Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 12/03/26 (Más).- La entrega en administración del Teatro de la Ciudad Fernando Soler a un patronato de particulares ha derivado en afectaciones para los grupos de teatristas, que, bajo las nuevas condiciones, no logran solventar los gastos, denunció el director de la Asociación Coahuilense de Teatristas, Gustavo García Torres.
El representante del gremio sostuvo que, lejos de contribuir al desarrollo cultural, la nueva figura de administración implementada el año pasado ha endurecido las restricciones para acceder a un espacio público que históricamente ha sido utilizado por los grupos locales.
En el aniversario del teatro, el 26 de marzo, los teatristas podrían llevar a cabo una nueva protesta por esta causa y por acuerdos incumplidos por la Secretaría de Cultura, establecidos el año pasado tras una primera manifestación.
Explicó que ahora las compañías independientes enfrentan cobros elevados por presentar funciones o, en su caso, la exigencia de entregar el 30 por ciento de la taquilla, condiciones que resultan incosteables para proyectos sin fines lucrativos.
A estos cargos, añadió, se suman otros gastos inevitables para cualquier montaje, como el pago de derechos de autor, escenografía, vestuario, utilería, sonorización, musicalización y la nómina del elenco artístico, por lo que una obra con aspiración cultural o estética difícilmente puede sostenerse en esas circunstancias.
Señaló incluso que a grupos locales se les han llegado a cobrar hasta 50 mil pesos por una sola función, lo que obligaría a vender al menos 500 boletos de 100 pesos únicamente para cubrir la renta del teatro, una cifra de asistentes que el teatro local no suele alcanzar.
García Torres indicó que la administración del inmueble fue entregada desde hace alrededor de ocho meses al Patronato para la Cultura y las Artes en Coahuila, conocido como Parteco; sin embargo, señaló que la información sobre su integración no ha sido transparente y que tampoco rinde cuentas sobre la gestión del recinto.

Según datos obtenidos de manera extraoficial, en dicho grupo participarían Rodolfo “Popo” Arizpe como presidente, Alejandro Arizpe como tesorero, además de vocales como Lauro Cortés y Rafael Avilés.
A juicio del director de la Asociación Coahuilense de Teatristas, el problema de fondo es que un bien público está siendo manejado bajo criterios utilitaristas y mercantiles, cuando la obligación del Estado es garantizar el acceso social a la cultura y las artes.
En ese sentido, cuestionó que el gobierno estatal haya optado por ceder la administración a particulares sin abrir una convocatoria pública o un concurso que permitiera conocer proyectos, reglas de operación y compromisos claros de servicio cultural, además de no consultar a la ciudadanía para tomar la decisión, pese a tratarse de un espacio de alto interés público.
El promotor aseguró que, pese a este escenario, la actividad teatral en Saltillo se ha mantenido viva gracias al esfuerzo de los propios grupos y al apoyo de espacios particulares como el Teatro Garnica y el Centro Cultural La Besana, que han abierto sus puertas a las compañías locales.
Refirió que en la ciudad se realizan entre 40 y 50 producciones al año y cientos de funciones, muchas de ellas difundidas casi en el anonimato a través de redes sociales, volanteo y promoción directa.
Sostuvo además que el apoyo del gobierno estatal al teatro ha venido en declive y que actualmente los estímulos más consistentes provienen de programas federales, mientras que en Coahuila no existen esquemas sólidos, permanentes y definidos para respaldar la creación, producción y difusión escénica.
Recordó que hace un año, en el contexto del aniversario del Teatro de la Ciudad, los grupos realizaron una protesta y posteriormente sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, y la secretaria de Cultura, Esther Quintana, de la cual surgieron compromisos que, afirmó, no fueron cumplidos.
Ante ello, adelantó que los teatristas analizan nuevas acciones de inconformidad en el marco del aniversario del Teatro Fernando Soler, el próximo 26 de marzo, con el fin de exigir que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad como garante del acceso a la infraestructura cultural y del impulso a las artes.
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