Ciudad de México, junio 9. El bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera no impidió que el senador Enrique Inzunza Cázarez siguiera cobrando su dieta legislativa, pues al no existir una resolución judicial que suspenda sus derechos como legislador, el Senado está obligado a pagarle, aunque ahora mediante cheque físico y no por transferencia bancaria.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, confirmó que Inzunza seguirá cobrando su dieta en cheque porque sus cuentas bancarias están bloqueadas. Además, Morena decidió no convocarlo a la Comisión Permanente para evitar que su presencia convirtiera la sesión en un espectáculo político.
El caso expone una contradicción institucional: las cuentas de Inzunza están congeladas por una medida administrativa del gobierno federal, pero ese mismo gobierno, a través del Senado de la República, debe mantener el pago de su dieta mientras no haya una determinación judicial que lo impida. La única modificación es el canal de pago, ya que el cheque puede recogerlo el propio senador o un representante.
La medida contra Inzunza forma parte del Acuerdo 156/2026, emitido el 6 de mayo de 2026 por la Unidad de Inteligencia Financiera y canalizado al sistema financiero mexicano a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La instrucción fue suspender cualquier operación bancaria y congelar los activos de 10 Personas Políticamente Expuestas vinculadas al gobierno de Sinaloa.
Aunque el comunicado oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera no publicó los nombres de las personas bloqueadas, Infobae señala que el contexto de las investigaciones y diversos reportes periodísticos identificaron en la lista a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; a sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz; al senador Enrique Inzunza Cázarez; al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a cuatro funcionarios y exfuncionarios de la administración estatal sinaloense.
Todos ellos tienen como punto común que el 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los incluyó en una acusación por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Los cargos mencionados van desde conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetaminas, hasta presuntos esquemas de protección política al crimen organizado.
Uno de los elementos más sensibles para el gobierno federal es que, de acuerdo con la información publicada, el bloqueo no surgió de una investigación iniciada en México. La Unidad de Inteligencia Financiera habría actuado casi tres semanas después de que Estados Unidos difundiera públicamente las acusaciones, luego de que bancos comerciales mexicanos activaran alertas internas sobre sus clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
La reacción de la banca privada mexicana se habría derivado de sus relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses. Al detectar el riesgo, los bancos encendieron sus mecanismos de cumplimiento y colocaron el foco sobre los señalados, lo que llevó después a la Unidad de Inteligencia Financiera a incorporarlos a su Lista de Personas Bloqueadas.
El analista Raymundo Riva Palacio señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera tardó ocho días en ejecutar el bloqueo desde que las acusaciones se hicieron públicas, un retraso que fue interpretado como señal de la tensión política que el caso generaba dentro del gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum también abonó a esa lectura cuando, al ser cuestionada sobre el congelamiento, afirmó que no tenía conocimiento del tema y pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera informara en su momento. Además, precisó que no se trataba de que la Unidad de Inteligencia Financiera estuviera investigando al gobernador.
Estar en la Lista de Personas Bloqueadas no equivale a una condena ni a una determinación penal. La propia Unidad de Inteligencia Financiera subrayó que se trata de una acción preventiva de carácter administrativo, que no implica una responsabilidad penal acreditada en México ni constituye una determinación definitiva.
Sin embargo, los efectos prácticos son inmediatos: se suspenden las operaciones bancarias, se congelan los activos dentro del sistema financiero nacional y se genera impacto sobre cualquier empresa o entidad con vínculos contractuales con las personas incluidas en la lista.
Los afectados tienen 10 días hábiles para solicitar audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de que toman conocimiento del bloqueo. Después cuentan con otros 10 días para presentar pruebas y alegatos. La Unidad de Inteligencia Financiera dispone de 15 días hábiles para emitir una resolución.
Mientras Inzunza sigue cobrando su dieta legislativa en México, dos de los otros señalados ya se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración del gobierno de Rubén Rocha Moya, para quienes el debate sobre cuentas congeladas y pagos públicos quedó superado por un escenario judicial más concreto.
En el caso de Inzunza, la discusión pública se concentra ahora en dos frentes: el bloqueo bancario que no impide que siga recibiendo recursos públicos y la decisión política de Morena de mantenerlo lejos de la Comisión Permanente para evitar que su caso domine la escena legislativa.
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