Astillero
Julio Hernández López
El escenario va cambiando. Es un dato mayor, de calibre aún impredecible, que un general de división mexicano en retiro, quien además fue secretario de Seguridad Pública con Rubén Rocha Moya, hubiese decidido entregarse a las autoridades de Es-tados Unidos.
Con ese insólito cruce de frontera, el general Gustavo Mérida Sánchez hizo innecesario discutir y definir si procedería tanto su detención provisional como su extradición, pues él por decisión propia se entregó a quienes lo reclamaban para juzgarlo.
En su primera y breve declaración en Brooklyn se dijo inocente de los cargos que le imputan, pero en los hechos prefirió comparecer ante la soberanía de una nación extranjera e incluso, si las negociaciones avanzan conforme a lo que se pretende, sería una calificada voz cooperante, no sólo por su alto grado militar, sino por las posiciones que ha ocupado: comandante en zonas militares, subjefe y jefe de las secciones segunda (encargada de tareas de inteligencia), tercera y cuarta del Estado Mayor Presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional y director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.
De confirmarse que será un testigo cooperante, la capitulación del general golpearía a las fuerzas armadas y al gobierno mexicano en general. Un ejemplo se dio de inmediato en Sinaloa, donde la gobernadora interina, la morenista Yeraldine Bonilla Valverde, señaló que el nombramiento del general Mérida Sánchez “no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del Estado”. En Zacatecas, según nota de Alfredo Valadez, corresponsal de La Jornada, la Sedena removió a un general de brigada, comandante de una zona militar, por versiones de que ha favorecido a un grupo criminal (https://goo.su/DWIag).
Además, con insistencia, pero aún sin confirmación a la hora de redactar esta columna, en algunos medios se asegura que suerte colaborativa similar habría asumido Enrique Díaz Vega, empresario que fue secretario de Finanzas y Administración del gobernador Rocha Moya. Dos piezas claves: las policías y el dinero. Otro personaje relevante, el senador Enrique Inzunza Cázarez, se mantiene declarativamente en Sinaloa y decidido a enfrentar lo que corresponda en México, entre versiones de que podría ser un tercer encaminado por decisión propia a la corte de Brooklyn.
La propia presidenta Sheinbaum ha ido girando su discurso hacia posicionamientos que implícitamente parecieran menos defensivos de Rocha Moya y sus nueve acompañantes de expediente gringo. Mantiene el rechazo a que fuerzas exteriores pretendan mandar en México y que se intente frenar el proceso denominado Cuarta Transformación. Pero este sábado, en Yucatán, advirtió: “nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”.
En otro escenario de la conflictividad en curso, este sábado se desarrolló en Chihuahua algo más que una adelantada batalla electoral. Con una contundencia nunca vista antes contra Morena y la 4T, se desplegó una ofensiva mediante bloqueo de carreteras para impedir el traslado de contingentes guinda, el súbito inicio obstructivo de obras o reparaciones en calles de la ciudad, la colocación de propaganda contra la 4T en espectaculares y la presión e insultos contra los dirigentes nacionales del partido guinda al llegar al aeropuerto de la capital norteña.
Lo sucedido no constituye una escaramuza electoral o un incidente fácilmente superable. La gobernadora panista María Eugenia Campos, sus puntales locales y su aliado extranjero, el gobierno de Estados Unidos, buscan potenciar una ofensiva retórica y operativa que incluye el empecinamiento retador en instalar representaciones de agencias extranjeras (CIA, DEA y FBI, las notables) en la Torre Centinela en Ciudad Juárez: una provocación al servicio de los avanzados planes intervencionistas del trumpismo. ¡Hasta mañana!
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