Coahuila comenzó en 2011 con una deuda bancaria de 35 mil 746 millones y, 15 años después, el saldo es de 36 mil millones. Se han desembolsado más de 72 mil millones de pesos
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 19/08/26 (Más).- A casi 15 años de que fue autorizada la deuda bancaria de Coahuila por 35 mil 746 millones de pesos, y después de haber pagado al menos 72 mil 322 millones de pesos hasta 2024, ésta no ha disminuido, pues aún tiene un saldo de 36 mil 426 millones de pesos, de acuerdo a registros oficiales.
Los 72 mil 345.7 millones que se han pagado a lo largo de 15 años no solamente fueron abonos a capital. Son recursos destinados en general al servicio de la deuda, concepto que comprende amortizaciones, intereses, comisiones y otros costos financieros.
Lo relevante es precisamente que Coahuila ha desembolsado por mantener y pagar sus créditos una cantidad equivalente al doble del saldo bancario inicial, sin que el saldo final haya registrado una disminución, al contrario, aumentó.
El salto de la deuda se produjo entre 2010 y 2011. La serie histórica elaborada por la Cámara de Diputados con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coloca el financiamiento público de Coahuila en 8 mil 267.1 millones de pesos al cierre de 2010 y en 36 mil 509.6 millones un año después. Fue un crecimiento de más de 28 mil millones de pesos en solamente un ejercicio.
Sin embargo, lo ocurrido en 2011 no consistió simplemente en que el Congreso hubiera autorizado un solo crédito nuevo por 35 mil millones de pesos. El proceso fue más complejo, pues se reconocieron obligaciones previamente contraídas ilegalmente y se ordenó su reestructuración y refinanciamiento.
El propio informe de la Secretaría de Finanzas sobre el proceso de reestructuración de 2011 señala que los decretos 534 y 536 contemplaron hasta 25 mil 613.8 millones de pesos para refinanciar empréstitos y créditos que formaban parte de la deuda pública directa; 754.45 millones para deuda contingente; hasta mil 964.3 millones para gastos de implementación, y 7 mil 498.8 millones relacionados con cadenas productivas de proveedores operadas con Nacional Financiera. En conjunto, los conceptos autorizados alcanzaban 35 mil 831.3 millones de pesos, aunque los montos finalmente aplicados en el proceso fueron inferiores.
Al concluir aquella operación, la propia Sefin registró al 31 de diciembre de 2011 33 mil 691.9 millones de pesos de deuda reestructurada mediante el fideicomiso de pago, más 2 mil 54.1 millones de créditos que no entraron en la reestructura. El resultado fue una deuda bancaria de 35 mil 746 millones 25 mil 837 pesos; después de descontar reservas acumuladas, el saldo de deuda pública reportado entonces era de 35 mil 551.8 millones.
Después de 2011 comenzó el pago, pero la deuda no inició una reducción constante. La serie de la Cámara de Diputados y Hacienda muestra que el financiamiento de Coahuila terminó 2012 en 36 mil 421.7 millones de pesos; bajó a 35 mil 543.8 millones en 2013 y a 34 mil 861.8 millones en 2014, pero volvió a subir a 38 mil 8.6 millones en 2015.
Posteriormente fue de 36 mil 945.9 millones en 2016, 36 mil 662.2 millones en 2017 y 37 mil 308.7 millones en 2018. La trayectoria continuó con 37 mil 924.8 millones en 2019, 38 mil 533.6 millones en 2020 y un máximo de 39 mil 684.6 millones en 2021. En 2022 el saldo de esa serie fue de 39 mil 552 millones y para 2023 se había reducido a 38 mil 278.1 millones. Al primer trimestre de 2024 seguía en 38 mil 256.7 millones.
La principal explicación aparece al separar lo que se paga de lo que realmente disminuye el saldo. Una revisión realizada a las cuentas públicas y avances de gestión financiera de Coahuila calcula que entre 2011 y 2022 el Gobierno estatal había desembolsado 57 mil 168 millones 90 mil 139.79 pesos por servicio de la deuda. De esa cantidad, solamente 13 mil 47.6 millones correspondieron a amortizaciones de capital, mientras que el mismo análisis contabilizó más de 40 mil 371 millones en intereses, comisiones, coberturas y otros gastos relacionados con los créditos.
Al terminar 2022, pese a esos desembolsos, la deuda bancaria todavía era de 36 mil 285 millones de pesos. Es decir, durante esos primeros 12 años se pagó una cantidad superior al saldo completo que existía en 2011, pero buena parte del dinero estaba destinada a mantener los créditos vigentes.
A ello se agregó que mientras se amortizaban obligaciones también hubo ejercicios en los que se contrataron nuevos financiamientos.
La Cuenta Pública de Coahuila de 2020 ofrece un ejemplo. Ese año el Estado reportó la contratación de 2 mil millones de pesos en créditos bancarios y amortizaciones por mil 377.8 millones. El resultado fue un endeudamiento neto positivo de 622.2 millones de pesos. En otras palabras, se pagó deuda durante el ejercicio, pero entraron más recursos mediante nuevos créditos de los que salieron por amortización.
Así se explica una de las aparentes contradicciones de la historia de la megadeuda, que es pagar miles de millones cada año, pero ello no implica que el saldo disminuya en la misma cantidad. Los intereses no reducen capital y las nuevas disposiciones pueden compensar las amortizaciones realizadas.
A lo largo de los años también se modificó repetidamente la estructura de los créditos. En 2018, la Secretaría de Finanzas abrió un nuevo procedimiento formal de refinanciamiento de la deuda estatal. Los documentos oficiales posteriores señalan que el 30 de julio de ese año se publicó la convocatoria para refinanciar la deuda pública y que en octubre se modificó nuevamente el fideicomiso maestro de pago para ajustar las condiciones derivadas de aquel proceso.
El fideicomiso que nació en 2011 también fue reexpresado o modificado en 2015, 2018, 2019 y 2022, de acuerdo con los propios documentos de Sefin. Esto no significa que en cada ocasión se haya contratado nuevamente todo el monto de la deuda, sino que durante esos años se fueron modificando las estructuras mediante las cuales se garantizaban, administraban o pagaban los créditos.
Y en 2023 se emprendió otro proceso de refinanciamiento. Los documentos de la propia Sefin señalan que los decretos 404 y 486 permitieron refinanciar o reestructurar pasivos bancarios vigentes hasta por 37 mil millones de pesos. En la documentación contractual, el Estado explicó expresamente que el objetivo era obtener mejores condiciones de plazo, tasa de interés, garantías y demás características financieras de los créditos existentes.
Pero refinanciar no equivale a borrar la deuda. Puede sustituirse un banco por otro, cambiar la tasa, ampliar o modificar el plazo y reorganizar las garantías; el crédito anterior se liquida con el nuevo financiamiento, pero la obligación financiera continúa.
De hecho, la serie de Hacienda refleja también ese alargamiento y modificación de condiciones. El plazo promedio de vencimiento del financiamiento de Coahuila era de 18.29 años en 2011, llegó a 20.49 años en 2015 y a 24.78 años en 2019, antes de disminuir nuevamente hasta 11.4 años en 2023.
El último dato disponible vuelve a colocar a Coahuila prácticamente donde estaba al comenzar esta historia. De acuerdo con la información general de deuda de Sefin correspondiente al 31 de julio de 2026 y con el informe remitido por la dependencia al Congreso del Estado, la deuda pública directa ascendía a 36 mil 42 millones 603 mil pesos. Comparado con los 35 mil 746 millones 25 mil 837 pesos de deuda bancaria registrados al terminar 2011, actualmente se deben nominalmente 296 millones 577 mil pesos más, una diferencia de apenas 0.83 por ciento, pero en sentido contrario al que cabría esperar después de 15 años de pagos.

Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
