Ciudad de México, 30/10/25 (Más).- Una nueva polémica con tintes diplomáticos y judiciales ha surgido en torno a Simón Levy, exfuncionario federal, luego de que autoridades mexicanas confirmaran su detención en Europa mientras que él niega haber sido capturado y asegura estar en libertad en Estados Unidos.
El caso ha cobrado notoriedad tanto por la confusión que genera como por la difusión mediática que el propio implicado ha impulsado desde el extranjero.
Levy, quien se desempeñó como subsecretario de Planeación Turística durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue señalado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como sujeto de un proceso judicial en Portugal.
De acuerdo con la mandataria, la detención se efectuó el pasado 28 de octubre con base en dos órdenes de aprehensión emitidas por autoridades mexicanas. Si bien fue liberado por contar con nacionalidad europea, el Tribunal de Apelaciones de Lisboa le impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y el control de identidad.
“Es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Él parece que tiene nacionalidad europea, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país”, explicó Sheinbaum en su conferencia matutina, donde dejó claro que el proceso judicial sigue abierto.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que las órdenes de aprehensión contra Levy están relacionadas con delitos contra el ambiente, responsabilidad de obra, amenazas y daño en propiedad ajena. Además, precisó que acumuló siete inasistencias a audiencias judiciales entre 2021 y 2025, lo que derivó en una alerta migratoria activada en coordinación con Interpol. La dependencia capitalina subrayó que el exfuncionario enfrenta procedimientos penales distintos, por lo que su situación es jurídicamente delicada.
Pese a esta información oficial, el propio Levy ha negado rotundamente haber sido arrestado.
A través de sus redes sociales y en entrevistas concedidas a medios de comunicación desde Washington D.C., ha asegurado que todo se trata de un montaje político y que las autoridades mexicanas están mintiendo. “No estoy ni detenido, ni procesado, ni en Portugal”, afirmó recientemente en un video difundido en su cuenta personal, donde además aseguró que fue víctima de un intento de asesinato y acusó al gobierno de una persecución en su contra.
La contradicción entre la versión del gobierno federal y la narrativa impulsada por el exfuncionario ha incrementado la atención mediática sobre el caso. Mientras las autoridades mexicanas sostienen que existe un procedimiento formal de extradición en curso, acompañado de documentación oficial de Portugal, Levy insiste en que su presencia en Estados Unidos es legítima y que su imagen está siendo utilizada como parte de una campaña de difamación.
El caso también ha abierto cuestionamientos sobre la cooperación judicial internacional, el uso político de los aparatos de justicia y la facilidad con la que una figura pública puede desafiar desde el extranjero la narrativa oficial. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido una postura más amplia sobre el avance del proceso de extradición.
El proceso penal que enfrenta en México se originó a partir de denuncias presentadas por particulares que lo acusan de amenazas y actos de intimidación derivados de un conflicto por la remodelación de un inmueble en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. A ello se suman señalamientos por presuntas irregularidades en obras realizadas sin los permisos correspondientes, lo que habría ocasionado daño en propiedad ajena y afectaciones al entorno urbano.
Simón Levy, conocido por su cercanía con el presidente López Obrador durante los primeros años del actual sexenio, había mantenido un bajo perfil en los últimos años hasta que comenzaron a surgir los procesos judiciales en su contra. Ahora, su situación se ha convertido en uno de los casos más mediáticos y confusos en lo que va del año, en medio de un contexto político en el que se exige mayor transparencia sobre la actuación de exfuncionarios públicos.
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