denuncias por parte de la Auditoría Superior del Estado por el presunto delito del ejercicio ilegal de atribuciones y facultades en su modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos en agravio del ayuntamiento.

El también empresario gasero de la región Centro cuenta con una carpeta de investigación relacionada con su actividad empresarial, la cual data de julio del 2022 cuando se le involucró por presuntos delitos de corrupción en modalidad de huachicol de gas, conocido como “gaschicol”, asunto en el que estarían coludidas Gasera Suministros & Gases Monclova SA y Súper Gas San Carlos del Norte.

Garza Castillo fue detenido en Monclova el viernes 13 de enero por elementos de la Fiscalía General del Estado y el jueves 19 enfrentó el proceso de imputación ante un juez penal, el monto de recursos por el que se le investiga alcanzaría los 2 mil millones de pesos, según trascendió de fuentes allegadas a la Fiscalía.

El expresidente municipal fue también vinculado a proceso y el juez otorgó 4 meses al Ministerio Público para la investigación complementaria, tiempo en que el imputado deberá permanecer en el penal varonil de Saltillo para, hasta mayo, encarar a la justicia en audiencia intermedia.

CASUALIDAD, NO POLÍTICA

Derivado de una investigación que se lleva a cabo por delitos de hechos de corrupción la Fiscalía Anticorrupción no descartó que otros exalcaldes, uno de Monclova y uno de Torreón, pudieran ser requeridos por la justicia anticorrupción en poco tiempo.

Jesús Flores Mier esta semana inclusive aseguró que las detenciones de los dos exalcaldes de Parras y Monclova fueron meramente circunstanciales y no obedecían a la situación política actual derivada del proceso electoral en el estado.

“No hay nada de fondo político”, aseguró.

Expresó que, una vez que se logró vincular a proceso penal a ambos exfuncionarios “la Fiscalía Anticorrupción va a continuar con otras carpetas de investigación que tenemos con otros municipios de los que la Auditoría Superior del Estado nos ha presentado denuncias de otras administraciones”.

¿Son de presidentes municipales de todos los partidos o se excluye al PRI?, se le cuestionó y respondió que “son de todos los partidos, del gobierno estatal, del Poder Judicial, trabajamos parejo”.

¿Fue coincidencia o causalidad que las órdenes de aprehensión contra estos exalcaldes se hayan girado y cumplimentado cuando iniciaron las precampañas políticas?, se le insistió y fue preciso: “fue coincidencia”.

Finalmente declaró que la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción estatal tiene alrededor de 100 carpetas de investigación sobre posibles hechos de corrupción de administraciones municipales entre el 2014 y el 2021 que involucran a exalcaldes y exfuncionarios municipales de las cinco regiones de la entidad.

POSIBLES DESVÍOS

Al emprender un análisis a las cuentas con que cerraron estas dos administraciones, Monclova y Parras, por ejemplo, es posible encontrar algunas fallas en el destino de los recursos públicos de acuerdo con datos de los informes de la Auditoría Superior del Estado correspondientes al 2017 y 2021 respectivamente.

Para el caso de Monclova y en cuanto a auditorías de cumplimiento la ASE https://www.asecoahuila.gob.mx/informe-de-resultados/informe-anual-de-resultados-2017/ detectó observaciones por de las cuales, muchas no fueron solventadas en tiempo por la administración de Gerardo Garza Castillo, por lo que procedieron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

En cuanto a las auditorías de cumplimiento, en 2017 le aprobaron un presupuesto de 568.5 millones de pesos y devengó 572.6 millones, lo cual implicó un alza de más de 4 millones de pesos, del monto aprobado en servicios personales, por ejemplo, aplicó casi el 50 por ciento de su presupuesto, es decir, 210 millones de pesos.

Otro hallazgo fueron las observaciones no solventadas por la entidad durante el plazo legalmente establecido para tal efecto por un valor de 110 millones 926 mil 477 pesos a través de 11 auditorías que implicaron más de 115 observaciones que tenían que ver con los egresos e ingresos.

Por lo que se refiere a auditorías de obra el documento, indica que fueron unas tres auditorías y más de 20 observaciones por más de 16.1 millones de pesos y que tenían que ver con la falta comprobación del egreso o la documentación en el ejercicio financiero, deficiencias en el control interno, falta o insuficiencia en la integración de los expedientes de obra o acciones, el debido cumplimiento del proceso de adjudicación de las obras, así como deficiencias físicas y técnicas de las obras.

En cuanto a las auditorías financieras la ASE en 2017 informó en un inciso que denominó “Párrafo de énfasis” que la integración pormenorizada de cuentas contables el municipio “no cuenta con la integración pormenorizada de los saldos de las siguientes cuentas contables: la antigüedad del saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 por un importe de más de 4.3 millones de pesos”.

Además, tampoco contaban con la integración pormenorizada de los saldos las construcciones en proceso al 31 de diciembre de 2017 por un importe de 747.2 millones de pesos; integración pormenorizada de la antigüedad del saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 por un importe de 15.6 millones, entre otras.

En cuanto a las auditorías de cumplimiento https://www.asecoahuila.gob.mx/informe-de-resultados/informe-anual-de-resultados-2021/ y por citar algunas, Parras en 2021 y como resultado de la auditoría número ASE-04105-2021 se desprendieron 12 observaciones e irregularidades por un valor total de 1 millón 678 mil 840 pesos; otras observaciones no solventadas por la entidad por un valor de 4 millones 12 mil 755 pesos y que tenían que ver con egresos e ingresos.

Por lo que se refiere a obra, por ejemplo, el resultado de la auditoría número ASE-03653-2022 se desprendieron 33 observaciones que contenían irregularidades por un valor total de 5.6 millones de pesos; otra más fue la auditoría número ASE-06659-2022 con 23 observaciones advirtiendo irregularidades por un valor total de 4.5 millones.

Como resultado de la auditoría número ASE-06678-2022 se desprendieron 8 observaciones e irregularidades por un valor total de 2.2 millones de pesos; la auditoría número ASE-06692-2022 mediante 4 observaciones advirtió irregularidades por un total de 24.9 millones de pesos.

Relativo a las auditorías financieras la ASE detectó algunas omisiones a través de varios hallazgos, entre los que destacaron que las cifras reveladas en los formatos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no son congruentes entre sí y no guardan coherencia con el resto de la información contenida en la Cuenta Pública del ejercicio 2021 del ayuntamiento.

Otro hallazgo más fue que la entidad reveló un balance presupuestario negativo por 29.7 millones de pesos; que el importe de los ingresos estimados previstos para el ejercicio 2021 ascendió a 193.5 millones, mientras que los efectivamente devengados fueron 162.9 millones de pesos por lo que advirtió una disminución de ingresos de 30.6 millones de pesos.

Sin embargo, la entidad no realizó los ajustes correspondientes a los rubros del gasto pues al 31 de diciembre de 2021 generó un balance presupuestario negativo; a ello se sumó que los gastos de comunicación social y publicidad, así como el gasto corriente no sufrieron disminuciones con relación a lo aprobado originalmente.

Derivado del análisis a los registros contables en el rubro de Deuda Pública a Largo Plazo de Parras con un saldo al 31 de diciembre de 2021 de más de 3.9 millones de pesos, la ASE advirtió entonces “una diferencia por poco más de 610 mil pesos con respecto a los 3.3 millones de pesos establecidos como el saldo a dicha fecha en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios”.

USO POLÍTICO

Llama la atención que haya sido justo cuando inició el proceso electoral que el Poder Ejecutivo echó a andar su maquinaria para cumplimentar las órdenes de aprehensión de los exalcaldes morenistas de Monclova y Parras denunció a través de redes sociales la diputada Teresa Meraz García.

Luego de considerar como “grave el que el gobierno actual estuviera utilizando las instituciones como arma política”, interpuso en el Congreso su punto de vista exhortando al Ejecutivo del Estado a que “no utilice los procedimientos pendientes por actos delictivos contra exfuncionarios públicos con fines políticos”.

Y emitió una denuncia, afirmó que varias veces ha solicitado al Congreso proceder al encarcelamiento de una exalcaldesa y exalcalde de Viesca, connotados priistas, por irregularidades administrativas detectadas durante sus gestiones.

“Sin embargo, no fueron liberadas las órdenes de aprehensión para ambas personas porque seguramente pertenecen al partido en el gobierno”.

Respecto de los expresidentes municipales de dicho municipio lagunero, de acuerdo con datos que aportó la diputada, a Nadia Jaramillo Rodríguez la ASE le fincó responsabilidad en irregularidades administrativas por 15.2 millones de pesos en 2019; mientras que a Óscar Jaramillo Muruaga la misma dependencia lo denunció por presuntos desvíos por el orden de los 6.6 millones de pesos en 2018.

Aparte de prever tintes políticos otros dos diputados solicitaron que los procesos judiciales contra los exalcaldes de Parras y Monclova fueran apegados a derecho.

“Siempre lo he dicho, quien deba algo pues que lo pague”, afirmó de entrada Rodolfo Walss Aurioles; “más allá de eso sí llama la atención que lo hagan en plena campaña electoral, casualmente, por cosas que sucedieron, por ejemplo, en el caso de Gerardo García cuando fue alcalde, han pasado varios años y hasta ahorita están aplicando la orden de aprehensión”.

“Suena sumamente extraño y más los dos siendo personas de oposición y que nadie esté investigado por los fraudes que se cometen en este gobierno, además de que sí parece ser que tuviera un tinte político, es decir, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila en los años que lleva no ha hecho absolutamente nada y ahora casualmente resultaron ser muy eficientes en este tipo de acciones”.

Lizbeth Ogazón Nava, ex coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena y quien buscará colocarse como precandidata a la diputación por el Distrito 12 local por Morena y reelegirse, platicó que “como siempre en este tipo de casos que he visto a lo largo de esta legislatura que las investigaciones se ciñan al procedimiento legal, al debido proceso del imputado recordando que tiene derecho a la presunción de inocencia y, en caso de encontrar elementos suficientes para su imputación que siga adelante el proceso”.

EN LA FILA

Otros dos exalcaldes que también son investigados por la Fiscalía Anticorrupción son Alfredo Paredes de Monclova y Jorge Zermeño Infante de Torreón, ambos panistas.

Alfredo Paredes, quien aparte libra un juicio electoral porque el PAN no le reconoce su antigüedad como militante, requisito indispensable para participar en la candidatura plurinominal a una de las 9 diputaciones en disputa, trascendió entre fuentes allegadas a la Fiscalía Anticorrupción que podría ser llamado a cuentas.

Al respecto en el informe de la ASE correspondiente al 2021 declaró el hallazgo de observaciones en el manejo de los dineros públicos municipales, ejemplo de ello es el resultado de la auditoría número ASE-04191-2021 de la que se desprenden 26 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de más de 23 millones 479 mil 892 pesos.

Como resultado de la auditoría número ASE-13030-2021 se desprendieron 7 observaciones en las que se advirtieron irregularidades por más de 1 millón 870 mil pesos; ambas tienen que ver con egresos e ingresos.

Por lo que se refiere a obra, por ejemplo, como resultado de la auditoría número ASE-03633-2022 se desprenden 17 observaciones que advierten irregularidades por un valor total de 127 mil 680 pesos.

No obstante, el ayuntamiento en total sumó 10 auditorías y unas 50 observaciones por un monto de 3 millones 342 mil pesos en el 2021, las cuales advertían de falta de comprobación o la documentación e información presentadas insuficientes para su comprobación y justificación, el incumplimiento de obligaciones en materia fiscal federal, las cuentas de cheques que observan deficiencias en su conciliación contra saldos contables o no coinciden contra lo informado en cuenta pública.

En auditorías financieras la ASE hizo los siguientes hallazgos: el Municipio reveló un balance presupuestario negativo por 23.6 millones de pesos, es decir, al final del ejercicio y bajo el momento contable del devengado el balance presupuestario de la entidad fue inferior.

La entidad reveló un balance presupuestario de recursos disponibles negativo por 48.3 millones de pesos.

Que la asignación global de servicios personales correspondiente al ejercicio 2021 pasó de un aprobado de 242.4 millones de pesos a un devengado de 248.7 millones, incrementándose en 6.2 millones; a pesar de ello, el Ayuntamiento no presentó la información y documentación que justificara dicho aumento en los servicios personales.

En el caso de Jorge Zermeño, quien se dice que estaría buscando también convertirse en candidato a una diputación por uno de los distritos de Torreón, no obstante, las investigaciones por hechos relativos a corrupción en su contra y que varios de sus funcionarios han sido llamados a rendir cuentas.

En 2017 su administración municipal ejerció un presupuesto de 2 mil 880 millones 764 mil pesos; en cuanto a las auditorías de cumplimiento la ASE también emitió hallazgos y, como resultado de 8 auditorías se encontraron más de 50 observaciones en egresos, ingresos y obra pública cuyo monto fue superior a los 212 millones 700 mil pesos.

Ejemplo de ello fue la ASE-04088-2021 de la que se desprendieron 8 observaciones que advertían irregularidades por un total de 13 millones 562 mil 374 pesos.

Con relación a las auditorías financieras practicadas por la ASE el hallazgo 3 refiere que el importe aprobado para el ejercicio 2020 correspondiente a servicios personales fue de más de 920.3 millones de pesos mientras que para el ejercicio 2021 ascendió a 1 mil 33.4 millones de pesos.

“Por lo que se advierte un incremento de 113 millones 82 mil pesos, equivalente al 12.29 por ciento, sin embargo, el ayuntamiento no presentó la documentación e información que justifique haber excedido el límite de incremento de servicios personales con relación al ejercicio inmediato anterior”.

Así las cosas y, de acuerdo con el decir del Fiscal Anticorrupción, no se descarta el llamado a cuentas a más exalcaldes y exfuncionarios municipales implicados en 100 carpetas de investigación por hechos de corrupción en estas próximas semanas.

Ese actuar por parte del aparato gubernamental implicaría el que siga vigente lo dicho por la diputada morenista Teresa Meraz García en el sentido de que sería “grave el que el gobierno actual estuviera utilizando las instituciones como arma política”.