Detener la reforma judicial con un objetivo: diálogo

La Cámara de Senadores está por decidir sobre una controvertida reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Mientras sectores del Poder Judicial y empresarial han expresado que desean ser escuchados, los partidos de oposición muestran una postura débil sin propuestas alternativas claras

Por Miguel Villarello

A unas horas de que la Cámara de Senadores decida el destino del sistema judicial en el país continúa la controversia, no obstante, un Poder Judicial unido con el sector empresarial para detenerla, sigue sin verse la participación de la ciudadanía y de los partidos de oposición.

La reforma que fue propuesta por el titular del Ejecutivo federal fue aprobada en la Cámara de Diputados por lo que el documento fue enviado a la Cámara de Senadores para su discusión y posible aprobación, la siguiente semana.

En la reciente elección federal, ambas cámaras cuentan con mayoría de curules para los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista, los cuales se erigieron como promotores de dicha reforma.

Por el contrario, el bloque opositor integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en una aparente simulación –indican fuentes políticas ligadas a Morena–, buscan detenerla, pero ni siquiera han emitido una propuesta para mejorarla integralmente.

En Coahuila, tanto el Poder Judicial local como el federal, las cámaras empresariales y algunos organismos de la sociedad civil se han unido para emitir sus puntos de vista: llegar al diálogo con el Gobierno y Poder Legislativo federales y mejorar la controvertida iniciativa de reforma.

A pesar de las buenas intenciones, no se habla de la corrupción que impera en algunas áreas del sistema judicial federal y el punto toral va encaminado a echar abajo la propuesta de Morena para elegir mediante voto ciudadano los cargos para las personas que aspiren a ser juzgadoras y magistradas en los distritos judiciales federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las áreas que dependen del sistema judicial en el país.

La postura

Luego de varias manifestaciones por parte de los distritos y circuitos judiciales en el país, en los que Coahuila no fue la excepción, en contra de la iniciativa, esta semana y sin suspender su postura los distritos judiciales federales anunciaron la toma de las instalaciones del Senado en la Ciudad de México “para tratar de impedir que se apruebe la reforma al Poder Judicial”.

Esto lo dio a conocer en Saltillo la magistrada de circuito Ana Luisa Beltrán González.

Pues, de acuerdo con datos mediáticos consultados, luego de más de 15 horas de discusión, los primeros días de septiembre la Cámara de Diputados avaló en lo particular, por mayoría calificada de 357 votos a favor y 130 en contra, el dictamen para reformar la Constitución Mexicana en materia de Poder Judicial y fue enviada al Senado de la República.

El supuesto es que esta iniciativa de reforma contempla una renovación estructural para generar una justicia más ágil y eficiente, está alineada a los cambios sociales generados en los últimos seis años y cumple con la principal queja de la ciudadanía de una justicia expedita, afirman fuentes allegadas al partido Morena.

Previo a la salida de un contingente coahuilense al centro del país, la magistrada mencionada reconoció que la insistencia principal es llegar al diálogo para echar atrás la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal y el partido Morena.

Además, se buscará acordar una mejor iniciativa de reforma que no coloque al país al borde de una dictadura parecida a la que actualmente se vive en Venezuela.

Explicó asimismo que la ocupación del Senado se hará sin levantar el plantón que desde hace unos días llevan a cabo en la Cámara de Diputados.

La idea es el símbolo de exigencia del diálogo, insistió, pues la lucha no termina y seguimos en suspensión de actividades en todos los órganos jurisdiccionales del país.

Beltrán González aseguró que todos los senadores del bloque opositor –PRI-PAN y MC–han confirmado su voto en contra de la reforma.

“La demanda al Senado será que voten conforme a lo que espera la ciudadanía, es decir, por la defensa de la división de poderes, la independencia judicial y la imparcialidad en la impartición de justicia”, añadió.

Y sostuvo que el sistema judicial federal está en su derecho de acudir a instancias internacionales para solicitar su intervención y frenar la reforma constitucional judicial que pretende el Estado mexicano.

La propuesta

En sí, la reforma al Poder Judicial, emitida el 12 de febrero del 2024, cuenta con 4 objetivos:

1. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación regida por mayor eficiencia, austeridad y transparencia.

2. Elección popular de ministros, magistrados y jueces legitimando la democracia de las personas que imparten justicia.

3. La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal mediante órganos administrativos y disciplinarios independientes.

4. Nuevas reglas procesales para alcanzar una justicia expedita y equilibrios entre los poderes mexicanos.

En cuanto a la SCJN, la idea es reducir de 11 a 9 personas ministras, reducir el período del encargo de 15 a 12 años, eliminar dos salas y que la Corte sesione públicamente así como eliminar la pensión vitalicia, ajustar los salarios al tope máximo establecido para quien ocupe la Presidencia del país.

Por lo que se refiere a la elección, en 2025 se realizaría una extraordinaria para renovar todos los cargos, quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar.

Para la selección de candidaturas, ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.

El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta 5 por mayoría calificada y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Corte por mayoría de 6 votos.

En el caso de las mil 633 magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias de 6 candidaturas paritarias por cargo, es decir, 2 por cada poder de la Unión.

Para el proceso de elección, la propuesta indica que el Senado verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos, que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizaría la elección, las campañas durarán 60 días, prohibido el financiamiento público o privado, las candidaturas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en debates y se prohíbe la participación de partidos políticos.

En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial será integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un período de 6 años y propuestos por los poderes de la Unión; el Órgano de Administración Judicial será integrado por 5 personas designadas por un período de 6 años por los poderes de la Unión donde el Ejecutivo nombrará uno, el Senado uno y la SCJN nombrará tres.

Y finalmente, lo referente a las nuevas reglas procesales: La justicia expedita establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para los penales. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.