Daniela denunció por violación a Miguel Loza, regidor independiente de Tijuana, pero el caso sigue sin judicializarse. La denunciante acusa amenazas, falta de protección, revictimización e irregularidades
Tijuana, Baja California, 06/07/26 (Más).- A casi dos años de que una joven denunciara por el delito de violación a Miguel Loza, regidor independiente de Tijuana, el caso continúa sin ser judicializado, mientras la denunciante asegura que ha enfrentado amenazas, revictimización y diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación.
La mujer, identificada únicamente como Daniela para proteger su identidad, afirma que el proceso se mantiene estancado y atribuye la falta de avances a una presunta red de influencias que ha favorecido al funcionario.
La información fue publicada por El País, medio que documentó el testimonio de la denunciante y el desarrollo del expediente, en el que Daniela sostiene que, además de la agresión sexual que denunció, ha tenido que abandonar su vida cotidiana, permanecer oculta por motivos de seguridad y enfrentar un proceso que considera marcado por omisiones de la Fiscalía General de Baja California.
De acuerdo con el relato de la joven, conoció a Miguel Loza durante el proceso electoral de 2024, cuando ambos coincidieron en actividades políticas vinculadas al Partido Acción Nacional. Posteriormente lo contrató como abogado para representarla en un asunto relacionado con una denuncia por violencia familiar. La relación profesional concluyó cuando él asumió el cargo de regidor, pero meses después, según la denuncia, volvió a contactarla para exigirle que acudiera personalmente a recoger un contrato indispensable para gestionar la reparación del daño de aquel procedimiento legal.
Daniela asegura que el 30 de noviembre de 2024 fue trasladada por un chofer del funcionario hasta un despacho particular, donde ambos firmaron la documentación correspondiente. Después de ello, según consta en la denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, el regidor presuntamente abusó sexualmente de ella y posteriormente comenzó a intimidarla con amenazas relacionadas con el poder que ejercía como servidor público.
La denunciante también afirma que días después fue obligada mediante presiones a acudir nuevamente a verlo, ocasión en la que rechazó una propuesta de carácter sexual y decidió acudir ante las autoridades para presentar la denuncia formal.
La joven sostiene que las medidas de protección prometidas por las autoridades fueron insuficientes: afirma que únicamente recibió una visita de elementos policiales al domicilio de sus padres y que nunca se solicitó una orden de restricción contra el funcionario.
Además, relata que desde entonces comenzó a vivir escondida debido a las amenazas recibidas y al constante seguimiento por personas desconocidas, que incluso llegaron a fotografiarla y enviarle mensajes intimidatorios. Entre las frases que, según denunció, recibió por parte del regidor se encuentran: “Nadie te va a creer si dices algo” y “calladita te ves más bonita”.
Durante ese periodo, Daniela también enfrentó complicaciones médicas. Explica que desconocía que tenía un embarazo de ocho semanas al momento de la presunta agresión y que posteriormente sufrió sangrados que derivaron en un embarazo considerado de alto riesgo por médicos particulares. Finalmente, el 7 de marzo de 2025 presentó un aborto espontáneo. Según el expediente citado por el medio, la Fiscalía decidió no practicar algunos exámenes médicos debido a las lesiones detectadas y a las condiciones del embarazo.
Miguel Loza ha rechazado públicamente las acusaciones y ha sostenido que los hechos denunciados son falsos. De acuerdo con la publicación, el regidor únicamente compareció para proporcionar sus datos personales ante el Ministerio Público y ha evitado rendir declaración sobre el fondo del caso.
La defensa ha presentado testimonios de colaboradores y funcionarios que buscan acreditar que el político se encontraba en otros lugares durante las fechas señaladas por la denunciante. Asimismo, el funcionario aseguró ante medios de comunicación: “Ahorita hay elementos suficientes para acreditar que ni la persona que me denunció ni yo estuvimos siquiera en el lugar en el que ella dice que sucedieron los hechos”.
La denunciante también acusa diversas irregularidades en la investigación. Entre ellas señala que no se solicitaron oportunamente videos de vigilancia de los accesos al inmueble donde afirma que ocurrió la agresión, ni imágenes de cámaras ubicadas en la ruta recorrida ese día. Igualmente sostiene que, pese a que un análisis pericial detectó líquido seminal en una prenda que entregó como evidencia, la Fiscalía no ordenó un comparativo genético con el regidor.
Daniela asegura además que ha recibido un trato inadecuado por parte de personal ministerial, incluyendo largas esperas, expedientes incompletos y actos de revictimización durante reuniones con funcionarios.
Aunque el caso generó protestas de colectivos de mujeres y pronunciamientos públicos en los que la Fiscalía aseguró que no permitiría impunidad, no se ha informado sobre la judicialización del expediente.
Mientras tanto, Miguel Loza continúa desempeñándose como regidor independiente y mantiene aspiraciones políticas, mientras Daniela permanece resguardada, cambió de número telefónico, dejó su empleo y limita al máximo sus actividades por temor a nuevas agresiones. Pese a ello, asegura que continuará impulsando el proceso judicial con la esperanza de impedir que otras mujeres enfrenten una situación similar. “Nadie debe ser violentado por un servidor público”, afirma la denunciante.
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