Ciudad de México, 19/03/26 (Más).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un nuevo intento del Gobierno de Coahuila por frenar la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Torreón contra la Auditoría Superior del Estado (ASE), al declarar infundado el recurso de reclamación presentado por el Poder Ejecutivo estatal.
En sesión, el máximo tribunal resolvió el recurso de reclamación 150/2025-CA, derivado de la controversia constitucional 190/2025, de acuerdo con el proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres, el cual proponía considerar improcedente la inconformidad del Ejecutivo estatal; según el proyecto, el recurso resultó infundado, criterio que fue respaldado en lo general por la totalidad de los ministros.
El recurso fue promovido por el Consejero Jurídico del Gobierno de Coahuila, que argumentó que el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Torreón carecía de legitimación para presentar la controversia constitucional.
No obstante, la Corte determinó que dicho argumento no era válido para frenar el trámite del recurso interpuesto por el Ayuntamiento, el cual fue admitido desde noviembre de 2025.
Durante la discusión, el ministro Irving Betanzo se apartó de un apartado del proyecto en el que se citan disposiciones del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Torreón sobre la suplencia del presidente municipal en juicios de amparo o controversias constitucionales, mientras que la ministra Yasmín Esquivel votó a favor con reserva de criterio.
El origen del litigio se remonta a los actos de fiscalización realizados por la Auditoría Superior del Estado entre 2022 y 2023, periodo en el que emitió diversos requerimientos y pliegos de observaciones tras detectar presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto público municipal.
Estas acciones fueron impugnadas por el Ayuntamiento de Torreón bajo el argumento de que vulneraban su autonomía y soberanía en materia presupuestal y hacendaria.
Con esta resolución, la Suprema Corte mantiene vigente el trámite de la controversia constitucional, lo que permite que continúe el análisis de fondo sobre el conflicto entre el municipio y el órgano fiscalizador estatal.
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