27/10/25
Por Juan Ciudadano
¿Quién va ganando?
Siguen los ecos del enfrentamiento a golpes entre legisladores coahuilenses a raíz de la licitación de la Comisión Federal de Electricidad por un monto superior a los 12 mil millones de pesos para adquirir carbón.
Como usted recordará estimado lector, los protagonistas del pleito fueron Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal por el PT y Theodoros Kalionchiz, representante panista, ellos intercambiaron puñetazos y patadas en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, justo antes de la comparecencia de la titular de esa dependencia, Esther Calleja Alor, ante el legislativo federal.
Después del altercado, al final de la semana anterior, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas se anotó un punto a su favor al contar con la presencia de Calleja Alor en un evento con productores coahuilenses.
Eso en los hechos fue un respaldo al grupo de carboneros a los que se opone Mejía Berdeja y su compañero de partido, diputado local y dueño de una empresa comercializadora de carbón, Antonio Flores Guerra.
El mensaje fue claro, la licitación sigue adelante y los Flores Guerra se quedan sin contratos, sin embargo, contrario a eso, en una nota informativa, escrita por el experimentado reportero David Guillén Patiño, se consigna el hecho de que un juez federal determinó suspender las licitaciones de la CFE y detener la ministración de carbón por parte de los productores que habían obtenido los contratos.
De acuerdo con esa información, el juez habría decidido la suspensión a principios de la semana pasada, lo único extraño de esa nota es que el medio que la publicó originalmente la fechó el día 15 de junio de 2039. Todo indica que la nota no fue escrita ese día, ni ese mes y mucho menos en ese año, pues en el texto se puede leer que la resolución judicial entrará en vigor el 23 de octubre de 2025, es decir, el jueves de la semana pasada.
Si esa información es veraz, entonces la reyerta por los 12 mil millones de pesos aún no termina y a los Flores Guerra todavía se les mueve una patita.
Casualmente también la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un informe en el que menciona irregularidades por más de 70 millones de pesos en la adquisición de carbón por parte de la CFE en 2024.
El informe no precisa nombres de carboneros, pero se sabe que por lo menos una de las empresas beneficiadas con contratos pertenece al diputado Flores Guerra, más conocido por su auto Lamborghini que por su trabajo legislativo.
Pero no es la única coincidencia, también la semana pasada surgió la información, no desmentida, en el sentido de que el diputado Flores Guerra habría solicitado el amparo de la justicia federal y habría obtenido la suspensión provisional del acto reclamado, que en cristiano significa que no lo podrán detener en tanto el juez no revise a fondo el caso y decida si la justicia federal protegerá o no al carbonero.
Dos cosas están claras: una, la semana pasada se soltó el diablo en la política coahuilense y dos, a la novela del carbón aún le faltan algunos capítulos por escribir.
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