Organizaciones civiles y comunidades indígenas de la Península de Yucatán denunciaron públicamente que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está utilizando tácticas dilatorias para obstaculizar el avance del juicio de amparo interpuesto desde 2019 contra el Tren Maya, uno de los megaproyectos insignia del gobierno federal. Según los colectivos, la audiencia constitucional ha sido pospuesta nuevamente, y ahora está reprogramada para el próximo 18 de agosto a las 11:00 horas.
La denuncia fue presentada por el portal de noticias Animal Político, que documenta cómo el caso, impulsado por las organizaciones Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida), SOS Cenotes y Kanan Derechos Humanos, ha sufrido múltiples retrasos. Las agrupaciones advierten que la estrategia busca ganar tiempo ante el inminente cambio de autoridades en el Poder Judicial, derivado de la reforma en curso, lo que podría alterar el curso del proceso.
El motivo más reciente del aplazamiento fue la falta de confirmación de recepción de pruebas periciales por parte de Fonatur y Fonatur Tren Maya. Estos documentos, fundamentales en el juicio, fueron elaborados por investigadores de la UNAM en conservación biológica y restauración ecológica, y contienen estimaciones sobre los daños ambientales irreversibles que el proyecto provocaría en la región hacia 2025.
Las comunidades afectadas, así como las organizaciones acompañantes, acusan que Fonatur ha omitido intencionalmente confirmar la recepción de las pruebas, lo que impidió la realización de la audiencia constitucional programada para el 10 de julio. Esta omisión, aseguran, no es casualidad, sino parte de una estrategia de “chicanas” jurídicas para frenar el avance del juicio.
El amparo fue promovido por pueblos y comunidades indígenas del sur de México preocupados por la destrucción del entorno natural, la gentrificación y la violación de derechos colectivos. En mayo pasado, Animal Político ya había documentado —con mapas interactivos y evidencia técnica— cómo se verá la degradación territorial provocada por el avance del Tren Maya.
Ante esta situación, los colectivos exigieron al Poder Judicial que actúe con responsabilidad y celeridad, garantizando que la audiencia del 18 de agosto se realice sin nuevos aplazamientos y que se reconozcan las violaciones a derechos humanos y ambientales derivadas del proyecto.
También pidieron que se remita a tiempo la información procesal a todas las autoridades responsables, para evitar más dilaciones y garantizar condiciones de legalidad y transparencia en el desarrollo del juicio.
Las organizaciones reiteraron que no buscan frenar el desarrollo, sino exigir que se respeten los derechos de las comunidades originarias y se proteja el frágil ecosistema de la Península de Yucatán, que ya muestra signos de deterioro ante la expansión de obras sin la debida planeación ambiental.
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