El derecho a disentir, opinar o discordar

Apuntes para el insomnio

Por Manuel Fragoso Álvarez

Corren tiempos difíciles, en donde a pesar de los grandes inventos tecnológicos y avances de todo tipo, el hombre sigue siendo un lobo para el hombre. Hacemos armas cada vez más mortíferas, provocamos guerras más cruentas, los países crecen y quieren más territorios sin importar el costo en sangre, hemos caído en una deshumanización.

 Los gobernantes desean tener el poder absoluto y que no se la restrinja nada ni nadie, un poder omnímodo, aunque para ello se pisoteen los derechos de los demás, de aquellos que ellos en sus discursos llaman pomposamente el pueblo.

Y así van quitando las “piedritas del camino”, todo aquello que les estorbe para lograr sus propósitos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, así como las instituciones que podrían frenarlos como la Comisión de Derechos Humanos el INE, el acceso a la información, y otras, también aplastan a las ONGs que consideran van a cuestionarlos. Así es como se dice adiós a las democracias y se llega a una tiranía.

Crean leyes para vigilar a los ciudadanos como un Gran Hermano, agregan artículos a la Constitución para que los beneficie y cubra las espaldas de esos personajes oscuros y corruptos que no se mueven en las sombras sino bajo la férula protectora de esas leyes que se construyeron a modo.

Buscan acallar conciencias, silenciar a aquellos críticos del sistema que no están de acuerdo, porque se dan perfecta cuenta de lo malo que pasa en su país, pues son alérgicos al reclamo justo, al cuestionamiento con evidencias y a la crítica porque se creen poseedores de la verdad absoluta, sus “otros datos”. Y al no tener argumentos válidos para defender sus posturas, mediatizados por el discurso anacrónico y desfasado de su tlatoani en turno, atacan con todo el poder del estado a quienes ellos consideran sus “enemigos”, reales o no.

En uno de sus textos, Amnistía Internacional, defiende nuestro derecho a hablar, a opinar, a expresarnos ante lo que consideremos una injusticia, dice que nuestra voz cuenta, que tenemos derecho a decir lo que pensamos, a compartir información y también tenemos derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y expresar nuestras opiniones al respecto. Y este derecho debe ser esencial en una sociedad abierta y plural para que funcione democráticamente.

Sartre dice que el ser humano no puede escapar de la responsabilidad de tomar decisiones y esto implica un compromiso con el mundo y con los demás, pues esto implica que debe elegir el mundo en el que quiere vivir.

Así es que cuando alguien quiere “violentar” el Stato Quo, los “poderosos” utilizan la fuerza del estado para humillar, castigar, amedrentar y silenciar a sus críticos.

Así ocurrió con el abogado Carlos Velázquez de León que tuvo que ofrecer una disculpa pública en la ex máxima tribuna del país, la cámara de senadores (sic) dicha disculpa fue transmitida y por primera vez, en la historia moderna del país, un ciudadano fue obligado a ofrecer disculpas públicas a un político, al morenista Gerardo Fernández Noroña que fue “insultado” (increpado) en la sala VIP de un aeropuerto. Ni el PRI ni el PAN en sus mejores momentos, se atrevieron a tanto.

La diputada federal por Sonora, “dato Protegido” Diana Karina Barreras obligó, por medio del INE, que la ciudadana Karla Estrella le ofreciera disculpas públicas durante un mes diariamente, por un tuit que publicó y en el cual la diputada se sintió ofendida en su calidad de mujer. Aceptó que no fuera el mes porque la presidenta le solicito amablemente que fuera más humilde.

La gobernadora de Campeche Layda Sansores, logró el cierre del diario Tribuna con más de 50 años de informar, dicho periódico fue fundado por el sr. Carlos Sansores Pérez (padre de Layda) y fue el primer periódico impreso en la entidad. El  13 de junio dicho diario dejó de operar en forma digital tras un juicio en el cual la gobernadora denunció a Organización Editorial del Sureste, a su ex director, Jorge Luis González Valdez, y al administrador, Isidro Yerbes, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias. Ganó el poder, por supuesto.

En Nochixtlán Oaxaca, la Vice fiscalía de Huajuapan de León, impuso medidas restrictivas al periodista Alejandro López, director del portal “Nuevo Siglo Noticias”. Por difundir una denuncia ciudadana contra el Registro Civil de por cobrar al emitir una Clave Única de Registro Poblacional (CURP) cuyo trámite es gratuito.

En Puebla el congreso modificó el artículo 480 del Código Penal, para castiga el ciber asedio, multas altas y hasta tres años de prisión, para quienes incurran en el “delito” de cuestionar las acciones de los funcionarios y personas, en redes e incluso en correos electrónicos. Ciudadanos y especialistas la llaman ley censura por los riesgos e implicaciones que tiene dicha ley para coartar la libertad de expresión.

 El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia, así como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras.

Por cierto, los datos biométricos incluyen información sobre las características físicas o de comportamiento únicas de una persona que pueden usarse para identificarla, con un impacto en su privacidad.