El Callejón

03/08/26

Por Juan Ciudadano

Ganó la muerte

La muerte del adolescente Dereck Damián no debe archivarse como un accidente más, otro número en una estadística, o como una tragedia inevitable de esas que las autoridades lamentan con un comunicado, una esquela digital. El Alcalde Javier Díaz González está obligado a hacer mucho más que eso.

Lo ocurrido es consecuencia de una ciudad que desde hace tiempo se volvió peligrosa para los peatones, para los ciclistas y hasta para los conductores que cometen la extravagancia de respetar los límites de velocidad.

En Saltillo respetar el reglamento vial se ha convertido casi en una conducta antisocial. Las avenidas se transformaron en pistas de carreras. Quien circula a la velocidad permitida recibe luces, claxonazos, insultos, acelerones y miradas de desprecio, como si fuera culpable de obstruir el sagrado derecho de los demás a manejar como protagonistas de una película de acción de bajo presupuesto.

La muerte de Dereck Damián fue incluso registrada en video. Ahí está la evidencia, fría, brutal, imposible de maquillar. Una cámara captó el momento, pero la cámara solo observó. Se convirtió en testigo mudo de una tragedia, en otro tiempo en Saltillo las cámaras servían para inhibir los accidentes y los fallecimientos, no solo para grabarlos.

Durante la administración del alcalde Isidro López Villarreal se implementó el sistema de fotomultas. La medida fue impopular, desde luego. A nadie le gusta que le cobren por hacer aquello que sabe que está prohibido.

Los infractores pusieron el grito en el cielo. Se sintieron perseguidos, agraviados y víctimas de un régimen autoritario, pero las fotomultas dieron resultados.

Durante varios meses se logró eliminar la muerte por accidentes viales. Ese era el dato verdaderamente importante. Había menos excesos de velocidad, más precaución y, sobre todo, personas que regresaban vivas a sus casas.

Después llegó la política.

El gobierno municipal que siguió echó abajo el sistema. Las fotomultas eran impopulares, molestaban a los automovilistas, generaban críticas y podían representar un costo electoral. Así que se tomó una decisión muy política y muy poco humana: quitarlas

Ganó la política, ganaron los rebeldes, los infractores, quienes confunden una avenida con un autódromo, ganaron los asesinos viales. Perdieron la seguridad vial y la vida.

El problema de una ciudad no es solamente que existan conductores irresponsables. Siempre los habrá. El verdadero problema comienza cuando la autoridad renuncia a controlarlos por temor a perder simpatías.

Un gobierno no está para caerle bien a todo el mundo. Está para proteger a la población, incluso de la irresponsabilidad de quienes después se quejan amargamente cuando reciben una multa.

Las cámaras siguen ahí. El video de la tragedia también. Ahora falta decidir si servirán únicamente para reconstruir la muerte o para evitar la siguiente.

Justicia con reflectores

La Fiscalía General de la República anunció la reapertura del caso de Elisa Loyo, la chef saltillense que murió en Filipinas hace varios años.

Qué bueno que el caso se reabra, toda muerte rodeada de dudas merece una investigación seria, y toda familia tiene derecho a conocer la verdad. En eso no hay nada que reprocharle a la FGR.

El problema aparece cuando se compara esa apertura informativa con el silencio que la misma institución mantiene en el caso de Chris Hernán Pérez Rentería, el joven que murió después de ser detenido y llevado a los separos de una corporación policiaca en Torreón.

En ese asunto, la Fiscalía General de la República no quiere contestar siquiera si atrajo o no la investigación.

En otros casos anuncia con solemnidad que ejercerá su facultad de atracción, difunde comunicados, confirma diligencias y permite que los reflectores iluminen su actuación.

Lástima que esa delicadeza no se aplique para informar a una familia que exige justicia ni para responderle a una sociedad que sospecha que detrás de la muerte puede existir abuso policial.

Parece que la transparencia de la FGR depende de un factor muy sencillo: si no hay autoridades involucradas, abre las cortinas, enciende las luces y posa frente a las cámaras; si aparece una corporación policiaca, baja las persianas, apaga el teléfono y se declara impedida hasta para confirmar que existe.

No se critica que reabra el caso de Elisa Loyo. Al contrario, se celebra, lo que se cuestiona es el doble rasero. La justicia no debería ser transparente solamente cuando resulta cómoda, ni secreta cuando puede incomodar a una autoridad. La publicidad de las investigaciones no puede depender de quién aparece señalado en el expediente.

Qué bueno que la FGR investigue y lo diga, pero así debería actuar en todos los casos. La justicia que se exhibe cuando no hay policías involucrados y se esconde cuando aparece una placa, un uniforme o una patrulla no es justicia imparcial. Es relaciones públicas con carpeta de investigación.

Esa es la supuesta justicia que hoy se procura: una que escoge cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, ante quién apagar los reflectores.