Astillero
Por Julio Hernández López
Como en el caso de Fausto Corrales, el recién aprehendido testigo de parte de lo sucedido dos años atrás con El Mayo Zambada y Héctor Melesio Cuén, la expulsión de Argentina a México del ex contralmirante Fernando Farías Laguna podrá ser valorada en sus verdaderas y profundas consecuencias en la medida en que apunten, ambos procesos judiciales, hacia las alturas políticas y administrativas y no sólo hacia abajo o los lados.
Llama la atención en los dos casos la coincidencia en rápidos desenlaces de nudos inmediatos (no del fondo de los asuntos): no hay indicios de que Fausto Corrales, ayer declarado en prisión preventiva, viviera huyendo de una posible orden de aprehensión; su padre, el diputado local por el Partido Sinaloense (Pas), Víctor Antonio Corrales Burgueño, aseguró ayer que “su hijo hacía su vida normal en la Ciudad de México” y que incluso el hijo y su esposa estuvieron con Corrales Burgueño “durante el domingo y el lunes”. El mencionado testigo era director general del aparato administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (donde su padre fue rector), al menos hasta marzo del presente año, conforme a la más reciente actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia, con un salario mensual de 51 mil 90 pesos (nota de Josemiguel Souza en El Sol de Sinaloa: https://goo.su/XJAPsU)
¿Por qué y para qué se determinó en estos momentos actuar contra un testigo que desde el primer día del asesinato de Cuén y la “extracción” de El Mayo Zambada pudo ser detenido? ¿Se busca escalar las acciones judiciales hacia la ex fiscal Sara Bruna Quiñónez, autora de un delictivo montaje para ocultar la verdad de lo sucedido, e incluso hasta el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, la pieza principal que actualmente no tiene fuero (lo cual podría ser un guiño al trumpismo ahora tan entendido en aspectos policiacos con México)? ¿O se busca estacionar y poner techo al caso con un testigo posiblemente amenazado y aterrorizado aquel día por los poderes sinaloenses, no sólo los institucionales, e instruido para prestarse al intento de engaño sobre Cuén (y parte de lo de El Mayo)?
En cuanto a quien fue contralmirante, Farías Laguna, resulta peculiar el papel jugado por representantes de Estados Unidos que se entrevistaron con el acusado en Argentina, en coincidencia temporal con el cambio mexicano de estrategia, que implicó desistir de la ya planteada solicitud de extradición (que podría tardar largos meses y además obligaría a dejar fijos los cargos imputados, sin posibilidad de agregar o disminuir algunos) y optar por un arreglo de poderes para que el militar mexicano fuera expulsado por su condición migratoria irregular e incluso delictiva.
Cierto es que una parte de las actividades del llamado huachicol fiscal se realizaban en Estados Unidos, de donde se embarcaba hacia México combustible, registrado como aceites o aditivos, para su posterior distribución y venta en expendios mexicanos. Pero no se conoce imputación estadunidense formal contra el citado ex contralmirante y su hermano, de similar grado de mando.
El asomo de agentes estadunidenses (de la FBI y la DEA, según el abogado de Farías Laguna, y un representante legal de la embajada gringa en Buenos Aires) para dialogar con quien es sobrino del ex secretario de Marina del gobierno mexicano José Rafael Ojeda Durán podría tener implicaciones importantes en un tema sumamente delicado; a menos que se pretenda frenarlo y estacionarlo en ese nivel (y hacia abajo y a los lados), el de los sobrinos del tío, los entonces contralmirantes abiertamente favorecidos y protegidos por el titular de la Armada.
No puede aceptarse el argumento de que el tío Ojeda Durán debe quedar exento de investigaciones y responsabilidades porque habría denunciado a toro pasado los delitos de sus familiares. A menos que lo del testigo sinaloense y el ex contralmirante sean procesos concebidos conjuntamente para otros propósitos. ¡Hasta el próximo lunes!
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