La Paz, Baja California Sur, 17/02/26 (Más).- Una investigación periodística reveló que el Gobierno de Baja California Sur habría financiado con al menos 10 millones de pesos la precampaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena, entre 2022 y 2023, a través del Instituto de Vivienda (INVI) estatal.
De acuerdo con el reportaje difundido por el portal N+, la acusación se sustenta en la testimonial del extesorero del INVI, quien señala la existencia de una presunta red de operadores que habrían participado en el desvío de recursos públicos para apoyar al entonces aspirante presidencial.
Según el testimonio, los recursos habrían sido canalizados durante al menos un año mediante solicitudes directas realizadas por altos funcionarios del gobierno estatal. El señalamiento apunta a que los fondos se integraron en una serie de transferencias que formarían parte de una triangulación de dinero investigada actualmente por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur.
El contexto político se remonta al 5 de noviembre de 2022, cuando el gobernador Víctor Castro Cosío expresó públicamente su respaldo a López Hernández. En ese acto declaró: “Yo no voy a andar con medias tintas, va todo mi respaldo en este trecho a Adán Augusto López Hernández”, lo que marcó el inicio, según la denuncia, de una operación interna para apoyar su aspiración.
La testimonial del extesorero, entregada en mayo de 2024 a la Fiscalía, detalla que en noviembre de 2022 el entonces secretario de Gobierno, Homero Davis, habría solicitado un millón de pesos. En el mismo periodo, la entonces titular del INVI, Fernanda Villarreal, habría pedido dos millones de pesos previo a una reunión con López Hernández en la Ciudad de México.
El padre del extesorero, Esteban Ramírez, confirmó la existencia del documento y declaró: “Yo no estoy pidiendo que mi hijo salga libre ni mucho menos. Yo sé que es culpable y pues merece castigo, pero él no fue solo”, al señalar que su hijo habría participado junto con otros funcionarios.
La narrativa de los hechos describe que en febrero de 2023 se solicitó un millón y medio de pesos; en marzo, dos millones; en abril, un millón; en mayo, un millón y medio; y en junio, otro millón de pesos. Estos montos, según la testimonial, habrían sido destinados al “apoyo total” a favor de Homero Davis y Adán Augusto López.
La presunta red estaría integrada por la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal; el exdirector de Finanzas, Juan Manuel Reyes; el exsecretario de Gobierno, Homero Davis; y al menos seis operadores más. Algunos de ellos se encuentran actualmente internos en el Centro de Reinserción Social de La Paz.
De acuerdo con la investigación, el dinero supuestamente era entregado en un establecimiento conocido como Los abuelos, identificado como un car wash en la capital del estado, siguiendo instrucciones de los mandos del Instituto.
En febrero pasado, Villarreal fue cuestionada por reporteros al salir de su audiencia inicial sobre la relación con el senador y el presunto financiamiento de campaña, a lo que respondió: “Yo no tengo nada que decir al respecto (…) aquí estoy acudiendo atenta al llamado de la autoridad”.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz, explicó el mecanismo detectado en la indagatoria: “El modus operandi era la simulación de cuentas o traspaso entre cuentas del propio Instituto; estas transferencias iban a cuentas de particulares que no tenían pues ninguna relación con el Instituto de Vivienda”.
Aunque hasta el momento no se ha vinculado formalmente a los senadores mencionados en la investigación, documentos referidos en el reportaje señalan que Villarreal se desempeñó como investigadora parlamentaria en el Senado, bajo la estructura del Instituto Belisario Domínguez, cuyo comité directivo es presidido por López Hernández desde septiembre de 2024.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación por el presunto desvío de decenas de millones de pesos a través de miles de transferencias bancarias realizadas desde el INVI. De acuerdo con la testimonial, los 10 millones de pesos destinados a la precampaña formarían parte de esa misma triangulación de recursos.
La audiencia inicial contra dos de las presuntas cabecillas del Instituto de Vivienda fue programada para el próximo 5 de marzo, en un proceso que podría ampliar las responsabilidades dentro de esta red señalada por corrupción y financiamiento irregular.