Por Héctor García Álvarez
Saltillo, Coahuila, 08/04/25 (Más).- La llegada de drones a la seguridad en Saltillo pone sobre la mesa las preocupaciones que ya han surgido en otras regiones del país en torno a la privacidad y los derechos humanos, debido a la falta de regulación y transparencia, lo que podría derivar en abusos y control social.
Con la implementación de dos drones en tareas de vigilancia en Saltillo, presentados como una herramienta moderna para reforzar la seguridad y monitorear zonas de difícil acceso, el municipio experimenta un avance tecnológico. Sin embargo, otras regiones del país presentan una situación alarmante.
Esta práctica ha comenzado a generar preocupación en distintos sectores por sus implicaciones en materia de privacidad y derechos humanos, reflejando un posible anticipo del futuro para Saltillo.
Diversas dependencias, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han utilizado drones para tareas de inspección aérea, como la actualización del Registro Federal de Contribuyentes. Aunque funcionales en términos operativos, estas acciones podrían vulnerar el derecho constitucional a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio, especialmente cuando se realizan sin mandamientos judiciales previos ni el consentimiento de los ciudadanos.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho a la privacidad en su artículo 16, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad judicial, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este artículo garantiza la inviolabilidad de la privacidad, lo que implica que cualquier vigilancia o inspección debe estar justificada por una causa legal y contar con el debido proceso.
El problema se agrava por la falta de regulación específica. Si bien existen normas generales sobre el uso del espacio aéreo, aún no hay una legislación clara que delimite el uso gubernamental de drones en contextos civiles. Esta laguna legal abre la posibilidad de abusos, vigilancia sin supervisión y recolección de datos sin control ciudadano.
A esto se suma la poca transparencia con la que algunas instituciones operan estas tecnologías. No se informa de manera clara cuándo, cómo ni con qué propósito se graban imágenes o se recolecta información mediante estos dispositivos. En zonas fronterizas, por ejemplo, ha habido reportes de drones sobrevolando albergues de migrantes, lo que ha generado desconfianza y un ambiente de vigilancia constante en poblaciones ya vulnerables.
El uso de drones también se ha extendido a espacios de protesta y manifestaciones públicas. Su presencia en marchas sociales, como las del Día Internacional de la Mujer, ha sido percibida como una forma de intimidación que puede inhibir la participación ciudadana y limitar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Esta ha sido una queja recurrente entre grupos y movimientos sociales.
Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de una regulación robusta que garantice que el uso de drones respete los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Sin un marco claro, el uso gubernamental de estas tecnologías podría derivar en un sistema de vigilancia permanente, sin mecanismos eficaces de supervisión y con un alto costo para los derechos fundamentales de la población.
Lo que hoy se presenta como una innovación tecnológica puede convertirse en una herramienta de control silencioso si no se establecen límites firmes y transparentes.
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