Guadalajara, Jalisco, 16/10/26 (Más).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta detención arbitraria, tortura y represión de ciudadanos que participaron en las protestas del pasado 11 de octubre en Guadalajara, convocadas para exigir soluciones al desabasto y la mala calidad del agua potable.
La denuncia también solicita investigar posibles actos de corrupción relacionados con el manejo de los recursos públicos destinados al suministro del líquido.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la denuncia fue presentada por Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), quien solicitó que la Fiscalía federal atraiga las investigaciones sobre las agresiones cometidas contra los manifestantes y determine las posibles responsabilidades de las autoridades estatales.
La acción legal surge después de que cientos de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara salieron a las calles para denunciar las condiciones del agua que reciben en sus viviendas, así como las deficiencias del servicio que, según los inconformes, persisten desde hace varios años sin una solución definitiva.
Gutiérrez Yánez señaló que el problema del abastecimiento de agua potable se remonta al menos a 2019 y que existen reportes sobre contaminación del líquido distribuido en más de 320 colonias de la zona metropolitana, situación que representa un riesgo para la salud de sus habitantes.
“Estudios ciudadanos y de institucionales han confirmado que el agua distribuida en más de 320 colonias sale teñida de color café o negro, carece de cloro residual y contiene heces fecales, coliformes y metales pesados como plomo, mercurio y aluminio, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios”, declaró el representante de la organización.
El denunciante sostuvo que las autoridades responsables del suministro de agua tienen la obligación de garantizar condiciones sanitarias adecuadas y que las deficiencias atribuidas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado deben ser investigadas para establecer si existen responsabilidades administrativas o penales.
“Distribuir deliberadamente agua sucia o descuidar las instalaciones que la procesan se traduce en un incumplimiento directo de su deber de protección. Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026. Los habitantes del área metropolitana de Guadalajara sufren de forma sistemática un deficiente e insalubre servicio de agua potable provisto por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, indicó.
Además de investigar las condiciones del servicio, la denuncia presentada ante la FGR busca esclarecer las actuaciones de las corporaciones policiales durante la manifestación del 11 de octubre, cuando se registraron enfrentamientos, detenciones y denuncias de agresiones contra participantes de la protesta.
En relación con estos hechos, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que identificó a 17 policías presuntamente involucrados en el uso indebido de la fuerza durante el operativo de contención desplegado en Guadalajara.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, explicó que el área de Asuntos Internos integró un expediente con más de 200 videos captados desde diferentes puntos de la movilización, cuya revisión permitió detectar posibles incumplimientos de los protocolos policiales y respuestas desproporcionadas por parte de algunos elementos.
Los 17 agentes señalados fueron citados a declarar ante Asuntos Internos y permanecen sujetos a investigaciones administrativas que podrían derivar en sanciones, desde amonestaciones hasta su separación del cargo, dependiendo de la gravedad de las conductas que se acrediten.
Hernández advirtió que las investigaciones no se limitarán a los policías que participaron directamente en los hechos, sino que también podrían incluir a los mandos responsables de coordinar el despliegue de seguridad.
“Ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta”, aseguró el funcionario estatal.
El secretario reconoció que durante el operativo se cometieron errores en la aplicación de los protocolos y que algunos elementos reaccionaron de manera impulsiva ante situaciones de tensión, pese a que las instrucciones estaban orientadas a contener los incidentes y respetar el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger”, admitió Hernández al referirse a las consecuencias de las actuaciones policiales durante la protesta.
Como parte de las diligencias, la Secretaría de Seguridad solicitó a la ciudadanía aportar grabaciones que permitan identificar otras posibles irregularidades y ampliar las investigaciones sobre el comportamiento de los agentes participantes.
La dependencia también anunció que colaborará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y entregará la información requerida para esclarecer las denuncias relacionadas con el uso de la fuerza pública.
Por su parte, la denuncia presentada contra el gobernador Pablo Lemus busca que las autoridades federales investiguen tanto la presunta represión de los manifestantes como las posibles irregularidades en la administración de los recursos destinados al abastecimiento de agua potable.
El caso permanece abierto en dos ámbitos: las investigaciones internas sobre la actuación de los policías estatales y la solicitud de intervención de la Fiscalía General de la República, que deberá determinar el curso legal de la denuncia contra el mandatario y las demás autoridades que pudieran estar involucradas.
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