Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 04/08/26 (Más).- Probablemente algunos funcionarios del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) cometieron faltas administrativas y se saldrán con la suya.
La desaparición del organismo dejó en un posible limbo administrativo las investigaciones derivadas de observaciones no solventadas de su Cuenta Pública 2023, debido a que la autoridad que da seguimiento a las auditorías del organismo carece de facultades legales para investigar posibles faltas de sus antiguos servidores públicos.
La Auditoría Superior del Estado(ASE) notificó al ICAI tres vistas por presuntas faltas administrativas no graves correspondientes a la Cuenta Pública 2023, derivadas de auditorías de cumplimiento, legalidad y desempeño.
Una vista no acredita por sí misma la responsabilidad de algún funcionario, pero obliga al órgano interno de control a investigar los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si procede iniciar un procedimiento sancionador.
El problema es que, cuando la ASE pidió información sobre el inicio de esas investigaciones, el ICAI ya había sido extinguido.
María Esther Carreón Serna, enlace y responsable del seguimiento de las auditorías del extinto ICAI, informó a la ASE que carece de competencia para investigar las presuntas faltas administrativas. Le expuso que el decreto de extinción mantuvo la personalidad jurídica del instituto únicamente para los trámites de entrega-recepción y liquidación.
Se produjo así una contradicción: existe una persona encargada de recibir oficios, responder requerimientos y dar seguimiento documental a las auditorías, pero esa misma autoridad sostiene que legalmente no puede investigar, citar funcionarios, reunir pruebas, identificar responsables ni turnar expedientes para la eventual imposición de sanciones.
Las auditorías fueron notificadas mediante un oficio de la ASE fechado el 19 de agosto de 2025 y recibido el día 27 de ese mes. La respuesta sobre la falta de competencia fue comunicada el 4 de septiembre, más de dos meses después de que el decreto extinguiera formalmente al organismo.
El Informe de Seguimiento no aclara qué dependencia heredó las atribuciones del órgano interno de control del ICAI. Tampoco señala si la investigación corresponde ahora a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, al organismo que asumió las funciones de transparencia o a alguna autoridad especial encargada de la liquidación.
La falta de definición puede ser aprovechada por los posibles responsables. Mientras ninguna autoridad reconozca competencia para investigar, los expedientes no avanzan y los plazos legales continúan corriendo. El riesgo es que las conductas prescriban antes de que se determine siquiera quiénes participaron o si las irregularidades ameritan una sanción.
El reporte Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al Primer Semestre de 2026 documenta la existencia de observaciones no solventadas que podían configurar faltas administrativas y la ausencia de una autoridad que acepte expresamente la obligación de investigarlas.
El problema tampoco comenzó con la extinción. Antes de desaparecer, el ICAI ya presentaba incumplimientos en la información entregada a la ASE. Por ejemplo, no reportó dentro de los plazos legales el estado de procedimientos vinculados con las cuentas públicas 2017, 2021 y 2022, y para 2023 no informó sobre la totalidad de las vistas notificadas.
Respecto de la Cuenta Pública 2022, su órgano interno de control había registrado 22 procedimientos. 21 fueron concluidos y archivados sin responsabilidad y uno permanecía como investigación iniciada. Para 2023, en cambio, el informe ya no presenta nuevos expedientes y reproduce la declaración de la responsable de liquidación en el sentido de que no tiene facultades para abrirlos.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.