Punta de Mita, Nayarit, 21/05/26 (Más).- La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGENAY) inició acciones penales contra un grupo de manifestantes que participaron en una protesta el pasado 27 de abril en playa Las Cocinas, en el municipio de Bahía de Banderas, tras emitir cuatro órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos ocurridos durante la movilización en contra de un desarrollo inmobiliario en la zona costera.
De acuerdo con la información de EL PAÍS, el abogado de algunos de los señalados, las autoridades judiciales investigan a los pobladores por presuntos delitos de amenazas, daño en las cosas, asociación delictuosa y apología del delito, derivado de la denuncia presentada por la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V., vinculada al Grupo Dine, responsable del proyecto de construcción en el área.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores del territorio, quienes advierten que las acciones de la Fiscalía representan una criminalización de la protesta social, al considerar que las imputaciones derivan de manifestaciones realizadas por habitantes, pescadores y prestadores de servicios que exigían el libre acceso a la playa y la protección de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Las protestas se originaron por la construcción de un complejo turístico de lujo que incluye hoteles y departamentos, así como una escollera edificada a pocos metros de la línea de costa, lo que los habitantes consideran una afectación directa al acceso público a la playa y al entorno natural de la zona.
Durante las movilizaciones, registradas entre el 27 y el 28 de abril, se reportó la presencia de un fuerte operativo policial que resguardaba maquinaria pesada que realizaba trabajos en el área, lo que provocó enfrentamientos verbales entre manifestantes y elementos de seguridad estatal, según videos difundidos por los propios vecinos.
Posteriormente, la Fiscalía estatal sostuvo que algunos de los participantes habrían incurrido en conductas como amenazas e incluso agresiones contra elementos policiales, versión que ha sido rechazada por los representantes legales de los manifestantes, quienes aseguran que las detenciones y señalamientos carecen de sustento suficiente.
En este contexto, diversas organizaciones sociales y ambientales han cuestionado la rapidez con la que se integraron las carpetas de investigación, al señalar que la denuncia empresarial fue atendida de manera expedita por las autoridades estatales, mientras que los reclamos ciudadanos por el impacto ambiental del proyecto no han recibido la misma atención.
Los habitantes de Punta de Mita y comunidades cercanas han mantenido movilizaciones desde abril, en defensa del acceso público a la playa y en rechazo a lo que consideran procesos de privatización de espacios federales, mientras continúan las investigaciones judiciales en torno a los hechos ocurridos durante la protesta.
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