Ciudad de México, 03/09/26 (Más).- Al menos 21 episodios de protesta registrados durante el Mundial 2026 estuvieron acompañados por agresiones o violaciones a derechos humanos, de acuerdo con un informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil, que documentó un esquema de contención de manifestaciones mediante operativos de seguridad, restricciones al espacio público y medidas de criminalización.
De acuerdo con información de Animal Político, el análisis fue elaborado por El Caracol, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín”, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), El Poder del Consumidor, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT).
A partir de una metodología basada en fuentes abiertas, principalmente publicaciones en redes sociales sometidas a un protocolo de verificación, las organizaciones registraron 50 eventos agrupados en 21 episodios de protesta ocurridos entre el 1 y el 30 de junio de 2026.
De los 21 episodios documentados, 18 ocurrieron en la Ciudad de México y los restantes en Toluca, Estado de México, y Puebla, en las inmediaciones de los estadios que fueron utilizados como sedes del torneo. Las movilizaciones involucraron a colectivos de familias buscadoras, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes, personas trabajadoras sexuales, comerciantes y colectivos de personas LGBTIQ+.
El informe identificó presencia de agentes estatales en 40 de los 50 registros verificados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México apareció en 34 casos, mientras que en 28 de ellos participaron agrupamientos antimotín de la propia institución.
La policía estatal, municipal, montada, bancaria, auxiliar y de tránsito apareció en conjunto en 10 registros. Las organizaciones señalaron que la distribución de los cuerpos de seguridad mostró diferencias territoriales, debido a que en Puebla y Toluca la contención correspondió principalmente a policías estatales y municipales, mientras que en la Ciudad de México estuvo a cargo de la SSC y sus agrupamientos.
Entre las principales medidas utilizadas para contener las protestas estuvieron las zonas de exclusión, registradas en 34 ocasiones, y las barreras corporales de agentes, presentes en 29 casos. También se utilizaron vehículos oficiales como obstáculos en nueve registros y vallas en ocho.
En cuanto a las medidas consideradas de criminalización, el encapsulamiento fue identificado en 20 registros, seguido de la fuerza física, con 16, y las amenazas e intimidación, con 13. El uso de armamento antidisturbios apareció en cinco registros, entre ellos casos de empleo de gas lacrimógeno, balas de goma, petardos y explosivos.
Los colectivos de búsqueda fueron el grupo con mayor número de registros, con 30, y encabezaron las categorías de encapsulamiento, fuerza física e intimidación. En el caso de la CNTE, con 22 registros, las organizaciones identificaron la mayor intensidad de represión por episodio, incluyendo uso de gas, proyectiles, robo de pertenencias y persecución.
Renata Vadillo Polo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y una de las autoras del informe, señaló que el Mundial no fue la causa de las vulneraciones documentadas, pero sí aceleró afectaciones a derechos que ya existían mediante el incremento de la presencia de agentes estatales, restricciones espaciales y medidas de criminalización.
Las organizaciones también analizaron el discurso utilizado durante la celebración del torneo y señalaron que el Gobierno apeló a conceptos como seguridad, orden y derecho al disfrute para presentar determinadas protestas como una interrupción de las actividades relacionadas con el Mundial.
El reporte señala que esa narrativa estuvo acompañada por una estrategia de estigmatización y cuestionamientos hacia algunos movimientos sociales, incluidas las familias buscadoras. También se mencionó que el discurso oficial llegó a reducir algunos operativos a situaciones de “fricción” y a destacar la existencia de un “saldo blanco”.
El informe cita como ejemplo la jornada del 30 de junio denominada “¿Y si nos devuelven a nuestros desaparecidos?”, durante la cual un operativo policial lesionó a familiares buscadores. Aunque el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ofreció una disculpa, las organizaciones consideraron que el hecho fue presentado como una fricción con los manifestantes.
La presencia de observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) fue registrada en varios de los episodios considerados más violentos, sin que su participación, según el análisis, tuviera un efecto inhibitorio sobre el uso de la fuerza.
El informe también documentó modificaciones del espacio urbano y acciones que afectaron a poblaciones en situación de calle, comerciantes y otros grupos. En la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc reportó el desmantelamiento de 48 campamentos y la atención de 53 personas en situación de calle, mientras que en Guadalajara se documentó la reubicación de personas sin hogar y el desplazamiento de mercados ambulantes y comercios locales.
De acuerdo con el documento, comerciantes de Guadalajara reportaron pérdidas superiores a 70 por ciento, mientras que organizaciones señalaron que las acciones de reordenamiento urbano se intensificaron durante el periodo de preparación y celebración del Mundial. El Caracol también documentó testimonios de personas en situación de calle que denunciaron retiros de sus pertenencias y documentos de identidad.
La organización señaló que mientras el Gobierno de la Ciudad de México reconoce a mil 932 personas habitando el espacio público, sus propios registros estiman que la cifra podría superar las 6 mil. El informe sostiene que las acciones de retiro y reubicación pueden profundizar la exclusión al debilitar las redes sociales de las personas afectadas.
En materia de libertad de prensa, la Red TDT documentó restricciones a periodistas durante la cobertura del torneo. Entre ellas se encuentra el bloqueo del paso a trabajadores de medios el 24 de junio en las inmediaciones del Estadio Azteca, pese a la presencia de integrantes de la comisión local de derechos humanos.
CIMAC documentó 11 agresiones contra mujeres periodistas entre el 11 de junio y el 19 de julio: nueve en la Ciudad de México y dos en Jalisco. El 54.55 por ciento ocurrió durante manifestaciones, 27.27 por ciento durante partidos y 18.18 por ciento en operativos policiales. Los casos incluyeron agresiones físicas, violencia sexual, bloqueo informativo, detenciones arbitrarias, daños a bienes y descrédito.
Por su parte, El Poder del Consumidor incorporó al análisis la publicidad de bebidas azucaradas difundida durante el Mundial y expresó preocupación por la asociación entre un evento deportivo y el consumo de estos productos. La organización consideró que la exposición publicitaria en un evento de audiencia masiva puede contribuir a normalizar su consumo entre niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones concluyeron que los hechos documentados no deben considerarse únicamente como incidentes aislados, sino como parte de un modelo de gestión de la protesta que, durante el Mundial, priorizó el control del espacio público y la continuidad de las actividades vinculadas con el torneo. También advirtieron sobre el riesgo de que las medidas extraordinarias adoptadas para eventos masivos permanezcan después de concluida la competencia.
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