La FGR busca detener a tres militares por su presunta participación en una red de contrabando por Matamoros; según investigación introducían combustible con documentos falsos
Ciudad de México, 06/07/26 (Más).- El escándalo por el contrabando de combustible en aduanas mexicanas alcanzó ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que se revelara que la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener a tres integrantes del Ejército presuntamente vinculados con una red que permitió el ingreso ilegal de 144 millones de litros de hidrocarburos por la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
De acuerdo con información publicada por El País con base en datos difundidos por Reforma, se señala que militares forman parte de una lista de 13 personas, entre soldados, mandos y empresarios, contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustible. Hasta ahora, siete de los señalados ya fueron detenidos, mientras que los tres integrantes del Ejército permanecen prófugos.
Los militares acusados son los tenientes coronel Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes estuvieron al frente de la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como el teniente de policía militar Jorge García García, quien se desempeñó como exsubdirector de operación aduanera en el mismo punto fronterizo.
De acuerdo con los reportes, los mandos habrían permitido el ingreso irregular de hidrocarburos entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.
La investigación apunta a que el combustible fue introducido al país mediante documentos falsos que lo hacían pasar como solución de cloruro de calcio. La operación habría sido tramitada por la empresa Servicios Aduanales JR, propiedad de Armando III Riestra Fernández, señalado como presunto líder de la trama y quien desde enero de 2026 se encuentra recluido en el penal del Altiplano.
Las importaciones investigadas fueron realizadas a nombre de Jumandi Group, empresa con sede en Aguascalientes, y Ferroservicios, ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro.
A través de esos permisos se habría facilitado el ingreso de los 144 millones de litros de combustible por la aduana de Matamoros, en un esquema que, según las autoridades, involucró a personal castrense asignado a tareas aduaneras.
De acuerdo con la orden de aprehensión citada por Reforma esta organización delictiva mantiene una red de corrupción que incluye a personal de las fuerzas castrenses, como el extitular de la aduana de Matamoros, Armando Barrera Trujillo, Teniente Coronel de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya gestión se encuentra dentro del periodo de investigación del 1 de junio (de 2024) al 15 de julio de 2025 y del actual titular de la referida aduana, Blas Pedro Sarabia García, también Teniente Coronel de Sedena, cuya gestión dio comienzo a partir del día 15 de julio de 2025.
Los dos tenientes coronel señalados ya habían promovido amparos en febrero de este año contra acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionadas con el aseguramiento o bloqueo de sus cuentas bancarias. Ese dato forma parte de los indicios públicos que apuntan a que las autoridades seguían la ruta financiera de los presuntos implicados desde antes de que se conocieran las nuevas órdenes de captura.
El caso de Matamoros se suma al escándalo previo que involucró a mandos de la Marina en operaciones de contrabando de combustible por puertos mexicanos. En ambos expedientes, Tamaulipas aparece como epicentro de las maniobras ilegales, tanto en aduanas fronterizas como en instalaciones portuarias utilizadas para ingresar hidrocarburos bajo declaraciones falsas.
La nueva investigación se desarrolla después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico, donde las autoridades detectaron que una carga declarada como aditivos para aceites lubricantes en realidad correspondía a combustible. Ese hallazgo permitió descubrir una red de complicidades entre marinos, funcionarios y empresarios que habría operado al menos 69 maniobras de contrabando entre junio de 2023 y marzo de 2025.
De acuerdo con los datos citados, esa estructura permitió la entrada ilegal de al menos 564 millones de litros de combustible, cifra que coloca al caso como una de las mayores conspiraciones criminales recientes vinculadas al llamado huachicol fiscal. Ahora, con las acusaciones contra mandos del Ejército en Matamoros, el escándalo deja de concentrarse únicamente en la Marina y se extiende también a personal de la Sedena asignado al control aduanero.
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