Phoenix, 15/05/24 (Más / IA).- Una propuesta legislativa en Arizona encendió el debate sobre el control de la frontera con México y el costo que implicaría para el sistema penitenciario del estado.
La Resolución Concurrente 2060 de la Cámara de Representantes, impulsada por legisladores republicanos, busca que el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona albergue a cualquier persona arrestada por ingresar ilegalmente al estado, independientemente de su situación legal.
Según estimaciones del director de la Agencia, Ryan Thornell, la medida podría incrementar la población carcelaria en mil 500 personas anualmente, lo que representaría un costo de casi 2 mil 252 millones de dólares en cinco años.
El presidente del Senado, Warren Petersen, defiende la ley argumentando que disuadiría los cruces ilegales y que el control estatal de la frontera justificaría el gasto.
Sin embargo, la gobernadora demócrata Katie Hobbs se opone a la medida, y organizaciones como Stand for Children expresan preocupación por el trato que recibirían los niños bajo esta ley, ya que podrían ser separados de sus familias y colocados en el sistema juvenil.
La interacción entre las solicitudes de asilo y la aplicación de la ley propuesta no está clara, y los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) sostienen que una solicitud de asilo podría invalidar la capacidad del estado para encarcelar o deportar a los inmigrantes.
Thornell señala que se necesitaría más personal para manejar el aumento de reclusos y que, de ser precisa la estimación, Arizona carecería de camas penitenciarias “utilizables” para 2027, lo que podría llevar a la construcción de una nueva prisión en un plazo de tres a cinco años.
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