El problema de la política de drogas no son las drogas

Olimpia Martínez Ramírez

En memoria de quienes la mal llamada “guerra contra las drogas” nos arrebató.

Estimado lector, sé que seguramente sus expectativas al leer estas breves líneas sean encontrar argumentos teóricos, datos “duros” y un desarrollo académico o especializado sobre el tema. Me disculpo de antemano si en ese sentido no son cubiertas. Déjeme decirle que considero necesario abordar este asunto desde mi experiencia personal, atravesada por algunas herramientas analíticas, es decir, desde el conocimiento situado. Mi objetivo es invitar a la reflexión a quienes se estén haciendo preguntas como las que me he planteado sobre la política de drogas y sus impactos: ¿son las drogas el problema de la violencia o más bien son las condiciones económicas y políticas de cómo y dónde se producen, distribuyen y consumen? Además de la violencia, ¿qué sostiene a las estructuras del crimen organizado que se dedican al tráfico de sustancias?

Nací y viví los primeros años de mi infancia en San Francisco del Rincón, Guanajuato, un municipio ubicado dentro de la zona centro del estado, que forma parte del corredor industrial del Bajío. Sigue siendo un lugar modesto, con un crecimiento económico lento y pocas oportunidades de desarrollo; también es la “capital del sombrero” y se ha dedicado históricamente a la industria del calzado y el textil. Crecí en este contexto junto a tres morros que eran hermanos y vivían muy cerca de mi casa. Por la amistad entre su papá y el mío, también nos hicimos amigos; consolidé una relación más estrecha con el hermano mayor.

Por las condiciones económicas que enfrentábamos en los años noventa, mis padres decidieron volver a la Ciudad de México donde no sólo había más oportunidad de empleo, sino también una amplia oferta educativa que podría aprovechar. Aunque mi vida se desarrollaba en el otrora Distrito Federal, cada año volvía a San Pancho para ver a mis amigos y reconectar con mis afectos; cada vez era más difícil. Había entrado al bachiller al mismo tiempo que mi amigo, pero él pronto abandonó el proyecto de estudiar porque implicaba un gasto que su familia no podía asumir. Así que comenzó a trabajar como ayudante general en una ensambladora, donde experimentó un desgaste físico y emocional debido a la extenuante jornada laboral, que no era proporcional al salario que recibía.

Al mismo tiempo, en su cuadra, un par de amigos lo invitaban frecuentemente a fiestas donde el consumo de alcohol y sustancias era común e ilimitado, cortesía del “patrón”. A los 18 años, sin un sentido de pertenencia y sin acceso a otras formas de ocio, se quedaba casi todas las noches con ellos. Fue cuestión de tiempo y constancia para que el “patrón” le pidiera favores o le delegara hacer algún “mandado” por el que le pagaba una buena propina. No es el objetivo de este texto profundizar en los pormenores de cómo se involucró con un cártel local, sino señalar que, aunque fue una decisión personal, estuvo condicionada por el contexto socioeconómico y cultural en el que vivía.

Permítame profundizar sobre esto antes de que se interprete que estoy justificando o simplificando el problema. Si bien explorar la existencia de una relación causal entre pobreza, criminalidad y violencia requiere un análisis más exhaustivo, es sabido que ahí donde el Estado no ha sido capaz de cumplir con sus funciones básicas, son las organizaciones criminales quienes en ocasiones las suplen, estableciendo una relación de dependencia económica con la población. En ese sentido, no sólo las condiciones estructurales del lugar donde nacemos y crecemos influyen en nuestros proyectos de vida (desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación, etc.), sino también las dinámicas que reproducen los grupos del narcotráfico en territorios, barrios, calles y personas racializadas, atravesadas por la marginalidad y el sentido de supervivencia de tener que conseguir dinero para cubrir necesidades tan esenciales como comer.

Tal vez mi amigo pudo haber explorado otras opciones, pero ninguna era más “rentable” ni le daba acceso a lo que socialmente se le negó: un sentido de pertenencia, la satisfacción del reconocimiento personal y la posibilidad de brindarle estabilidad económica a su familia ¿Qué puede ser menos violento que ceder tu integridad, valores y código moral para volverte una persona “imperdonable”?

En 2014, mientras yo estaba por concluir la licenciatura y mi amigo se involucraba cada vez más en la estructura criminal, el gobierno mexicano afrontaba con desatino las consecuencias de implementar una estrategia de “combate a las drogas” basada en un enfoque bélico. Analistas como Juan Carlos Garzón-Vergara han advertido que “la combinación de estados débiles con estrategias de seguridad severas suele ser explosiva, con potencial para amplificar el crimen y la violencia”. Guanajuato desde entonces reunía características explosivas: en este año se registraron 22,400 asesinatos y al menos 4 mil desapariciones, como resultado –según datos oficiales– del “combate” al robo de combustible (conocido como huachicol) y al tráfico de drogas.

Ha pasado más de una década de gobiernos panistas que no han logrado implementar medidas efectivas para prevenir y disminuir la violencia, sin embargo, mantienen la misma estrategia de seguridad: solicitar una mayor presencia del ejército. Aunque en 2016 se incrementó el envió de brigadas militares y fuerzas federales al estado, particularmente a los llamados “puntos rojos” del territorio, que representan el paso estratégico de mercancías legales e ilegales, los niveles de violencia se mantuvieron.

Para 2018 la comunicación con mi amigo era más compleja. Me contó que se convertiría en padre y quisiera decir que logró darle el giro a su vida que tanto deseaba, pero nadie mejor que él conocía las dificultades para dejar atrás su historial criminal, sabía que tarde o temprano sus acciones le “cobrarían factura”. En ese mismo año, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia parecía abrir la posibilidad de un cambio en torno a la estrategia de seguridad y la política de drogas, reconociendo que la estrategia de militarización para “combatir” al mercado ilícito de drogas había fallado.

Sin embargo, las medidas que implementó su administración en esta materia no fueron distintas a lo que vivimos en sexenios anteriores. Aunque oficialmente le puso fin a la mal llamada “guerra contra las drogas”, continuaron los operativos para disminuir la incidencia delictiva y combatir el narcomenudeo, extorsiones, etc., en varios estados del país incluyendo Guanajuato, donde se logró reducir el robo de combustible. No obstante, dicha disminución provocó que el cártel Santa Rosa de Lima, dedicado a esta actividad, diversificará su margen de acción al tráfico de drogas, cobro de piso, entre otros delitos. El desplazamiento de estas otras actividades ilícitas supuso una disputa del territorio con otros grupos del crimen organizado de la región. Esto podría explicar parcialmente el aumento sostenido del número de homicidios.

Si usted llegó hasta este punto, quizá se está cuestionando sobre cuál es la conexión entre la historia de mi amigo con el contexto sociopolítico y de violencia que describí. Él y jóvenes como él simbolizan el falso dilema que hemos enfrentado durante las últimas décadas: prohibir o regular las drogas. Este falso dilema ignora a quienes, como mi amigo, se ven orillados a involucrarse en los eslabones del narcotráfico debido a la falta de alternativas socioeconómicas. Entre el prohibicionismo y la regulación están tanto las víctimas de la violencia como los victimarios, mientras sus familias y seres queridos permanecen en la penumbra con la impunidad y el dolor.

Ante esta realidad el Estado mexicano, en lugar de proponer soluciones diferentes, ha optado por la fórmula más funesta: mantener una política prohibicionista reforzada por una estrategia de seguridad militarizada y un enfoque punitivo. La violencia entonces no necesariamente es resultado de la mal llamada “guerra contra las drogas”, sino más bien es una respuesta a la capacidad que tiene el crimen organizado para operar en comunidades y territorios completos valiéndose de la participación del Estado que utiliza para expandir su poder, mantener cierto control social y decidir cuáles vidas sí son valiosas y para qué lo son.

En 2020, año en que mi amigo fue asesinado en el portón de su casa, 27 jóvenes fueron ejecutados en un anexo en Irapuato y otras doce personas fueron asesinadas en un bar, ubicado sobre la carretera que va a Cortázar. Los casos y escenas dolorosas se han vuelto incalculables y no reflejan los nombres, vidas, experiencias e historias de quienes han perdido la vida en este contexto de violencia criminal. Cuantificar el dolor y dividir a las personas en víctimas y victimarios como si se tratara de buenos contra malos, impide reflexionar sobre cómo el Estado mexicano ha perpetuado un ciclo de violencia, mientras las estructuras criminales permanecen intactas, y el gobierno sigue justificando su estrategia de “combate a las drogas”, cuando el verdadero problema no son las drogas, sino el sistema que las sostiene.

* Olimpia Martínez Ramírez (@olimpia_libre) es Politóloga francorrinconense. Con experiencia en derechos humanos. Investiga sobre temas relacionados con desaparición de personas y acompaña procesos que buscan justicia, verdad y memoria. Actualmente colabora en @ElementaDDHH.

Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.