El espionaje del Cisen y la Sedena a periodistas

El informe “Fue el Estado (1965-1990)” revela que el Estado mexicano utilizó recursos públicos para espiar sistemáticamente a periodistas y medios de comunicación, documentando al menos 250 comunicadores como víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo ejecuciones y desapariciones

Tomado de Emeequis

En distintos momentos, el Estado mexicano movilizó recursos públicos para espiar, sistemáticamente, a periodistas y a sus respectivos medios.

Durante décadas, su aparato de inteligencia siguió de cerca a la prensa no solo para documentar la situación en los estados, sino también para vigilar las actividades de los periodistas —incluida su participación en actos políticos— y el contenido de sus publicaciones.

Esta es una de las conclusiones del Informe final ‘Fue el Estado (1965-1990)’, del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, entregado pocos días antes del final del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sedena infiltró a militar como falsa periodista para espiar a víctima de tortura

El informe documenta al menos a 250 comunicadores como víctimas de violaciones graves a derechos humanos durante el periodo que denominó “de violencia política” (1965-1990) y el inmediatamente posterior (1990-1993). Este grupo incluye 24 víctimas de ejecución extrajudicial y siete de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial (incluido un familiar de un periodista).

Durante el proceso de documentación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) obstruyeron o negaron la apertura de sus archivos y la entrega de información.

Contra los periodistas

El “Capítulo 3: Violaciones graves a derechos humanos en contra de periodistas” señala que en distintos momentos, el Estado movilizó recursos para encubrir las violaciones cometidas por sus agentes, o en coordinación con agentes no estatales, hacia los periodistas. “Movilizó a elementos de distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, hostigó y torturó a testigos y presuntos responsables, y desvió deliberadamente las investigaciones”. Todo esto resultó en un escenario de impunidad hacia las agresiones a la prensa, que incluyó asesinatos, espionaje y otros tipos de ataques. El gobierno de López Obrador negó que la vigilancia a la prensa continúe en la actualidad, aunque organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y equipos de investigación periodística transnacional demostraron que esta vigilancia se mantuvo durante su mandato.

Medios inconvenientes

El informe de la Comisión de la Verdad muestra que localizaron “documentos de corte ideológico y diagnósticos técnicos, que evidencian la visión instrumental y propagandística que el Estado tenía respecto de la prensa, así como las preocupaciones que el Estado tenía hacia finales de los años setenta en torno a la necesidad de regular los medios de comunicación”. Esto ocurrió en un contexto de fractura del modelo histórico de subordinación de la prensa, cuando surgieron medios como ‘Excélsior’ de Julio Scherer García y, tras “el golpe” del gobierno de Luis Echeverría en aquel periódico, el nacimiento de ‘Proceso’, ‘Unomásuno’, ‘Punto’ y ‘La Jornada’.

“Se documentó la existencia de departamentos dentro de la estructura burocrática del Estado, cuyo objetivo principal era regular —cuando no controlar— la actividad periodística. También se documentó, en la mayoría de los casos, la organización premeditada de los ataques, desde el Estado o con su apoyo, en contra de periodistas; incluso la coordinación de distintas instituciones para tal efecto”.

Los perpetradores

Los perpetradores comparten características comunes: “Agentes estatales o no estatales que actuaron con el apoyo o la aquiescencia del Estado. En los casos abordados en este capítulo, se identificaron como responsables a los siguientes perfiles: secretarios de Estado, titulares de agencias de seguridad e inteligencia federales, gobernadores, secretarios de gobiernos estatales, presidentes municipales, regidores, agentes de la PGR [hoy Fiscalía General de la República, FGR], procuradores estatales, policías judiciales, federal y estatales, policías municipales, altos mandos y mandos intermedios del Ejército, elementos del Ejército y Marina, exagentes de inteligencia federales, así como madrinas, guardias blancas, integrantes del crimen organizado y personas imputadas por delitos del orden común, que participaron en actos coordinados con agencias del Estado, líderes sindicales y empresarios vinculados a la política”.

El caso de Odilón López

Odilón López fue uno de los periodistas que el gobierno espió. La Dirección Federal de Seguridad envió el 26 de julio de 1980 a Gobernación un documento del sector especial titulado “Publicación aparecida en el folleto ‘Onda’, que escribe el periodista Odilón López Urías”. El agente Arturo Moreno Espinosa transcribió una crítica a Javier García Paniagua, entonces secretario de la Reforma Agraria: “en 2 meses de actuación, el edificio de Bolívar y Fray Servando se ve desierto de campesinos y pequeños propietarios, a la entrada hay 3 coroneles, los elevadores son manejados por tenientes, en cada piso hay más sargentos que funcionarios”. García Paniagua, sostuvo el periodista, “se ha rodeado de tanto maleante”; luego continúa: “poco le interesa la tenencia, reparto agrario y producción alimenticia, le encanta el chisme político que proviene de la DFS, de Gobernación y el PRI”.

El documento incluyó información personal sobre López Urías, con un tono de descrédito que menciona supuestas adicciones y posibles delitos. El 9 de octubre de 1986, entre seis y ocho pistoleros detuvieron el vehículo en el que el periodista viajaba con su familia en la carretera Guamúchil-Culiacán. Lo sacaron a la fuerza. Dos días después, apareció su cuerpo; lo acribillaron con tres disparos.

Seis meses antes, asesinaron a su hijo Héctor Odilón López López, también periodista, y el padre acusó al hijo del gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, cuya administración transcurrió bajo sospecha de protección al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. El episodio del espionaje a López Urías se reveló en El expediente perdido de Javier García.

Esta información fue publicada por Emeequis con la firma de Áxel Chávez. Para ver la publicación original presionar aquí.