Ningún estado cumple con los estándares establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al desarrollo de las instituciones policiacas para consolidar un sistema nacional de seguridad pública efectivo y que dé resultados.
29 de junio, 2023
Por: René Gerez López
/Animal político
México ha sido testigo de una transición democrática en las últimas décadas, con alternancias en el poder y consecuentemente cambios en las estrategias para abordar los temas que más lastiman al país. Uno de estos temas críticos ha sido la preservación del orden público, el combate a la delincuencia y la protección de los derechos de los ciudadanos, lo que incluye el desarrollo de las instituciones policiacas para consolidar un sistema nacional de seguridad pública efectivo y que dé resultados.
En el marco legal, México cuenta con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la cual establece las bases para el funcionamiento y la coordinación de las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno. Además, los estados y los municipios complementan la ley al establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de sus policías dentro de la entidad. Sin embargo, a pesar de este entramado legal sólido, nuestro país sufre de carencias importantes en el desarrollo de nuestras policías. La falta de profesionalización y capacitación es un tema recurrente en las corporaciones de seguridad que limita la eficacia en su actuar y lastima la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones.
Sobre este tema Causa en Común presentó recientemente el Índice de Transparencia Policial (INTRAPOL), un trabajo que revela la disparidad que existe actualmente en términos de capacidades operativas y profesionales entre las policías municipales, estatales y la federal. Una situación que ha empeorado ante la política del actual gobierno que ha ampliado el radio de acción de las fuerzas armadas para participar en ámbitos que corresponden a la esfera civil. Esto se ha traducido en más funciones, responsabilidades, recursos y mayor poder político para el ejército, todo en detrimento de las corporaciones policiacas.
El trabajo de la organización busca conocer si las corporaciones estatales de policía en el país cuentan con instrumentos normativos o institucionales para cumplir con los requisitos mínimos que establece la LGSNSP sobre los cuatro ejes del desarrollo policial: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y certificación, así como seguridad social. El estudio se realizó a través de la información publicada en medios oficiales por las instituciones de seguridad y por medio de preguntas realizadas directamente a las autoridades vía la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que también refleja los niveles de transparencia de las corporaciones.
Una de las conclusiones a las que lleva la investigación es que ningún estado cumple con los estándares establecidos en la LGSNSP. La calificación más baja se encuentra en el eje de certificación, lo cual indica que las corporaciones no cumplen con los requisitos mínimos de calidad y eficiencia. Además, revela una falta de transparencia gubernamental al no publicar ni proporcionar, en muchos casos, información oportuna y accesible para que la ciudadanía se encuentre informada sobre las actividades y los instrumentos normativos que rigen el funcionamiento de sus policías.
Investigaciones como la que presenta Causa en Común no deben tomarse como una ofensa o un señalamiento a las instituciones policiacas. Todo lo contrario, estos indicadores nos permiten sentar las bases y el panorama actual con el único objetivo de motivar a las autoridades y a la ciudadanía a buscar impulsar un desarrollo policial que nos brinde instituciones más sólidas y justas. Los movimientos sociales y la sociedad civil han demostrado su capacidad para generar cambios y presionar para lograr acciones importantes. La ciudadanía debe ser consciente de sus derechos y exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. Es fundamental que las instituciones y los líderes políticos escuchen y respondan a estas demandas legítimas con la única intención de lograr la consolidación de un sistema de seguridad que proteja a todos.
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