Dos propuestas más a la congeladora en el Congreso 

Por Miguel Villarello

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Mientras a una diputada le turnan un dictamen referente al cobro de placas anticipado por considerarlo improcedente y a destiempo, otro diputado ve que su dictamen se va a comisiones por ser referente a llamar a cuentas a alcaldes de Torreón que se negaron a cumplir con el análisis de sus cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del 2021.

La primera de ellas fue propuesta por Luz Natalia Virgil Orona de Acción Nacional para que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Legislativo analizara la legalidad del cobro anticipado de derechos de control vehicular que realizó el Gobierno del Estado durante la promoción del “Buen Fin” entre contribuyentes y por concepto del ejercicio fiscal 2022 y, en su caso, solicitar a la Auditoría Superior del Estado la investigación y sanciones procedentes.

Explicó la diputada que para hacer más atractiva la promoción, se ofreció un bono de 800 pesos aplicables a los pagos de derechos de control vehicular del ejercicio 2022 sobre el mismo vehículo siempre y cuando pagasen a más tardar el 31 de marzo de 2022 y no cambiaran de propietario.

Por lo que expresó que el cobro de los impuestos se limita, entre otros principios constitucionales, al de anualidad: “sólo puede recaudarse lo establecido en la ley durante el año en que las disposiciones fiscales están en vigor, no antes ni después”.

Y en ese sentido se deben analizar los elementos de legalidad de este tipo de promociones que condicionan beneficios fiscales incluso para un ejercicio que no es el que está corriendo, extendiendo los aparentes estímulos a un ejercicio fiscal futuro: “por eso, de acuerdo con la ley, estaríamos hablando de algo contrario a derecho, aunque en este caso en lugar de descuento se le llamó bono”.

Sin embargo, fue la misma Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública la que determinó que la solicitud planteada era improcedente y fue desechada.

Mientras que el otro dictamen fue dado a conocer por Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, también del PAN con el fin de exhortar a la ASE a analizar y proceder de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas a deslindar las responsabilidades el caso de los ediles de Torreón que se negaron a cumplir con el proceso de análisis del avance de gestión financiera del tercer trimestre se su cuenta pública.

Específicamente, expresó el legislador, el Congreso recibió el avance de gestión financiera del tercer trimestre del 2021 del Ayuntamiento de Torreón y en él se observa que el Cabildo por decisión de la mayoría de sus integrantes determinó que no se presentara ante el pleno el avance de gestión financiera, es decir, lo mandaron al Congreso sin que el Cabildo lo analizara.

Y eso se considera una violación grave a las obligaciones que tienen los regidores y síndicos, ya que si bien, es su derecho conocer el estado financiero en que se encuentre el Municipio, es también su obligación revisar dicha información en sesión de Cabildo, antes de remitirlo al Poder Legislativo.

El análisis del dictamen propuesto por Walss Aurioles ni siquiera se leyó en el pleno, no pasó de la Comisión, la cual determinó como improcedente en los términos en que se planteó.