El Sistema de Comercio de Emisiones sigue en fase piloto y los bonos de carbono solo operan en el mercado voluntario
REDACCIÓN MÁS / IA
Más del 70% de los municipios en México presentaron algún grado de sequía, desde moderada a excepcional, este año. Según la Comisión Nacional del Agua, más de la mitad del país registró temperaturas de hasta 45 grados centígrados, con algunas regiones alcanzando una sensación térmica de 50 grados, según reportó el diario EL PAÍS.
Las consecuencias del cambio climático son inclementes: no escuchan pretextos ni atienden plazos o acuerdos firmados. Cada año, los ecosistemas de México pierden biodiversidad y padecen el aumento de fenómenos extremos: inundaciones por lluvias torrenciales, más regiones con sequía severa, huracanes de mayor intensidad y frecuencia, y calor extremo.
En el marco del Acuerdo de París, México planteó reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030, y las de carbono negro en un 51%. Este compromiso incluye objetivos específicos para varios sectores, como el energético, transporte, agricultura, residuos y silvicultura. Sin embargo, hay indicios de que el país va rezagado en sus objetivos.
Un estudio de BBVA Research publicado en marzo de este año reveló que en 2022, México se ubicó como el noveno mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y, después de Brasil, el segundo de América Latina.
Esto preocupa a los actores que luchan contra el cambio climático, ya que el Gobierno mexicano lleva un año y medio de retraso en la implementación de la fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), que aún sigue en fase piloto.

El SCE es un mecanismo que incentiva a las empresas a reducir sus gases de efecto invernadero, estableciendo un tope de emisiones e instrumentos como los bonos de carbono para cuando sus fuentes fijas rebasen el umbral de emisiones determinado por la ley.
La fase piloto debía terminar en 2022 y la fase operativa comenzar en enero de 2023, con una regulación plenamente aplicable para las empresas, límites de emisión obligatorios y penalizaciones. Sin embargo, esto no ha sido así.
“México debería estar muy preocupado: necesita reducir la emisión de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono por año hasta el 2030, y no están disponibles herramientas tan básicas como la creación del sistema de comercio de emisiones”, dice Eduardo Piquero, director general de MEXICO2, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
Fernanda Pérez, especialista en Finanzas Sostenibles y Cambio Climático de KPMG México, agrega: “Vamos tarde en la carrera para combatir el cambio climático, y estas iniciativas de reducción de emisiones que deben implementar las empresas para cumplir con sus objetivos siguen siendo un reto”.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el SCE en México es la transición del periodo de prueba al operativo. “Estamos todavía en espera de que se publiquen estas reglas bajo las cuales va a operar oficialmente el sistema de comercio de emisiones.

Mientras tanto, las empresas continúan con el reporte y verificación de sus emisiones como lo venían haciendo en años anteriores”, señala Pérez. El periodo de prueba ha involucrado a 300 instalaciones de empresas, representando aproximadamente el 35% de las emisiones nacionales de CO2, que estarán obligadas a participar en el SCE.
Hasta ahora, la Ley General de Cambio Climático obliga a que las empresas que rebasan el umbral de 100 mil toneladas anuales de CO2 cuantifiquen sus inventarios de emisiones, verificados por un tercero.
La falta de claridad en las bases operativas limita la planificación de las empresas para cumplir con futuras regulaciones y acuerdos internacionales.
“No saben cuál va a ser el tope de emisiones que se les va a permitir y el ritmo con el que van a tener que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”, dice Pérez. La incertidumbre regulatoria también puede disuadirlas de realizar inversiones significativas en tecnologías limpias, afectando la capacidad del país para alcanzar sus compromisos.
Hasta que no se publiquen esas bases, las empresas operan en un entorno de prueba y simulación. Por ejemplo, las empresas no pueden comerciar bonos de carbono dentro del mercado obligatorio hasta que no comience la fase operativa. “Las emisiones que ya no pueden reducir las pueden compensar a través de la adquisición de bonos de carbono”, explica Pérez. Sin embargo, actualmente no están obligadas.
Los bonos de carbono son instrumentos financieros emitidos a partir de proyectos específicos que absorben o evitan la emisión de CO2, como la reforestación y las plantas de tratamiento de residuos.

En México, los bonos de carbono solo operan en el mercado voluntario, con algunas empresas que participan por exigencias de sus inversionistas o por su presencia internacional. En el país existen alrededor de 400 proyectos certificados para emitir bonos de carbono, principalmente de reforestación.
“El mercado en tres años pasó de 300 mil toneladas de CO2 a más de un millón. Esto es lo que los proyectos han reducido y las empresas compraron”, dice Piquero.
La regulación es necesaria también para transparentar la información del mercado voluntario de bonos de carbono y evitar el riesgo de greenwashing, es decir, que las empresas aparenten ser más ecológicas de lo que realmente son.
Actualmente, los proyectos de compensación no requieren ser autorizados por la autoridad ni existe un registro de los mismos, con las características del proyecto y la información del comprador ni del vendedor.
“Una de las cosas que la Semarnat [la Secretaría de Medio Ambiente] podría hacer es que hiciera público todos los contratos de créditos de carbono, todos los contratos de compensación, que los proyectos pudieran ser públicos para que la sociedad civil pudiera ver las condiciones detalladas”, señala Patricia Moles, coordinadora del programa de Finanzas Sostenibles del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“De esa forma se podría evitar que las empresas sean selectivas en su comunicación, y que digan ‘Yo ya estoy compensando’ cuando, por ejemplo, sus emisiones son de 10.000 y compensan 10”, agrega Moles, quien también pide un estándar de contrato. Analistas advierten, además, que el retraso de la implementación obligatoria del sistema de comercio de emisiones puede tener consecuencias económicas y comerciales. Pronto, algunos países exigirán que las compañías extranjeras que deseen comerciar en su territorio tengan un mercado de carbono obligatorio en sus países.
“A partir de enero del año que viene, la Unión Europea va a evaluar país por país si las empresas están obligatoriamente reduciendo emisiones localmente”, dice Piquero. Sus declaraciones sugieren que, en materia de sostenibilidad, México va atrasado. De no implementar el SCE, los expertos dudan que el país pueda cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones, con serias implicaciones para el medio ambiente.
Con información de EL PAÍS
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