El Paso, Texas, 26/05/26 (Más).- Mujeres migrantes detenidas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos enfrentan condiciones de abandono, hacinamiento y falta de atención médica, particularmente durante embarazos y procesos de recuperación tras abortos espontáneos, en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con un reportaje publicado por El País, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de apoyo a migrantes han comenzado a documentar un creciente número de casos de mujeres embarazadas desatendidas, separadas de sus hijos, víctimas de abusos y sin posibilidades reales de denunciar por miedo a represalias dentro de los centros de detención del ICE.
Uno de los casos expuestos es el de María José Carpio, una ecuatoriana de 20 años con siete meses de embarazo que fue detenida en abril de 2026 tras intentar ingresar nuevamente a Estados Unidos por la frontera de Ciudad Juárez.
La joven permaneció 17 días bajo custodia migratoria en instalaciones de Texas, donde denunció dolores constantes, falta de alimentación adecuada y ausencia de atención médica especializada pese a padecer anemia y complicaciones derivadas del embarazo.
Durante su estancia, Carpio compartió espacio con decenas de mujeres que dormían en colchonetas colocadas en el suelo, bajo iluminación permanente y con condiciones sanitarias limitadas.
Según el testimonio de otras detenidas, las mujeres únicamente podían bañarse cada varios días y enfrentaban dificultades incluso para acceder a productos básicos de higiene durante sus periodos menstruales.
La joven relató además que los agentes minimizaron reiteradamente sus dolores y únicamente le indicaban acudir al área médica en caso de presentar sangrado. Su familia en Nueva York apenas lograba comunicarse con ella por breves llamadas telefónicas de pocos minutos, mientras desconocían en qué centro permanecía detenida.

El reportaje señala que la situación de Carpio no es aislada y que organizaciones como la Comisión para las Mujeres Refugiadas y el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva han denunciado ante legisladoras estadounidenses el deterioro de las condiciones para las mujeres migrantes bajo custodia del ICE.
Entre los casos documentados figuran mujeres separadas de bebés lactantes, embarazadas obligadas a dormir en el suelo, detenidas sin atención ginecológica durante meses y pacientes que sufrieron abortos espontáneos sin recibir tratamiento médico oportuno.
Defensoras de derechos humanos sostienen que el miedo a las deportaciones y al trato recibido en los centros de detención ha provocado incluso que muchas mujeres eviten acudir a controles prenatales.
Una exdetenida identificada como Midi relató que en un centro migratorio de Texas observó cómo una mujer en labor de parto permaneció durante horas sin asistencia médica antes de ser trasladada a un hospital. También describió problemas de salud mental entre las internas, que recibían aislamiento y medicamentos básicos como antihistamínicos en lugar de atención psicológica especializada.
Especialistas médicos advirtieron que el estrés extremo, las condiciones de encierro y la falta de seguimiento médico durante el embarazo pueden derivar en abortos espontáneos, partos prematuros, preeclampsia e incluso muerte fetal. Organizaciones civiles denunciaron además que algunas mujeres deportadas llegaron a sus países en estado crítico tras sufrir hemorragias y pérdida de embarazos bajo custodia migratoria.

El endurecimiento de las políticas migratorias también ha derivado en separaciones familiares. Según datos citados en el reportaje, miles de menores han visto detenidos a sus padres desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Entre los casos más graves se encuentra el de Orlin Hernández Reyes, un niño hondureño de tres años que murió tras ser entregado a familiares luego de que su madre fuera deportada sin que se permitiera la reunificación.
Defensoras de migrantes aseguran además que la eliminación de mecanismos de supervisión y denuncia dentro del sistema migratorio ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres frente a abusos y agresiones sexuales dentro de los centros de detención.
Tras ser finalmente deportada a Ecuador con 31 semanas de embarazo, María José Carpio permanece lejos de su familia mientras espera nuevos estudios médicos para conocer el estado de salud de su bebé. Según relató, todavía intenta recuperarse física y emocionalmente de una experiencia que describe como una pesadilla.
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NADA COMPARADO CON EL INFIERNO DE INSEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE UN PAIS LLAMADO MEXICO