Coordenadas Electorales
Por Darío Mendoza A
El mapa geopolítico y de seguridad en América Latina vive un viraje histórico. Durante décadas, el crimen organizado operó bajo una triangulación clara: Colombia como epicentro de producción de cocaína, Venezuela como plataforma logística de tránsito y México como controlador de las rutas finales de transporte y distribución de la droga. Pero la caída de los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y de Gustavo Petro en Colombia desmontó ese engranaje y obligó a las redes criminales a rehacer, de fondo, su forma de operar.
Tras el desplome político en Caracas y Bogotá, los nuevos liderazgos de ambos países adoptaron una postura pragmática en seguridad. Venezuela y Colombia aceptaron una colaboración abierta con Estados Unidos para enfrentar a los grupos delictivos más poderosos. Esta alineación hemisférica —con intercambio de inteligencia en tiempo real, reactivación de extradiciones y desmantelamiento de santuarios territoriales— está cerrando el cerco sobre las estructuras tradicionales del narcotráfico. Además, ha sumado a otros países latinoamericanos a una lucha regional contra el crimen organizado agrupada en el llamado Escudo de las Américas.
En contraste, México parece transitar la ruta opuesta. Mientras el continente modifica su estrategia frente al crimen organizado, la cúpula del poder en México se resiste a una cooperación estratégica con Washington. El resultado es un aislamiento creciente del gobierno mexicano en el tablero regional, justo cuando el rostro político y de seguridad de América Latina cambia de manera radical.
Peor aún: esta parálisis externa coincide con una peligrosa metamorfosis interna. En México, el crimen organizado diversificó sus operaciones hacia sectores altamente lucrativos, entre ellos el llamado huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, actividades que operan bajo evidentes vínculos con el poder político.
Frente a esta crisis de violencia, economía y corrosión institucional, el régimen mexicano ha optado por una apuesta arriesgada. En lugar de asumir con seriedad el combate frontal contra las mafias que liquidan vidas, destruyen el tejido social y arrancan paz a miles de familias, la estrategia parece consistir en resistir la presión de Washington y apostar al declive electoral de Donald Trump en noviembre próximo.
El aislamiento de México deja al país más expuesto a que las redes delictivas se consoliden en nuestro territorio. El costo puede medirse en la pérdida de la soberanía en varios territorios, en una falta de estabilidad económica y, finalmente, en la pérdida de más vidas humanas que en una guerra.
El Gobierno mexicano se mantiene con una conducta esquizofrénica; por un lado, mantiene el discurso de la soberanía; pero, por otro, coopera con los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en algunos operativos que no lastiman a sus narcopolíticos. Esa conducta contradictoria, tarde o temprano, se convertirá en una crisis más grave para el régimen político.
Los hechos están a la vista: Washington ha terminado la etapa de construir una narrativa sobre la narcopolítica en México y sus ajustes jurídicos, y se prepara para las acciones concretas. La señal más evidente fue retirarle la visa al hijo de un expresidente de México. Ahora todo puede pasar; en las próximas semanas habrá más sucesos que sacudirán a nuestra nación.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.