El caso que Zaldívar y Alpízar quisieron cerrar

Un magistrado federal denunció que fue presionado para cerrar procesos judiciales en un fraude en la extinta Policía Federal, con el argumento de que “las reformas” dependían de ello; en ese momento, el Congreso discutía la llamada “Ley Zaldívar”

REDACCIÓN MÁS / IA

En un giro impactante de los acontecimientos, el exministro Arturo Zaldívar y su cercano colaborador, Carlos Alpízar, han sido señalados por presuntamente intentar influir en el curso de procesos judiciales relacionados con un fraude masivo en la extinta Policía Federal. De acuerdo con la investigación de Animal Político, las revelaciones provienen de un magistrado federal que ha presentado una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respaldada por grabaciones telefónicas obtenidas y difundidas por N+.

La trama delictiva, estimada en más de 2,500 millones de pesos, involucra a varios exfuncionarios prominentes, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Orta y Martínez, entre otros, habrían recibido sumas multimillonarias en cheques provenientes de cuentas de la partida «Gastos de Seguridad Pública y Nacional» de la Policía Federal, un acto que constituye un grave desvío de fondos públicos.

El inicio de este escándalo se remonta a los primeros días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó irregularidades financieras por compras indebidas dentro de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La respuesta fue una orden de aprehensión emitida por un juez federal contra 19 funcionarios relacionados con el fraude.

Entre los señalados por la FGR se encontraba Jesús Orta Martínez, quien se vio obligado a renunciar a su cargo como secretario general de la Policía Federal después de que saliera a la luz la investigación en su contra. La FGR lo acusa de recibir 99 cheques por un total de 754 millones 661 mil 50 pesos entre 2013 y 2014. Frida Martínez Zamora, por su parte, habría recibido 147 cheques por un total de mil 764 millones 956 mil 64 pesos en el mismo período.

La trama se complica aún más con la intervención de Zaldívar y Alpízar, quienes supuestamente intentaron influir en la resolución de varios amparos relacionados con el caso. Según el relato del magistrado denunciante, Alberto Roldán Olvera, este fue presionado repetidamente por Alpízar y otro magistrado, Constancio Carrasco, para emitir una resolución favorable en un amparo presentado por Frida Martínez.

Los intentos de manipulación judicial fueron acompañados de amenazas veladas, incluso relacionadas con la familia del magistrado. A pesar de estas presiones, Roldán se mantuvo firme en su integridad profesional. Sin embargo, esto no evitó que fuera cambiado de adscripción a Morelia, una decisión que interpretó como un castigo por no ceder a las demandas de Alpízar y Carrasco.

El caso de Frida Martínez tomó un giro inesperado cuando, después de varios meses de maniobras legales, el nuevo juez a cargo del caso, Juan Manuel García Arreguín, otorgó un amparo a Martínez, revocando la orden de aprehensión en su contra. Esta decisión fue precedida por la resolución favorable a Martínez en un Tribunal Colegiado, que validó el amparo concedido por el juez Roldán.

La influencia ejercida por Alpízar y Carrasco en este caso plantea serias dudas sobre la integridad del proceso judicial. El cambio repentino de Roldán de adscripción y la posterior resolución a favor de Martínez levantan sospechas sobre posibles irregularidades en el sistema judicial.

Este escándalo pone de relieve la necesidad de salvaguardar la independencia del Poder Judicial y asegurar que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial, sin influencias externas. La sociedad exige transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno, especialmente en casos de corrupción que involucran fondos públicos y altos funcionarios.

Con información de Animal Político