Ciudad de México, 06/05/25 (Más).- Servidores públicos de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), denunciaron ante diversas instancias una presunta exigencia de dinero por parte de altos mandos de esa unidad, supuestamente para financiar la campaña de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra, actual titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La denuncia fue enviada de forma anónima vía correo electrónico el 13 de abril de 2025 al fiscal general Alejandro Gertz Manero, a titulares de otras fiscalías de la FGR, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En ella se acusa que funcionarios de la UEILCA, por instrucciones del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, solicitaron a sus subordinados 500 pesos –distribuidos en dos quincenas– para organizar un evento en Tabasco en apoyo a Herrerías Guerra. También se les exigió acudir al evento y llevar a más personas.
Según el documento, la coordinadora Dolores Cerino Javier habría comunicado estas instrucciones personalmente al personal, indicando que la orden provenía del propio Gómez Piedra. El dinero fue entregado a una persona enviada por César Ovidio Suárez Aldecoa, señalado como director de la unidad. La denuncia advierte que quienes no podían entregar el dinero eran anotados para hacerlo después y que se les hizo saber que negarse podría traer consecuencias negativas en su entorno laboral.
También se señala que a agentes del Ministerio Público se les exigió una aportación mayor, de 500 pesos por quincena, y que a quienes laboraban en Tabasco se les pidió movilizar al menos a diez personas cada uno al mitin. Los trabajadores advirtieron que estas exigencias se han repetido en diversas ocasiones, pero que esta vez decidieron denunciar porque además del dinero se les exigía su tiempo personal y el de sus familias.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) respondió inicialmente al escrito. Una agente del Ministerio Público, Rosario Gabriel Guerra, remitió el caso a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) por tratarse de una investigación sobre servidores públicos de la FGR. La carpeta de investigación fue abierta, y el 15 de abril personal de esta fiscalía acudió a las oficinas de la UEILCA para entrevistar a empleados.
La Secretaría Anticorrupción también canalizó el caso al Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR. Sin embargo, hasta el momento, el INE no ha emitido ninguna respuesta. En contraste, ni la FGR ni la candidata Herrerías Guerra atendieron la solicitud de entrevista de Animal Político.
Los denunciantes pidieron al fiscal general que se investigue el hecho, se consulte la supuesta lista de aportantes elaborada por César Ovidio y se suspenda el mitin programado en Tabasco el 3 de mayo. También solicitaron que Gómez Piedra devuelva el dinero recaudado.
Este caso se enmarca en una serie de señalamientos previos en contra de Herrerías Guerra. En 2022, fue señalada por ordenar la cancelación de 21 órdenes de aprehensión emitidas contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos 16 militares. La decisión fue documentada por el periodista John Gibler y confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El texto de Gibler, titulado La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa, señala que Herrerías Guerra y la fiscal Adriana Campos López firmaron los oficios para anular dichas órdenes de aprehensión. Según el documento, la anulación se justificó en hallazgos preliminares de una auditoría interna, aunque estos no detallaban deficiencias claras en las pruebas.
En octubre de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en conferencia que se investigaba al exfiscal del caso, Omar Gómez Trejo, por presuntamente obstruir la investigación. Gómez Trejo había renunciado tras la cancelación de las órdenes de aprehensión que su unidad había promovido.
En otra controversia, en 2018, durante una audiencia ante la CIDH, Herrerías Guerra minimizó los casos de tortura cometidos en contra de detenidos del caso Ayotzinapa. Aseguró que sólo dos dictámenes del Protocolo de Estambul arrojaron resultados positivos, declaración que fue contradicha por un informe de la ONU-DH publicado días después. El informe concluyó que en 34 casos analizados hubo “fuertes elementos de convicción” sobre la comisión de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
El actual señalamiento de presunto abuso de autoridad y financiamiento ilícito de una campaña para integrar la SCJN ocurre en un contexto en el que el proceso de elección judicial ha estado bajo vigilancia por parte de organismos nacionales e internacionales. Las implicaciones políticas y administrativas de este caso siguen en desarrollo.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.