Ciudad de México, 10/12/2024 (Más / IA).– La Cámara de Diputados se prepara para aprobar una reasignación de 38 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, afectando principalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), al Poder Judicial y a los organismos autónomos que fueron recientemente eliminados. Los recursos recortados serán dirigidos a sectores como educación, infraestructura rural, cultura y la recién creada Secretaría de las Mujeres.
El INE había solicitado un presupuesto de 40 mil millones de pesos para el próximo año, en el que planea organizar la primera elección de ministros, jueces y magistrados. Sin embargo, los diputados proyectan asignarle solo 27 mil millones, una reducción del 33%. De este monto, 7 mil 354 millones estarán destinados exclusivamente a las prerrogativas de los partidos políticos, por lo que el instituto dispondrá de apenas 20 mil millones para sus operaciones y actividades.
Entre los argumentos de los legisladores para justificar el recorte se encuentra la eliminación de 4 mil millones de pesos previstos para una posible consulta popular, al no haber ninguna planeada para 2025. Además, calificaron de “estimaciones” los 13 mil millones solicitados para la elección judicial, argumentando que se trata de un evento sin precedentes en México y cuya magnitud es menor comparada con una elección presidencial.
Pese a las gestiones de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, con diputados de Morena para defender el presupuesto del organismo, el recorte era ampliamente anticipado.
El Poder Judicial, que había solicitado 85 mil millones de pesos, sufrirá un recorte del 16%, recibiendo únicamente 70 mil 983 millones. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) será la instancia más afectada, con una disminución de 13 mil 117 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también verán reducciones de 714 millones y 210 millones, respectivamente.
Los legisladores justificaron el recorte argumentando que la reciente reforma judicial permitirá ahorros significativos mediante la eliminación de fideicomisos, pensiones vitalicias y una reestructuración administrativa que incluye la reducción del número de ministros y la cancelación de dos salas de la SCJN.
Los organismos autónomos que serán eliminados también enfrentan reducciones drásticas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por ejemplo, solicitó 993 millones de pesos, pero solo recibirá 499 millones. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recibirán 199 millones y 500 millones, respectivamente, tras solicitar 687 millones y mil 680 millones.
Los diputados sostienen que la integración de las funciones de estos organismos en la Administración Pública Federal evitará duplicidad y generará ahorros presupuestarios. Este martes, se prevé que la Cámara de Diputados dé la declaratoria de constitucionalidad para la reforma que elimina estos organismos.
El Poder Legislativo también verá reducciones, con un recorte de 540 millones de pesos que afectará al Senado y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF perderá 416 millones de los 3 mil 239 millones que había solicitado, mientras que al Senado se le recortarán 123 millones.
Otras dependencias también tendrán menos recursos. La Secretaría de Gobernación sufrirá una reducción de mil 126 millones de pesos, afectando programas como el de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuyas funciones serán transferidas a la nueva Secretaría de las Mujeres. La Secretaría de Economía verá una disminución de 64 millones, mientras que la Oficina de la Presidencia perderá 44 millones.
La reasignación presupuestal ha generado controversias. Mientras que los legisladores de Morena y sus aliados argumentan que los recortes son necesarios para priorizar sectores clave, como el desarrollo rural y la inversión en infraestructura, los críticos advierten que estas medidas podrían debilitar instituciones esenciales para la democracia, la justicia y la transparencia.
En un contexto marcado por reformas estructurales y tensiones políticas, el destino de estos recursos y su impacto real en las funciones de las instituciones afectadas serán temas de análisis y debate en los próximos meses.
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