Las denuncias de familias buscadoras por presuntas agresiones durante una protesta en Calzada de Tlalpan reavivaron los señalamientos sobre restricciones a la libre manifestación en el contexto del Mundial de Futbol 2026. Colectivos afirmaron haber enfrentado encapsulamientos, despliegues policiales e intimidación durante acciones de visibilización y solicitaron una reunión con autoridades para exigir sanciones y garantías de no repetición
Ciudad de México, 03/07/26 (Más).- Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denunciaron que las condiciones de seguridad para realizar protestas y acciones de visibilización se han deteriorado en el contexto del Mundial de Futbol 2026, tras las agresiones registradas durante una movilización en Calzada de Tlalpan, donde aseguran haber sido objeto de actos de intimidación por parte de autoridades capitalinas.
De acuerdo con la información publicada por Animal Político, integrantes de los colectivos sostienen que en los últimos días han enfrentado restricciones, encapsulamientos, despliegues policiacos y obstáculos para desarrollar manifestaciones pacíficas, pese a que las actividades habían sido notificadas previamente a las autoridades.
Fernando Vargas, quien busca a su hijo Ollin Hernando desde noviembre de 2024, afirmó que la agresión ocurrida el 30 de junio representó un “ataque directo” para impedir una acción de visibilización organizada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador.
El padre buscador señaló que los elementos que intervinieron portaban motocicletas sin identificación oficial y mantenían cubierto el rostro, por lo que cuestionó la falta de identificación de quienes participaron en el operativo.
Las familias señalaron que la presión sobre los colectivos se ha incrementado desde el inicio de la justa mundialista.
Entre los hechos mencionaron la presencia de policías antimotines antes de la inauguración, la instalación de denominados “cinturones de paz” para limitar el paso de manifestantes y la restricción del acceso de familias buscadoras a las inmediaciones del estadio durante los encuentros de la Selección Mexicana.
Tras los incidentes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió una queja de oficio para investigar las agresiones denunciadas por los manifestantes, mientras que las víctimas comenzaron a rendir testimonios y a recibir atención médica por lesiones derivadas de empujones, jaloneos y caídas ocurridas durante la movilización.
Los colectivos difundieron además una carta pública en la que solicitaron una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Dolores González Sarabia, con el propósito de conocer los avances de las investigaciones, las posibles sanciones a los responsables y las medidas para evitar la repetición de estos hechos.
En el documento, las familias sostuvieron que las agresiones no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de un contexto de hostilidad hacia quienes buscan a personas desaparecidas.
También manifestaron su desacuerdo con la postura del gobierno federal respecto a la crisis de desapariciones y reiteraron la exigencia de establecer un diálogo nacional para fortalecer las políticas públicas en la materia, incluyendo la propuesta de federalizar el delito de desaparición.
Los familiares también rechazaron los señalamientos sobre un supuesto financiamiento externo a los colectivos y explicaron que las actividades de búsqueda y difusión son costeadas con recursos propios, rifas, cooperaciones y aportaciones solidarias de familiares y amigos.
Indicaron que la elaboración de mantas, carteles, playeras, traslados y atención médica representa un gasto constante que es absorbido por las propias familias.
En respuesta a las denuncias, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la Dirección General de Asuntos Internos y el área de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron investigaciones para deslindar responsabilidades por la actuación policial registrada en Calzada de Tlalpan. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia capitalina abrió las carpetas de investigación correspondientes.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que su administración no ordenará actos de represión contra manifestaciones públicas y afirmó que no se tolerarán abusos de autoridad.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, lamentó los hechos, rechazó cualquier acción que vulnere los derechos de las personas buscadoras y anunció que se revisarán los protocolos de actuación policial, además de instalar mesas de diálogo con los colectivos para garantizar el desarrollo de futuras movilizaciones durante los encuentros restantes del Mundial de Futbol 2026.
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