Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 23/10/2026 (Más).- Patricia Moreno Domínguez, directora de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) en Saltillo, se pronunció a favor de modificar la legislación para establecer sanciones más severas contra menores de edad que cometan delitos graves, al considerar que la edad no debe significar que sus acciones queden sin consecuencias.
“Estoy de acuerdo. Sí. Hay que modificar la ley”, expresó al ser cuestionada sobre la posibilidad de aumentar las penas para adolescentes involucrados en hechos de violencia, en medio del debate generado por recientes casos registrados en Coahuila.
La postura surge luego de que Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, planteara revisar las sanciones previstas para adolescentes que cometen homicidio doloso, tras el fallecimiento de una bebé de un año en Saltillo, por el que, son investigados su madre, de 17 años, y su padrastro, de 16.
Moreno Domínguez consideró que el sistema de justicia debe transmitir con claridad que las conductas tienen consecuencias, independientemente de la edad de quienes las cometen.
“No puedes mandar el mensaje de que por ser menor de edad no va a tener una consecuencia”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que determinar la duración y el tipo de castigo no corresponde a la UNIF, institución enfocada en la atención de situaciones familiares y de violencia. Señaló que especialistas y autoridades judiciales deben analizar si las sanciones actuales son suficientes o requieren modificaciones.
“Ya lo vimos con estos adolescentes, ¿no? Que pues no solo ellos, hay muchos casos en muchos lugares”, comentó al referirse a la participación de menores de edad en hechos violentos y a la necesidad de examinar el problema más allá de un solo caso.
La discusión también se relaciona con las diferencias entre las sanciones para adolescentes y las que pueden recibir las personas adultas por delitos de gravedad similar, Mery Ayup señaló previamente que, la legislación nacional contempla un máximo de cinco años de internamiento para adolescentes en determinados supuestos, por lo que consideró necesario estudiar posibles reformas.
El magistrado también ha planteado que una eventual modificación debe considerar la reintegración social de los adolescentes, uno de los objetivos del sistema especializado de justicia para menores. En ese sentido, el debate se centra en determinar si las medidas vigentes corresponden a la gravedad de los delitos sin dejar de lado las particularidades de la justicia juvenil.
Por otra parte, Moreno Domínguez explicó que la UNIF también interviene en situaciones de violencia y omisión de cuidados que involucran a niñas, niños y adolescentes, así como en casos de menores que abandonan sus hogares para vivir con sus parejas. En estas circunstancias, el personal dialoga con las familias y les informa sobre las disposiciones legales aplicables en Coahuila.
La funcionaria señaló que la atención a las infancias requiere tanto la intervención institucional como la participación de los adultos responsables, con el propósito de proteger los derechos de los menores y prevenir situaciones que puedan ponerlos en riesgo.
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