Tapachula, Chiapas, 31/07/25 (Más).- Migrantes denunciaron actos de extorsión y corrupción presuntamente cometidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Durante la feria informativa contra la trata de personas, realizada el miércoles en Tapachula, el activista Luis Rey García Villagrán hizo pública una serie de señalamientos en los que acusó directamente a dicha institución, bajo la dirección de Yadira de los Santos, de obstaculizar deliberadamente los trámites migratorios en la frontera sur de México.
El defensor de derechos humanos afirmó que en la administración actual de la Comar operan mecanismos que generan demoras innecesarias y provocan desesperación entre los solicitantes de refugio.
García Villagrán declaró que esta situación ha dado pie a que se les exija dinero a los migrantes para avanzar en sus procedimientos, y aseguró que hay personas que han pagado hasta 500 dólares para que sus trámites sean agilizados.
El activista mencionó además que los cobros irregulares no se limitan a la Comar. Indicó que migrantes también han reportado pagos al Instituto Nacional de Migración (INM), los cuales podrían alcanzar los dos mil dólares, de acuerdo con testimonios que él mismo ha recabado en el terreno.
Durante su participación en el evento, García Villagrán expuso que las irregularidades continúan a pesar de las denuncias reiteradas y señaló que el comisionado de Migración del gobierno federal se ha negado a destituir a Farah Cerdio, actual titular de la Comar en Tapachula, a pesar de los múltiples señalamientos en su contra por parte de migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El también organizador de la próxima caravana migrante, programada para salir el 4 de agosto, sostuvo que la extorsión relacionada con la expedición de documentos migratorios sigue siendo una práctica habitual, tanto en el INM como en la Comar.
Añadió que esta problemática afecta a cientos de personas que permanecen varadas en el sur del país, a la espera de regularizar su situación migratoria.
Durante su discurso, García Villagrán expresó que la continuidad de estas presuntas prácticas ilícitas por parte de funcionarios públicos refleja un patrón sistemático. “Es una vergüenza”, señaló, al tiempo que consideró como un acto de cinismo que los responsables continúen en sus puestos mientras se benefician económicamente de la vulnerabilidad de los migrantes.
También acusó la participación de autoridades locales en lo que describió como una red de corrupción más amplia. Aseguró que estas prácticas ya no se limitan a las instituciones federales, sino que comienzan a ser replicadas por actores locales, lo cual estaría ampliando el impacto del fenómeno.
García Villagrán identificó a un funcionario de apellido Talarico como parte del esquema. Señaló que esta persona ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que, aunque se presenta públicamente como defensor de derechos humanos, presuntamente encubre actos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la protección y regularización migratoria.
El activista también se refirió al contexto actual de la región. Indicó que, pese a la disminución del flujo migratorio en la frontera sur, las prácticas denunciadas continúan. Según sus datos, actualmente hay más de 40 mil migrantes varados en esta zona del país, en condiciones de vulnerabilidad.
Diversos colectivos han exigido al gobierno federal una mayor coordinación entre el INM, la Comar y los gobiernos locales. También han planteado la apertura de corredores humanitarios que permitan reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas en situación de movilidad. Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han seguido con atención el desarrollo de estos acontecimientos. La caravana migrante que se prevé inicie en los próximos días pondrá nuevamente a prueba la capacidad de respuesta del Estado Mexicano ante la crisis humanitaria en la frontera sur. Esto ocurre en un contexto internacional marcado por presiones migratorias provenientes de Estados Unidos, donde nuevas políticas restrictivas han sido impulsadas por el expresidente Donald Trump.
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