Ciudad de México, 22/07/26 (Más).- El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos este miércoles mientras se encontraba en un puesto de comida callejera en San Pablo Etla, municipio ubicado en la región central de Oaxaca, en un nuevo ataque contra la prensa mexicana que eleva a siete el número de comunicadores asesinados en el país durante este año.
De acuerdo con información publicada por El País, la agresión ocurrió cuando Leyva permanecía sentado en el establecimiento. Tras el ataque, el periodista quedó sin vida sobre el mismo puesto de comida, mientras autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.
Francisco Alejandro Leyva fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y en la actualidad publicaba análisis sobre la situación política y social del estado mediante su columna El zumbido del Moscardón, difundida a través de sus redes sociales.
Horas antes de ser asesinado, el comunicador había publicado una columna en la que cuestionaba la organización de la Guelaguetza y calificaba como un fracaso la celebración debido a la gestión del Gobierno estatal y a los problemas de inseguridad que enfrenta Oaxaca.

El gobernador Salomón Jara condenó el homicidio y expresó su respaldo a los familiares de la víctima y al gremio periodístico. En un mensaje difundido en redes sociales señaló: “Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico”.
El mandatario estatal reconoció que Leyva era un “periodista crítico” de su administración, al igual que otros comunicadores que ejercen su derecho a cuestionar y expresar opiniones sobre la actuación de las autoridades. También sostuvo que las diferencias con el trabajo de la prensa no pueden utilizarse para justificar agresiones.
Jara afirmó: “Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”. Añadió que solicitó la colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General de la República (FGR).
La intervención de las autoridades federales tendría como objetivo reforzar las investigaciones y evitar que se descarte alguna línea relacionada con la actividad periodística de la víctima. El Gobierno estatal indicó que buscará que el crimen sea esclarecido y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.
El asesinato de Leyva representa el segundo ataque mortal contra un periodista mexicano en menos de una semana. El caso anterior ocurrió en Puebla, donde Josué Martínez, director del medio Noticias San Martín Texmelucan, fue privado de la vida el 16 de julio.
Durante 2026 también han sido asesinados Carlos Castro, en Poza Rica, Veracruz, el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León, el 18 de marzo; Roxana Guzmán, quien fue secuestrada en Veracruz el 2 de junio; Luis Ángel López, en Poza Rica, el 11 de junio, y Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero, el 3 de julio.
Los homicidios forman parte de un escenario de amenazas, ataques armados, desapariciones y agresiones que enfrentan periodistas y medios de comunicación en diversas regiones del país, especialmente quienes informan sobre inseguridad, corrupción, crimen organizado y asuntos políticos.
La violencia contra la prensa también se ha manifestado mediante ataques a domicilios y redacciones. El viernes anterior, un joven disparó contra la vivienda de César Millán, director general del Grupo Adiscusión, en Culiacán, Sinaloa, sin que se registraran personas lesionadas.
Esa agresión fue la tercera relacionada con el medio sinaloense. Su fundador, Humberto Millán Salazar, fue asesinado en 2011, mientras que las instalaciones de la empresa periodística fueron atacadas nuevamente en junio de 2024. Sobre ambos hechos, la organización advirtió: “Ambos casos permanecen impunes”.
El homicidio de Francisco Alejandro Leyva vuelve a colocar en el centro de la discusión las condiciones de seguridad en las que trabajan los periodistas en México y la necesidad de que las investigaciones contemplen su labor profesional como una posible línea del crimen, además de garantizar que el caso no se sume a la larga lista de agresiones sin castigo.
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