17/02/26
Por Juan Ciudadano
Prohibido preguntar
El problema no es menor ni anecdótico: en el gobierno municipal de Saltillo se está volviendo práctica que nuestro medio sea bloqueado sistemáticamente cuando se trata de hacer preguntas al alcalde Javier Díaz González sobre asuntos que podrían resultarle incómodos. No es “desorganización”, ni “falta de tiempo”, ni “se nos pasó”; es una línea clara: hay espacios para el aplauso, pero no para el cuestionamiento. Y cuando se restringe el acceso a preguntar, no se afecta a un medio: se afecta el derecho de la ciudadanía a saber.
Ayer, esa dinámica se repitió de forma abierta. Nuestra reportera intentó plantear preguntas y no se le permitió hacerlo. Así, sin explicación de fondo, la información pública se administra como si fuera cortesía, no obligación.
¿Y qué se quería preguntar? Sobre un tema de interés público que amerita precisión, respaldo técnico y claridad presupuestal: el anuncio de un programa de bicicletas sin costo, presentado por el Director Municipal de Salud, Rubén Rodríguez Lindsay, con un enfoque “premium” y estrictamente recreativo.
El propio planteamiento reconoce que el esquema no se diseñó como transporte cotidiano ni como parte de una movilidad integrada, sino como recreación en sectores de mayor plusvalía. Eso abre preguntas legítimas: ¿por qué concentrar recursos en zonas donde la necesidad de movilidad no es la más apremiante?, ¿Cuál es el criterio técnico?, ¿de dónde sale el presupuesto?, ¿hay licitación?, ¿Cómo se medirá el impacto?, ¿por qué no iniciar donde una bicicleta sí puede significar acceso al trabajo o a la escuela?
Cuando un anuncio público carece de claridad institucional, lo responsable no es callar: es exigir información verificable. Bloquear preguntas en ese contexto no reduce la polémica; la multiplica. Porque si la administración quiere confianza, el camino no es cerrar el micrófono: es abrir los datos.
Momento crítico
En Coahuila, el panorama de salud pública se está deteriorando con rapidez y exige una respuesta institucional más clara, constante y medible. El incremento de sífilis adquirida y tuberculosis, sumado a la confirmación de dos casos de sarampión en San Pedro, no es un asunto para minimizar ni para tratar como estadística de trámite: son señales de alerta sobre prevención insuficiente, diagnóstico tardío y brechas de acceso a atención oportuna.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2025 Coahuila registró 1,065 casos de sífilis adquirida, colocándose entre las entidades con mayor afectación
En paralelo, la tuberculosis sigue siendo una amenaza seria, particularmente por su capacidad de propagación en entornos de convivencia cerrada, con ventilación deficiente y atención tardía. En los primeros días de 2026 se confirmaron 58 casos en Coahuila
Lo que está ocurriendo —sífilis, tuberculosis y sarampión— demanda medidas sostenidas: campañas de prevención y educación, diagnóstico accesible y temprano, tratamiento garantizado, seguimiento clínico y una estrategia visible para reducir contagios. En salud pública, el costo de reaccionar tarde se mide en complicaciones, transmisión comunitaria y, en el peor escenario, en muertes que pudieron evitarse.
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