Huatulco, Oaxaca, 10/03/25 (Más / IA).- Lo que hasta hace poco era un refugio de tranquilidad y belleza en la costa de Oaxaca, un destino turístico que atraía a millones de visitantes cada año, se ha convertido en escenario de brutales desapariciones masivas. La violencia ha irrumpido en los paisajes de arena dorada y mar turquesa, alterando la imagen de paz que la región proyectaba.
La última tragedia se desencadenó el 28 de febrero, cuando diez jóvenes originarios de Tlaxcala desaparecieron en Zipolite y Huatulco, dos de los destinos más emblemáticos del litoral oaxaqueño. Entre ellos estaban Jacqueline Meza, de 23 años, y Lesly Noya, de 21, vistas por última vez en Zipolite, un pueblo con fama de bohemio. Otras víctimas, como Brenda Salas, de 19 años, y Angie Pérez, de 29, fueron presuntamente detenidas por la policía municipal de Huatulco, según denunciaron sus familiares. También desaparecieron Raúl González y Yamileth López, ambos de 28 años, además de Guillermo Cortés, Jonathan Uriel Calva, Marco Antonio Flores y Rolando Armando Evaristo, todos jóvenes de entre 22 y 29 años.
Los cuerpos de nueve de ellos fueron hallados días después, abandonados en un Volkswagen negro a la orilla de la autopista que conecta Oaxaca con Puebla, a más de 400 kilómetros del lugar donde fueron vistos por última vez. Brenda Salas fue la única sobreviviente. Hasta ahora, ninguna autoridad ha explicado por qué fue dejada con vida, ni las circunstancias exactas en las que ocurrieron los asesinatos.
El caso ha dejado preguntas inquietantes: ¿los trasladaron muertos o con vida?, ¿dónde fueron asesinados?, ¿cómo pudieron cruzar un Estado con un vehículo cargado de cadáveres sin ser detectados? Un periodista local, que por seguridad ha preferido no dar su nombre, plantea la incógnita: “¿Cuánto poder tienes que tener para atravesar un Estado con un vehículo cargado de cadáveres? ¿O cuánta impunidad?”.
La respuesta oficial ha sido la negación. Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, insistió en que “Huatulco es un destino seguro para todas las familias, para todos los oaxaqueños, para todos los viajeros”, una declaración que llegó antes de que los cuerpos fueran siquiera entregados a sus familias.
Turismo y violencia en la costa oaxaqueña
Oaxaca es un estado donde el turismo es una de las principales fuentes de empleo e ingresos. En 2024, la derrama económica de los visitantes superó los 12,700 millones de pesos, y más de 50,000 empleos dependen de esta industria solo en Huatulco y Puerto Escondido.
Sin embargo, detrás de la postal de playas paradisíacas, la pobreza y la violencia han ido ganando terreno. Con un 60% de la población en condiciones de pobreza y un 20% en pobreza extrema, el turismo es visto como una salvación económica para muchos, lo que explica la insistencia oficial en preservar la imagen de un Oaxaca seguro.
El gobernador Salomón Jara, de Morena, ha presumido en repetidas ocasiones las cifras de baja criminalidad en el estado. “Es el quinto Estado con menos delitos por cada 100,000 habitantes”, declaró el 17 de febrero. Nueve días después, las desapariciones y asesinatos de estos jóvenes desmentían la narrativa oficial.
La costa como zona de tránsito del crimen organizado
La violencia en esta zona no es fortuita. La costa de Oaxaca ha sido históricamente un punto estratégico para el tráfico de drogas, utilizada para el desembarco y almacenamiento de cargamentos ilegales. Los pobladores han sido testigos de avionetas aterrizando en la selva y de lanchas descargando cocaína en playas remotas. Hace apenas dos semanas, la Secretaría de Marina incautó una embarcación con más de 670 kilos de droga en Huatulco.
Según reporteros locales, la región ha operado bajo una especie de zona de tolerancia impuesta por el crimen organizado, donde se permite el tráfico de drogas siempre que no afecte al turismo. “Es un lugar muy importante para el trasiego, que no registraba hasta ahora graves incidentes violentos”, comenta un periodista de la zona. Esta discreción ha sido clave para que el narcotráfico opere sin alteraciones.
Un empresario de la región lo explica con crudeza: “Los narcos presumen de cuidar y proteger la zona. No permiten robos, ni cobro de piso, ni drogas como el cristal. No se permiten ‘excesos’ que espanten al turismo”. Pero este pacto no escrito ha comenzado a resquebrajarse con la ola de desapariciones.
Más de 20 desaparecidos en menos de un año
Los recientes crímenes no son hechos aislados. En mayo de 2024, siete hombres desaparecieron en Puerto Escondido. Otros siete fueron secuestrados en enero de este año cuando se dirigían a esa misma localidad. Con los jóvenes de Tlaxcala, la cifra asciende a 23 personas desaparecidas en menos de un año, 16 de ellas en los últimos dos meses.
Aunque Oaxaca ha evitado, hasta ahora, masacres de la magnitud de Ayotzinapa o San Fernando, la situación actual está generando una crisis de seguridad sin precedentes en la región.
A una semana del hallazgo de los cuerpos, la investigación sigue estancada. En Zipolite, el lugar donde desaparecieron algunos de los jóvenes, ya nadie habla del caso. Tampoco hay presencia de policías ni militares en la zona.
La estrategia de las autoridades parece seguir un patrón ya conocido en México: desviar la atención y criminalizar a las víctimas. El Gobierno de Felipe Calderón lo hizo durante la guerra contra el narcotráfico, y en este caso la narrativa parece repetirse: insinuar que las víctimas “en algo andaban”, como una forma de justificar su desaparición y asesinato. Mientras tanto, la vida en la costa sigue su curso. Los turistas caminan por la arena, los bares siguen sirviendo tragos y la música suena en la playa. Como si nada hubiera pasado. Como si los jóvenes que desaparecieron no hubieran sido, en realidad, otros como ellos.
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