Derechos humanos, el panorama de un nuevo sexenio

Manolo Jiménez Salinas enfrentará a una serie de desafíos durante su administración. Aunque su plataforma se basa en diez ejes estratégicos, organizaciones civiles denuncian su indiferencia hacia las deudas del estado con los ciudadanos, especialmente en materia de derechos humanos.

Por Katya González

Saltillo, Coahuila, MÁS. – El nuevo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, tendrá que enfrentar diversos retos y desafíos en materia de derechos humanos a los que deberá poner especial atención los próximos seis años. 

Algunos de estos formaron parte de las promesas de campaña del abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, quien anunció que su gobierno estaría apoyado en 10 ejes estratégicos: Coahuila blindado, Gobierno Ciudadano, Coahuila Global, Salud Popular, Gobernador de las Mujeres, Jóvenes “Pa’Delante”, Medio Ambiente y Campo, Educación, Presente y Futuro, Inclusión y Municipios de Calidad.

Sin embargo, Jiménez Salinas ha sido indiferente en materia de derechos humanos, pues según denunciaron organizaciones civiles, desde su campaña se olvidó de las deudas del estado para con los coahuilenses.

Ante ello, en la víspera de la toma de protesta del nuevo gobernador, le recordaron al nuevo mandatario las crisis, problemáticas y pendientes que deja a su salida Miguel Ángel Riquelme Solís.

Violaciones a Migrantes: una cadena de desamparo

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante Saltillo y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, señaló que el estado es participe de una cadena de falta de garantía de los derechos de las personas migrantes.

La crisis migratoria en el estado recrudece entre abusos policiacos, el crimen organizado y la persecución y agresión por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, desde mayo, cuando Estado Unidos dio fin al Título 42 y retomó el Título 8, que supone medidas más severas para los migrantes ilegales que se nieguen a volver de forma voluntaria.

“El gobierno del estado invierte recurso para la detención a través de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no hay apoyo para la atención humanitaria”, aseveró.

Recientemente, Alberto Xicoténcatl señaló que los migrantes que atraviesan por el estado han sido extorsionados y ha sido víctimas de abuso físico y sexual, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

Estos casos se han dado principalmente en los retenes de Piedras Negras y Monclova, donde los elementos les piden dinero a las personas para dejarlos seguir su camino.

Además, en el último mes, al menos cinco mujeres denunciaron a la asociación ser víctimas de una violación sexual por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentran en el retén de Piedras Negras. 

“Las mujeres no han querido denunciar por miedo, pero que no exista denuncia no quiere decir que no existan los testimonios que comparten con sus defensores” señaló.

También en Piedras Negras se han presentado detenciones violentas y con saña en contra de las familias, por lo que aseguró que “no solo hay una cacería por parte del Instituto Nacional de Migración, sino también por parte de elementos de la policía estatal.”

Además, aunque existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobierno del Estado de Coahuila para que garantice que las empresas de transportes no les nieguen el servicio a los Personas migrantes, Xicoténcatl señaló que esto aún sigue sucediendo, lo que ha dado paso al aumento de tráfico ilegal de migrantes.

“Le hemos pedido a la Comisión Nacional que garantice esta recomendación, pero parece que la comisión no tiene la voluntad de ejercer la facultad que tiene para que se cumpla esa recomendación”, explicó.

Explicó que las bandas criminales dedicadas al tráfico ilegal de migrantes no garantizan que las personas lleguen a su destino y mucho menos su integridad y salud, por lo que esta actividad es un delito que pone en riesgo la vida de las personas.

Aunque en Coahuila no se tiene una cifra exacta, aseguró que son miles de personas que cruzan por el estado de Coahuila a través de bandas delictivas, así mismo, mencionó que la cifra de trata ilegal de migrantes incrementó a partir de la pandemia por Covid-19 y el cierre de las fronteras.

Así mismo, señaló que entre las principales nacionalidades que intentan cruzar a través de bandas delictivas, figuran aquellas que tienen enlaces económicos con los Estados Unidos como Venezuela, Cuba o Ecuador, mientras que los hondureños y guatemaltecos tienen más dificultad para pagar un ‘pollero’.

Aunque el tráfico de personas es un delito que debe ser perseguido y sancionado por el gobierno federal, mencionó que el Coahuila podría trabajar en medidas preventivas, como la atención y visita a los centros de migrantes y así como la canalización a las autoridades correspondientes al ser víctimas de algún delito. 

Contrario a ello, el estado ha sido participe de la detención de personas para entregarlos al Instituto Nacional de Migración, principalmente en municipios del norte.

“La autoridad del estado está llevando a cabo acciones de competencia federal y están deteniendo migrantes, entonces las personas que son víctimas de un delito como el tráfico de migrantes, no tienen confianza con el gobierno de Coahuila porque tienen miedo a que los entreguen al INAMI. Creamos así una cadena de fata de garantía a los derechos de las personas migrantes”, puntualizó.

Desapariciones forzadas: un dolor que persiste

Desde hace aproximadamente 15 años, las familias se han convertido en buscadoras: han recorrido campos y desiertos en busca de restos humanos o alguna información que los lleve a sus hijos, hermanos, esposos y padres que desaparecieron para nunca volver. 

A partir de 2006, cuando se registró un alza en las desapariciones en Coahuila, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia; los familiares de las víctimas se unieron para formar más de 80 colectivos a nivel nacional que conforman el Colectivo Por Nuestros Desaparecidos en México distribuidos en más de 24 estados del país.

Según la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, entre 2017 y agosto de 2023 desaparecieron mil 882 personas, de las cuales fueron encontradas con vida mil 103 y sin vida 211, es decir, aún hay 586 personas cuyo paradero se desconoce.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, en lo que va del sexenio de López Obrador, la cifra de desaparecidos ha ascendido 43 mil 519 casos, de los cuales 1 mil 030 corresponden a Coahuila.

La cifra de desaparecidos y cuerpos sin identificación sigue aumentando, por lo que las familias y organizaciones de derechos humanos han permanecido en la lucha por la creación de políticas públicas guiadas a garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México señaló que, durante el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, la cantidad de personas desaparecidas en el estado incrementó en gran manera respecto a diciembre de 2017, antes de que comenzara su mandato.

Hasta diciembre de 2017, en Coahuila había mil 736 personas desaparecidas, cifra que casi se duplicó hoy en día, pues al momento hay 3 mil 096 desaparecidos, es decir, mil 360 personas se sumaron a la cifra inicial. 

Esto fue a dado a conocer por Fundec-m, quien con base en los datos presentados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) sostuvo que el gobierno del estado, el cual presumió ser vanguardista en el tema de Derechos Humanos, le ha fallado a las familias de quienes no han regresado a casa.

José Ángel Herrera, Fiscal General de Personas Desaparecidas del estado, justificó el incremento de la cifra con una presunta duplicidad de los registros del RNPDNO, ya que señaló, es un sistema abierto.

“Como es abierto, incluso el familiar de una víctima puede llevar a cabo la inscripción, así como la Comisión Nacional y Estatal, y la Fiscalía. Eso muchas veces hace que haya a duplicidad de las cifras.” Explicó.

Agregó que la cifra histórica, desde que inicio la subprocuraduría, hoy Fiscalía de personas desaparecidas, es de 2 mil 464 personas y no más de 3 mil, como lo han denunciado los colectivos y el propio registro.

Indicó que los hechos que ocurrieron en la administración fueron alrededor de 308 personas, de las cuales la mayoría no correspondieron al tipo penal de desaparición.

Además, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciara en el mes de junio la elaboración de un censo, casa por casa, para determinar las cifras reales de víctimas de desaparición, la Fiscalía de personas desaparecidas en el estado, aseguro que, en Coahuila, 60 o 70 personas registradas como desaparecidas fueron localizadas como resultado de la búsqueda casa por casa, por lo que fueron eliminadas del RNPDNO.

Estas acciones han generado molestia entre los colectivos de búsqueda, pues las califican como revictimizantes, además de señalar la posible intención del presidente de “rasurar” las cifras a nivel nacional, y del gobierno del estado ante la salida de Riquelme Solís.

En cuanto al Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, cuyo objetivo es la identificación de los desaparecidos y la identificación de restos humanos localizados en campo abierto, está pendiente la identificación de más de mil cuerpos y miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas, así como la recuperación, centralización y análisis de la información.

Los familiares de las víctimas sostienen que es necesaria la implementación de acciones para el fortalecimiento de la Fiscalía General, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila, así como de la Comisión de Búsqueda del Estado y destacaron la gran deuda del estado en la impartición de justicia, la verdad de los hechos ocurridos del 2006 a la fecha, así como la sanción a quienes resulten responsables, incluyendo a servidores públicos de administraciones pasadas que pudieron incurrir en la comisión de delitos.

Muertes del carbón: La Región Carbonífera, una Zona de Sacrificio

Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, asegura que la Región Carbonífera de Coahuila es una zona de sacrificio, pues existe un historial de más de tres mil fallecidos en las minas de carbón, así como de hambre y pobreza extrema.

Un conteo realizado por OFPC arrojó que al menos 153 mineros murieron en la entidad desde 1996 a finales de 2022 y tan solo durante el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, fueron registradas más de 20 muertes de mineros en Coahuila. 

La activista responsabiliza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las muertes, ya que entrega contratos a empresarios mineros que no cuentan con las condiciones óptimas de seguridad e higiene.

Después del siniestro de Pasta de Conchos, la negligencia de las empresas, gobiernos e instituciones siguen cobrando vidas de mineros debido a que no llevan a cabo las verificaciones correspondientes, no proporcionan equipo de protección ni establecen medidas de seguridad. 

El caso mediático más reciente ocurrió el 3 de agosto de 2022. Diez mineros quedaron atrapados tras la inundación de la mina “El Pinabete” en Sabinas, la cual carecía de seguridad. Hoy, a más de un año, sus cuerpos no han sido rescatados.

“Los mineros, si no mueren en grupos, se muere uno o dos o tres y ni siquiera son nota, no importan”, asegura Cristina Auerbach.

El abogado saltillense, Miguel Dávila González, considera que la responsabilidad penal debería alcanzar a los inspectores y funcionarios que permiten la operación ilegal de las minas.

Señaló que los propietarios y concesionarios de los pozos y minas de carbón de la región carbonífera en Coahuila, deben ser juzgados por el delito de acción al operar bajo condiciones que no aseguran la vida e integridad de los trabajadores.

Así mismo, agregó que deben ser presentados ante la ley, por el delito de omisión, los funcionarios encargados de vigilar las verificaciones de los pozos carboneros y tomar las medidas de seguridad necesarias para la extracción del mineral.

OFPC mencionó que las autoridades estatales nunca han actuado de forma íntegra contra los responsables de las muertes, pero al menos esperan que el gabinete de Jiménez Salinas no forme parte de los funcionarios que por decisión o por omisión cargan con la muerte de mineros y/o con el brutal daño que han hecho a poblados como Cloete, Agujita o Esperanzas.

Derechos campesinos: desplazamiento y despojo

Los campesinos del estado han denunciado durante años ser desplazados de sus tierras y ser despojados de su agua. Estos abusos han sido perpetrados principalmente por las mismas autoridades que deberían de ser quienes protejan sus derechos. 

En la región laguna, los ejidatarios han señalado ser víctimas del abuso del poder de actores políticos que realizan un manejo faccioso de la administración del agua, venta de “permisos” ilegales y, por lo tanto, en efectivo y sin documentación probatoria.

Por ello, sostienen que han politizado la administración del recurso con el fin de obtener dinero, anteponiendo los intereses individuales sobre las necesidades de las personas que habitan en las comunidades rurales de la entidad.

Esto ha traído pérdidas de hasta un 40 por ciento de sus cultivos, o más, ya que quienes son proveedores de las ganaderías de grandes grupos empresariales como Lala, dependen también del precio que este les ofrezca por su cosecha. 

Esta situación ha orillado a muchos de los pobladores de las zonas rurales del estado a vender sus tierras por un precio injusto. 

Así mismo, desde 1992, la reforma al artículo 27 constitucional permitió la venta de tierras ejidales y comunales. 

Esa reforma tenía entre sus propósitos la incorporación ordenada de tierras de uso común al desarrollo urbano. Sin embargo, también dio paso a la urbanización ilegal y a la falta de regulación en la compraventa de terrenos. 

Ante ello, campesinos y ejidatarios han sido despojados de sus tierras en las que se han construido fraccionamientos, tiendas de conveniencia e incluso algunas industrias.

Además, las organizaciones civiles aseguraron que es necesario que el gobierno analice la sobre explotación de los mantos acuíferos para uso industrial, inmobiliario y para proyecto extractivistas como Ciudad Derramadero, en la región Sureste, y Vinos y Dinos que “gentrifican el campo, condenan a muerte a los ejidos y ponen en riesgo a toda la región”.

La idea de un crecimiento sin moderación en una zona desértica con la mínima cantidad de agua ha sido calificada como absurda por distintos activistas y expertos, quienes no han sido escuchados por las autoridades.

Así mismo, destacaron la necesidad de prestar atención a los y las campesinas con el fin de construir una economía basada en las actividades que le son propias.