Desvían becas en Tamaulipas

Recursos que debían ser para estudiantes y personas con discapacidad terminaron en manos de comisionados del SNTE. Durante 2024, el monto ejercido de manera irregular fue de $4.6 millones

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 27/10/25 (Más).- Autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y líderes de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) incurrieron en el desvío de al menos 4.6 millones de pesos durante 2024, correspondientes al programa de becas dirigidas a estudiantes, maestras jefas de familia y docentes con hijos con discapacidad.

Los recursos fueron asignados a personas que no cumplían los requisitos establecidos, entre ellas familiares y colaboradores cercanos a la cúpula sindical, según información obtenida y verificada por Animal Político en coordinación con el medio Elefante Blanco, a través de solicitudes de transparencia.

De acuerdo con los documentos oficiales, una parte sustancial del presupuesto del programa denominado “Becas para hijos de trabajadores de la educación, para madres solteras e hijos con capacidades diferentes” fue entregada a personal comisionado, es decir, personas que reciben su salario del gobierno pero se dedican a actividades sindicales, y que en ningún caso debieron recibir este tipo de apoyo.

Los registros revelan que, de manera sistemática, la SET otorgó cheques por montos significativamente superiores a los establecidos por el programa. Mientras los lineamientos oficiales prevén apoyos de hasta 2 mil pesos para personas con discapacidad, 1,500 pesos para madres trabajadoras y entre 150 y 1,300 pesos mensuales para estudiantes (según el nivel escolar), los pagos entregados en 2024 oscilaron entre 19 mil y 142 mil pesos por persona. En total, 575 personas resultaron beneficiadas con montos por encima del tope permitido.

Uno de los casos más representativos es el de Aracely Arellano Ochoa, colaboradora cercana a Ulises Ruiz Pérez, secretario particular del dirigente sindical Arnulfo Rodríguez Treviño. Arellano recibió 142 mil 500 pesos mediante 14 cheques, algunos emitidos con clave de la Unidad Ejecutiva y otros con clave correspondiente a la oficina del titular de la SET. Su hermana, Fluvia Mireya Arellano, y su esposo, José Antonio Mata Charles, también obtuvieron cheques por más de 100 mil pesos cada uno.

Los documentos oficiales muestran que la mayoría de estos pagos fueron realizados utilizando la clave 28ADG0055Y, correspondiente a la Unidad Ejecutiva, área responsable de administrar el programa de becas y dependiente directamente del titular de la Secretaría de Educación. En 2024, dicha unidad fue encabezada por Hugo Armando Fonseca Reyes, quien firmó la aprobación de beneficiarios a pesar de las irregularidades registradas. Fonseca, de trayectoria política en el PRI y luego vinculado a Morena, fue promovido este año al cargo de subsecretario de Administración de la SET y fungió como principal negociador del gobierno ante el sindicato.

Pese a los intentos de Animal Político por obtener una entrevista con Fonseca Reyes, el funcionario dejó de responder a los mensajes al ser confrontado con la información de los desvíos. Por su parte, el dirigente sindical Arnulfo Rodríguez aceptó ser entrevistado y negó cualquier irregularidad. “Nada de vela tengo en el entierro. Es muy fácil acusar, pero yo me siento contento de que los hijos de mis compañeros hayan contado con el apoyo del sindicato”, dijo. Ante los montos elevados entregados, reiteró: “Actúen, yo no recibí ni un peso. Investiguen, pero yo y el sindicato jamás”.

La investigación detalla también otros casos relevantes de beneficiarios irregulares.

Jesús Adán Espinoza Puente recibió 120 mil pesos mediante diez cheques con distintas claves. El matrimonio formado por Diana María Guevara Trejo y Bladimir Ramírez Martínez obtuvo en conjunto 107 mil 500 pesos, ambos laboran en la Unidad Ejecutiva. La familia Rodríguez Castillo, originaria de San Fernando, también fue favorecida: Oliver Rodríguez, vicepresidente sindical, obtuvo 56 mil pesos, su esposa 45 mil 500, y otro familiar 28 mil pesos.

Además, cerca de 100 mil pesos fueron entregados a los hermanos del exdiputado morenista Juan Vital Román Martínez. Deyanira Román, exsecretaria particular del dirigente sindical, recibió 69 mil pesos junto a su hermana, y su hermano, docente en Padilla, 28 mil más. Deyanira actualmente labora en la coordinación de la Unidad Ejecutiva, en el área responsable de validar y verificar la entrega de becas.

En Reynosa, los hermanos Bazaldúa Martínez, ambos funcionarios en el sistema educativo, obtuvieron 124 mil pesos en conjunto. Nancy Bazaldúa, coordinadora de becas y secretaria delegacional, recibió 62 mil pesos, mientras que su hermano César Homero, profesor de secundaria, obtuvo la misma cantidad.

Las normas establecen que la Sección 30 del SNTE debe emitir una convocatoria pública para este programa por cada ciclo escolar. Sin embargo, durante el ciclo 2023-2024 no se encontró evidencia de su publicación, ni en los canales oficiales del sindicato ni en la Plataforma Nacional de Transparencia. La omisión de esta obligación dificultó el acceso igualitario a las becas y favoreció la asignación discrecional de recursos.

El proceso administrativo también fue violado. El sindicato debió registrar las solicitudes, validar el cumplimiento de requisitos y definir el monto del apoyo conforme al tabulador oficial. Posteriormente, debía remitir la base de datos a la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos (CBEE) de la Unidad Ejecutiva, para su verificación y distribución. No obstante, en ninguno de los documentos revisados aparece la firma de Augusto Francisco Bres Pintos, titular de esa coordinación, lo que evidencia la falta de validación formal del proceso.

El mecanismo irregular incluyó la asignación de cheques mediante claves laborales duplicadas o inexistentes, una práctica que ocurrió en todos los niveles del sistema educativo. Un caso destacado es el de Martha Elena Castillo Mata, trabajadora de un jardín de niños, quien recibió 75 mil pesos mediante seis cheques asignados con claves diferentes.

Otra clave utilizada de forma atípica fue la 28ADG0001U, correspondiente a la secretaría particular de la SET, donde se detectaron sólo 15 casos, entre ellos el de Damián Eusebio Martínez Quintero, empleado del área de pagos al personal federal, quien recibió becas a pesar de no cumplir con los requisitos.

Desde 2013, las becas SET-SNTE se otorgan bajo un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la Sección 30. En diciembre de 2022, el gobierno de Américo Villarreal publicó lineamientos actualizados, los cuales fueron revisados nuevamente en 2024 por una comisión encabezada por Hugo Fonseca Reyes y representantes del sindicato. Entre los asistentes a esas mesas de trabajo aparece Aracely Arellano Ochoa, una de las beneficiarias más favorecidas, lo cual refuerza el conflicto de interés en la operación del programa.

El caso evidencia un patrón de clientelismo y uso discrecional de recursos públicos en Tamaulipas. Hasta el momento, no se ha informado de sanciones administrativas ni investigaciones judiciales en contra de los funcionarios implicados. La opacidad en la operación del programa de becas y la concentración del control administrativo en la Unidad Ejecutiva permitieron el desvío de recursos a favor de una red cercana a la dirigencia sindical. Mientras tanto, miles de estudiantes, maestras jefas de familia y docentes con hijos con discapacidad permanecen excluidos de estos apoyos, a pesar de que el presupuesto público fue destinado originalmente para atender sus necesidades.