El muelle de los amigos; sigue trama del huachicol

El sitio de Tampico al que arriban buques cargados con hidrocarburos fue concedido a un empresario cercano a Adán Augusto López

Ciudad de México, 15/09/25 (Más).- La concesión del muelle fiscal 289 en el puerto de Tampico, señalado como punto de arribo de embarcaciones cargadas con combustible ilegal, está en manos de un empresario tabasqueño con vínculos cercanos a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y excandidato presidencial.

Así lo reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), citada por el portal Forbes, que documenta cómo esta red empresarial se conecta con una trama más amplia de contrabando y corrupción en torno al llamado “huachicol fiscal”.

El empresario en cuestión es Saúl Vera Ochoa, originario de Tabasco y abierto simpatizante de López Hernández, a quien manifestó su respaldo político en 2022, destacándolo como la mejor opción para liderar el país y continuar con la autodenominada Cuarta Transformación.

Vera Ochoa figura como propietario de la empresa Tampico Terminal Marítima, creada en junio de 2020, el mismo mes en que recibió la concesión para operar el muelle fiscal 289 por parte de la ASIPONA de Tampico (Administración del Sistema Portuario Nacional).

La empresa está integrada por cuatro firmas tabasqueñas –Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Acuitab y VOS Grupo Constructor– en las que Vera Ochoa y miembros de su familia tienen participación como accionistas, representantes legales o administradores únicos.

Acuitab fue constituida en la notaría pública de Adán Augusto López, lo que refuerza los vínculos personales y políticos entre ambos.

La investigación también se sustenta en declaraciones del Capitán Alejandro Torres Joaquín, exadministrador de la Aduana de Tampico y actual testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Torres Joaquín reveló que buques cargados con combustible de contrabando arribaban de forma regular al muelle concesionado a Vera Ochoa, y que él mismo recibió al menos 1.7 millones de pesos en sobornos para permitir estas operaciones ilícitas. Aseguró haber acudido en trece ocasiones a oficinas en la Plaza Laguna para recibir los pagos, donde coincidía con un individuo de apellido Capiterucho.

Ese individuo es Antonio Dávila Capiterucho, quien figura en los documentos oficiales como administrador único de Tampico Terminal Marítima y está identificado como el encargado de recoger los pagos destinados al concesionario. Capiterucho fue funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta diciembre de 2015, y su papel en la empresa refuerza la red de operadores con pasado en el servicio público vinculados al manejo del muelle.

El muelle fiscal 289 ha sido señalado en diversas investigaciones como un nodo clave para el ingreso de combustible ilegal al país.

La modalidad del “huachicol fiscal” implica la importación de hidrocarburos con documentación alterada o sin cumplir con los requisitos legales, lo que ocasiona pérdidas millonarias al erario y alimenta redes de corrupción en las que participan actores del sector privado y servidores públicos.

Este caso refleja cómo estructuras empresariales creadas recientemente, con nexos políticos al más alto nivel, pueden acceder a concesiones estratégicas del Estado para operar actividades de alto valor económico. La FGR mantiene abiertas varias carpetas de investigación relacionadas con estos hechos, mientras que diversas organizaciones han solicitado mayor transparencia y vigilancia sobre las concesiones portuarias y las operaciones aduanales en zonas críticas como Tampico.

El avance de las investigaciones judiciales y periodísticas apunta a que la red detrás del muelle 289 no es un hecho aislado, sino parte de una operación más amplia que combina intereses económicos, políticos y administrativos, y que continúa bajo el escrutinio de las autoridades y de la opinión pública.