Desde hace años, el sector productivo de Venezuela está destrozado, sobre todo el agroalimentario, incapaz de poder, como se proponía el régimen, ser autosuficiente con la población.
Jorge Fernández Mendéndez
La historia la publicamos en junio de 2020, todavía estaba Donald Trump en su primer periodo presidencial y el tema fue un escándalo que, como muchos otros, fue olvidado, oculto durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, un escándalo que continuó hasta nuestros días y que liga en procesos penales abiertos desde entonces, a personajes en México con la dictadura de Nicolás Maduro.
En 2020 le contábamos que uno de los temas más delicados en este sentido es el que mantienen distintas empresas de alimentos con el régimen de Maduro. En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que consiste en la venta subsidiada de bolsas o cajas de alimentos que son entregados mensualmente a sectores de la población afines al gobierno. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, un expolicía y exalcalde de Caracas muy cercano a Hugo Chávez. Bernal también está señalado como uno de los jefes de los grupos de autodefensa del chavismo y, según la DEA, es parte del Cártel de los Soles, una organización criminal integrada por narcotraficantes colombianos, exmiembros de las FARC y el ELN, y dirigida por funcionarios del gobierno de Maduro y mandos militares de ese país.
Desde hace años, el sector productivo de Venezuela está destrozado, sobre todo el agroalimentario, incapaz de poder, como se proponía el régimen, ser autosuficiente con la población. En ese contexto, para surtir a los CLAP, el régimen de Maduro decidió asociarse con un grupo de empresas mexicanas para que desde México les enviaran los paquetes de comida listos para la distribución entre las bases sociales del chavismo.
La mayoría de ellas, como El Sardinero ya tenía una larga y amplia relación de negocios con el chavismo desde 2009, en donde la práctica normal era la venta de productos con sobreprecio para elevar las utilidades. En los acuerdos participaron los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, que serían los intermediarios entre las empresas con el gobierno de Maduro. Esos personajes también operan otro negocio: el del narcotráfico, donde están asociados con grupos provenientes de las FARC y el ELN.
También esos grupos con sus aliados en el gobierno venezolano se involucraron ilegalmente en la minería y con base en denuncias presentadas por la oposición venezolana, Saab es el responsable de la exportación ilegal de oro y otros minerales, como el coltán, desde Venezuela. En 2018, fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba en un navío que se dirigía a Dubái, que fueron exportadas por el ELN, a través de una empresa de Saab, quien posteriormente fue encarcelado en Cabo Verde, regresando de Irán, fue juzgado en Miami y tiempo después canjeado, durante el gobierno de Biden, por presos estadunidenses detenidos en Caracas. Saab siguió siendo un cercanísimo operador de Maduro, y se dice que durante su detención en Miami brindó muchísima información sobre los negocios de la dictadura venezolana con distintos países, entre ellos México.
Según investigaciones de la DEA, diversas empresas mexicanas que participan en el negocio de los CLAP son las que se encargan de transportar en América Latina, el dinero obtenido de la venta de drogas proveniente de Colombia y que viaja de regreso en contenedores de las empresas desde y hacia Costa Rica. La investigación de la DEA dice que en 2017 se descubrió que las despensas que se enviaban desde México a Venezuela se vendían a sobreprecio y que los productos enviados eran de mala calidad, lo que provocó un escándalo internacional.
Desde entonces, la venta de esos productos fue asumida por una empresa llamada Surtipractic SA de CV, que también tenía amplios contratos con el gobierno del Estado de México cuando lo encabezaba Alfredo del Mazo.
Las sospechas de empresas mexicanas en el esquema de lavado de dinero venezolano iniciaron cuando un barco con contenedores destinados al CLAP hizo una escala en Puerto Limón, Costa Rica, en un muelle de la empresa estatal venezolana Alunasa, una comercializadora de aluminio. De acuerdo con investigaciones de la DEA, esas escalas se repitieron y servían, sobre todo, para lavar dinero desde Costa Rica. El dinero es descargado en los muelles de Alunasa y se invierte, vía bancos locales, en los bancos Evrofinance Mosnarbank, Gazprombank y VTB, todos sancionados por el gobierno estadunidense. En el primero, el gobierno de Venezuela es propietario de 49% de las acciones, y el resto lo comparten las otras dos instituciones financieras. Ese dinero termina en las cuentas de Diosdado Cabello y Tarec el Aissami, dos de los principales funcionarios del gobierno de Maduro y acusados de encabezar con otros funcionarios y militares el Cártel de los Soles. Un esquema que ya estaba, como vemos, desde hace años en la mira de Trump.
Ese negocio como lo hemos documentado también aquí, se relacionaba con el tráfico de petróleo a Cuba que hacen tanto México como Venezuela, petróleo que no termina en la isla, sino en el mercado encubierto internacional para evitar las sanciones que tienen tanto Cuba como Venezuela y otros participantes en este negocio, como Rusia e Irán.