Redlands, Florida. 30/06/2025 (Más). – A poco más de media hora al sur del glamur de Miami, los campos verdes de los Redlands revelan otra realidad: una comunidad de trabajadores inmigrantes atrapada entre las flores que cultivan y el temor constante a la deportación.
En esta región agrícola, salpicada de viveros que ofrecen palmas, orquídeas y plantas ornamentales, se respira inquietud. Aunque las “nurserías”, como las llaman en español sus trabajadores centroamericanos, siguen abiertas, la actividad es mínima. Muchos empleados se ocultan en casas móviles dentro de las fincas, evitando salir incluso para comprar víveres o llevar a sus hijos al médico. “Con la situación como está ahorita, no estamos saliendo”, dice un empleado mexicano, que pide el anonimato por miedo a ser detenido por las autoridades migratorias.
Desde hace meses, Florida vive una ofensiva migratoria sin precedentes. Redadas en obras de construcción, campos agrícolas y carreteras han provocado un clima de terror entre los trabajadores del campo, particularmente en localidades como Homestead, donde el 70% de los residentes son hispanos y muchos trabajan en viveros y fincas. Saúl Alemán, activista y propietario de viviendas, ha instalado cámaras de seguridad para alertar a sus inquilinos, muchos de ellos indocumentados. “Si no tienen que salir por absoluta necesidad, no lo van a hacer”, dice.
En redes sociales abundan las alertas comunitarias: publicaciones virales en TikTok y Facebook advierten sobre checkpoints y patrullas del ICE cerca de parques, avenidas y caminos frecuentados por trabajadores. El miedo se ha extendido tanto que incluso personas en situaciones médicas graves prefieren no acudir a urgencias. “Una mujer me llamó esta semana porque estaba sangrando y no quería ir al hospital”, cuenta Griselda Payne, de la Asociación de Agricultores en Apopka.
La paradoja es brutal. Florida es uno de los pilares de la agricultura en Estados Unidos, con una industria que genera cerca de 9 mil millones de dólares anuales, según el Departamento de Agricultura. Y, sin embargo, casi la mitad de sus trabajadores agrícolas carecen de estatus migratorio legal. Ernesto Ruiz, de la Asociación de Campesinos de Florida, resume la contradicción: “Dependemos de ellos para producir nuestros alimentos, pero les damos la espalda con estas políticas”.
A nivel nacional, la estrategia migratoria del expresidente y actual mandatario Donald Trump se tambalea entre la presión industrial y el endurecimiento ideológico. A mediados de este mes, Trump pidió frenar las redadas contra trabajadores agrícolas, calificándolos como “muy buenos y de larga trayectoria”. Sin embargo, días después, su administración retomó los operativos. En una entrevista reciente, el presidente anunció que trabaja en un “pase temporal” para permitir a los agricultores emplear a inmigrantes indocumentados sin temor a perderlos, aunque no dio detalles.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha ido más allá del gobierno federal, impulsando leyes que criminalizan la contratación de indocumentados y ampliando el programa 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes migratorios. La cifra de acuerdos bajo este programa ya supera los 200, el número más alto del país, e incluye a ciudades con gran población inmigrante como Miami y Homestead.
Aunque el jefe de policía de Homestead, Mario Knapp, asegura que no hay redadas generalizadas, residentes y empleados de viveros insisten en que la presencia de ICE y otras autoridades es constante. “Saben dónde ir a buscarlos, en los trabajos que nadie quiere”, señala Nedardo Viegues, cuya familia tiene un pequeño vivero.
Los viveros, que ofrecen trabajos arduos bajo el sol por el salario mínimo estatal —alrededor de 13 dólares por hora—, enfrentan una escasez crítica de trabajadores. Algunos han optado por tratar de contratar empleados con visas H2A, un programa legal que permite traer trabajadores temporales del extranjero, pero los costos —superiores a los 1,000 dólares por persona— son prohibitivos para pequeños negocios.
“Estamos viendo viveros que ya no pueden operar, cultivos abandonados, cosechas perdidas. En unos años no quedarán trabajadores agrícolas aquí”, advierte Arturo López, de la Coalición de Organizaciones de Trabajadores Agrícolas de Florida.
Las consecuencias ya son visibles. Calles desiertas, parcelas vacías, escuelas con menor asistencia, negocios cerrados. “Pronto no va a haber plantas para las nuevas casas que están construyendo en Miami”, sentencia Viegues. “No podemos pagar más, y nadie quiere trabajar por ese salario”.
La agricultura en Florida florece gracias al trabajo invisible de miles de inmigrantes. Hoy, ese trabajo se marchita entre el miedo, la incertidumbre y una política que, lejos de proteger a quienes sostienen el campo, los convierte en objetivo.
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