Apatzingán, Michoacán, 09/07/2025 — La violencia criminal ha convertido a la región de Tierra Caliente en un territorio hostil para sus propios habitantes. Entre ataques armados, explosivos lanzados desde drones y minas antipersona ocultas en caminos rurales, el miedo ha desatado un nuevo capítulo de desplazamiento forzado en comunidades cercanas al municipio de Apatzingán, epicentro de una guerra sin tregua entre grupos del crimen organizado.
El pasado 2 de julio, un ataque con drones cargados de explosivos volvió a encender las alertas en Chandio, una localidad de poco más de mil habitantes a tan solo cinco minutos de la cabecera municipal. De acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, el atentado habría sido perpetrado por el cártel de Los Caballeros Templarios, con el aparente objetivo de destruir un inmueble presuntamente utilizado como almacén de explosivos por grupos rivales.
El dron no alcanzó su objetivo, pero dejó graves secuelas: un niño de apenas dos años resultó herido y al menos dos familias abandonaron la comunidad. “Es el ataque con explosivos más cercano a la cabecera municipal del que tenemos registro”, explicó un integrante del Observatorio, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.
En las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, ambas arrasadas por la violencia en marzo pasado, la situación no ha mejorado. El 25 de junio, enfrentamientos entre el Cártel Jalisco y Los Caballeros Templarios en el único puente que aún conecta la zona —el del Pitayo— provocaron nuevos desplazamientos, según el Observatorio, aunque no se tiene certeza de cuántas personas huyeron ni si han podido regresar.
En paralelo, el Ejército mexicano desactivó recientemente dos minas antipersona en El Alcalde, identificadas a tiempo por pobladores. No todos han corrido con la misma suerte: en abril, dos agricultores de limón murieron al pisar explosivos en comunidades vecinas. En total, la región suma una decena de víctimas mortales por minas desde 2024, lo que marca un alarmante aumento en el uso de estos artefactos prohibidos por tratados internacionales.
“Le tenemos pánico a las minas”, dijo uno de los pobladores desplazados. El temor es tal, que muchas familias huyen sin acudir a albergues, evitando cualquier registro oficial. Este fenómeno ha dado lugar a una nueva modalidad conocida como desplazamiento forzado intermitente: personas que abandonan su hogar, regresan por periodos breves para revisar propiedades o intentar volver, y luego vuelven a escapar por nuevas amenazas.
El Observatorio envió un escrito el 4 de julio al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la alcaldesa Fanny Lissette Arreola y al secretario de Seguridad estatal, Juan Carlos Oceguera, alertando de los nuevos desplazamientos en Apatzingán. Las autoridades acusaron recibo del documento, pero no respondieron oficialmente.
La violencia no se limita a Tierra Caliente. En el oriente del estado, el municipio de Zitácuaro vivió una jornada violenta el 19 de junio con bloqueos, ataques armados en seis puntos y un saldo trágico: un niño de 5 años muerto y varios menores heridos. En Tuzantla, la población de Francisco Villa quedó completamente deshabitada desde el 15 de mayo. El líder estatal del PRD, Octavio Ocampo, lo denunció desde la tribuna del Congreso local.
La Sierra del Capulín, en los límites con Morelia, también ha sido escenario de desplazamientos. El Observatorio documentó cómo un grupo criminal obligó a 68 personas a huir tras exigirles dinero o su incorporación forzada a actividades delictivas.
En todos estos casos, el Observatorio ha insistido en que los desplazamientos no siempre se reconocen oficialmente. Muchos de los afectados migran a otras regiones del país o al extranjero bajo la apariencia de migración económica, lo que invisibiliza su condición de víctimas.
“El estado debe reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado y garantizar los derechos de las personas desplazadas. No hacerlo, solo perpetúa la impunidad y la desprotección”, concluyó el organismo.
Mientras el horror se extiende por los caminos polvorientos de Michoacán, las comunidades siguen atrapadas entre las balas, las bombas y un silencio oficial que, hasta ahora, ha sido tan ensordecedor como la violencia misma.
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